La procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó que el caso denominado como Coral avanza hacia su fase decisiva, destacando que el Ministerio Público ha presentado pruebas “firmes y contundentes” que, según indicó, sustentan las acusaciones.
Ortiz sostuvo que, desde la etapa inicial del caso, la fortaleza probatoria ya era evidente y que durante el juicio se han demostrado todos los elementos necesarios.
Caso Coral hoy: Defensa no ha presentado evidencias
La fiscal aseguró que las defensas no han logrado presentar evidencias que refuten lo expuesto por el órgano acusador, limitándose según dijo a cuestionamientos basados en argumentos.
En ese sentido, criticó lo que calificó como un “tours mediático” por parte de la defensa, mencionando al imputado Adán Cáceres Silvestre, a quien señaló como vocero en medios de comunicación. Indicó que estas acciones buscan influir en la opinión pública con planteamientos que, a su juicio, no han podido sostener dentro del tribunal.
La fiscal enfatizó que los procesos judiciales se deciden en las salas de audiencia y no en los medios de comunicación, y cuestionó que la defensa recurra a la prensa si según expresó considera que no existen pruebas en su contra.
Finalmente, Ortiz afirmó que el Ministerio Público espera sentencias “duras, firmes y ejemplares”, reiterando la confianza en que el tribunal acogerá las acusaciones presentadas en este proceso.
¿Qué es el caso Coral?
El caso Coral es un proceso de corrupción administrativa que salió a la luz pública en abril de 2021, cuando el Ministerio Público de la República Dominicana ejecutó varios allanamientos y arrestos como parte de una investigación contra una presunta red que operaba dentro de instituciones militares y policiales.
Según las autoridades, la supuesta estructura estaba encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y habría desviado grandes cantidades de fondos públicos mediante nóminas irregulares, uso indebido de recursos y otras prácticas ilícitas dentro de organismos de seguridad del Estado.
El Ministerio Público acusó a los implicados de crear un entramado para beneficiar a miembros de la red, incluyendo el pago de salarios a personas que no trabajaban y el manejo irregular de recursos asignados a instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
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