El Ministerio Público explicó que la solicitud de cinco años de prisión contra el imputado Raúl Girón, en el marco del caso Coral, responde a su colaboración activa y sostenida con la justicia, la cual fue determinante para el fortalecimiento de la acusación y la localización de bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita.
Así lo expuso la magistrada Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al presentar formalmente las conclusiones del órgano acusador ante el tribunal.
Ortiz precisó que el Ministerio Público demostró cada una de las imputaciones formuladas, apoyándose en testimonios, documentos, peritajes y demás elementos probatorios incorporados durante extensas jornadas de litigación.
¿Participación y colaboración recompensada?
La representante del Ministerio Público sostuvo que las condenas solicitadas, que van desde cinco hasta 20 años de prisión, se encuentran dentro de los márgenes legales y responden al grado de participación individual de cada imputado en la estructura de corrupción desmantelada.
En el caso específico de Girón, Ortiz recordó que no es un hecho desconocido que el imputado colaboró desde el primer día de la investigación, circunstancia que fue reconocida públicamente por el Ministerio Público durante sus conclusiones.
El imputado no solo ofreció su declaración, sino que aportó elementos probatorios relevantes que permitieron ubicar pruebas y bienes que hoy están siendo solicitados en decomiso, explicó.
Tratamiento diferenciado por cooperación con la justicia
La magistrada subrayó que la solicitud de una pena reducida responde al principio de justicia diferenciada, aplicable cuando un imputado se arrepiente, coopera de manera efectiva y asume las consecuencias de sus actos.
“Este es el cumplimiento de la promesa del Ministerio Público: todo el que colabora con la justicia debe recibir un tratamiento distinto”, afirmó Ortiz, al justificar el pedimento de cinco años de prisión contra Girón, frente a penas de hasta 20 años solicitadas para otros encartados.
Finalmente, el órgano acusador expresó su confianza en que el tribunal acogerá las penas solicitadas, al considerar que son justas, proporcionales y ajustadas a derecho, en consonancia con las pruebas presentadas y el rol desempeñado por cada imputado dentro del entramado de corrupción administrativa.
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