Caso Coral: Cómo desviaban millones: cheques, efectivo y nóminas infladas en Cestur

Las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, explicaron durante la lectura de la sentencia de los casos Coral y Coral 5G el mecanismo mediante el cual fueron desviados millones de pesos de fondos públicos a través de estructuras que operaron durante años dentro del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Según estableció el tribunal, una vez superados los esquemas de distribución de fondos mediante nóminas irregulares y compras simuladas, la organización desarrolló un patrón de manejo de recursos públicos sustentado en solicitudes de pagos para raciones alimenticias e inteligencia, con escasa o inexistente documentación de soporte.

Las magistradas indicaron que los fondos eran canalizados a través de cheques que posteriormente se convertían en efectivo y eran distribuidos entre los integrantes de la estructura.

El tribunal concluyó que entre enero de 2010 y agosto de 2020 el Cestur desembolsó RD$ 414,951,600 bajo el concepto de raciones, sin que existieran facturas, procesos de compras o contrataciones que permitieran verificar el destino de esos recursos.

Dentro de la operación, Carlos Augusto Lantigua Cruz, quien fungió como ayudante del director y encargado de la sección de raciones, recibió en su cuenta del Banco de Reservas RD$ 301,502,735 entre 2014 y 2020.

Las juezas señalaron que los expedientes examinados contenían nombres y números de cédulas de supuestos beneficiarios, pero carecían de constancias de recepción o evidencias que demostraran que los fondos fueron utilizados para los fines declarados.

La sentencia establece que los registros utilizados para justificar los pagos no reflejaban la cantidad real de personas que recibían raciones. Testigos indicaron que las listas podían ser infladas significativamente para aumentar los montos desembolsados.

Según las pruebas presentadas, las magistradas pusieron de ejemplo que si una unidad tenía 50 personas, podían incluirse hasta 500 en los registros utilizados para solicitar fondos.

Las magistradas también describieron el proceso mediante el cual el dinero era retirado en efectivo. Una vez depositados los recursos en la cuenta de Lantigua Cruz, este era avisado para acudir a una sucursal del Banco de Reservas en la avenida Venezuela, donde presuntamente se facilitaban las operaciones.

Testimonios y evidencias extraídas de teléfonos celulares ocupados durante la investigación corroboraron la existencia de coordinaciones previas para agilizar los retiros.

El tribunal señaló que la participación de funcionarios bancarios no constituyó una gestión ordinaria, sino parte de un patrón de colaboración destinado a facilitar la conversión en efectivo de fondos públicos previamente sustraídos, permitiendo que los recursos salieran del sistema financiero formal.

Las pruebas también permitieron establecer que solo una pequeña porción del dinero era utilizada para cubrir las raciones que efectivamente se suministraban. Afirmaron que de desembolsos mensuales superiores a RD$ 3 millones y RD$ 4 millones, apenas entre RD$ 500,000 y RD$ 700,000 eran destinados al propósito declarado.

Como evidencia, las juezas citaron documentos y cuadros financieros ocupados durante los allanamientos. Uno de ellos, correspondiente a septiembre de 2017, refleja un desembolso de RD$ 3,822,600 por concepto de raciones, de los cuales únicamente RD$ 508,040 fueron destinados al gasto real del departamento encargado de esa función.

Para el tribunal, estos registros internos confirman que la mayor parte de los fondos no era utilizada para los fines institucionales que justificaban los desembolsos, sino que era desviada y distribuida dentro de la estructura criminal identificada en los expedientes Coral y Coral 5G.

El tribunal indicó que parte del esquema también involucró la obtención de recursos adicionales destinados a labores de inteligencia vinculadas a la seguridad presidencial, para lo cual, según la investigación, se habrían empleado mecanismos fraudulentos que engañaron a instituciones encargadas de autorizar esos desembolsos.

Las magistradas afirmaron que en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) la estructura logró neutralizar los controles internos y externos, creando un ambiente donde las irregularidades podían ejecutarse sin supervisión efectiva.

Como parte de estas operaciones se falsificaron firmas, se manipularon documentos oficiales y se utilizaron personas para figurar en procesos administrativos y financieros sin pleno conocimiento de las consecuencias de dichas actuaciones.

Entre las evidencias presentadas figura el testimonio de un colaborador identificado como Coronado, quien declaró que por sus cuentas bancarias circularon alrededor de RD$ 22 millones y denunció que su firma fue utilizada de manera fraudulenta en operaciones realizadas desde una sucursal del Banco de Reservas de la avenida Venezuela.

La sentencia establece que el equipo financiero de Cestur, integrado por Rafael Núñez de Aza, tenía a su cargo la gestión y distribución de fondos correspondientes a raciones alimenticias e inteligencia. Según el tribunal, las pruebas documentales, testimoniales y periciales permitieron reconstruir el flujo del dinero y determinar cómo los recursos eran retirados en efectivo tras ser depositados en cuentas personales utilizadas para esos fines.

Las juezas explicaron que las investigaciones evidenciaron comunicaciones constantes entre los responsables de gestionar los fondos, coordinar los retiros y distribuir el efectivo, lo que permitió establecer la existencia de un esquema organizado y sostenido en el tiempo.