El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó condenas que alcanzan hasta 20 años de prisión, así como multas de hasta 400 salarios mínimos, clausura de empresas, suspensión de operaciones y el decomiso de bienes, contra los imputados del Caso Coral.
Este caso está considerado como uno de los procesos de corrupción administrativa más complejos del país e involucra a ex altos mandos.
Durante la presentación de sus conclusiones, la magistrada Mirna Ortiz sostuvo que el cúmulo probatorio demuestra la existencia de una estructura criminal organizada que operó durante años mediante el desvío de fondos públicos, uso de testaferros y simulación de operaciones comerciales.
Penas solicitadas contra los imputados
El Ministerio Público pidió las siguientes condenas:
Adán Cáceres: 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos.
Torres Robiou: 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos.
Rafael Núñez de Aza: 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos.
Raúl Alejandro Girón: 5 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Boanerges Reyes Batista: 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos.
Franklin Mata Flores: 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos.
Rossy Guzmán Alcántara: 10 años de prisión y multa solicitada.
Ventura Pichardo: 5 años de prisión y multa de RD$500,000.
Tanner Flete Guzmán: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Pérez Núñez: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Kelman Santana: 15 años de prisión y multa de 300 salarios mínimos.
Rosario Pirón: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Rodríguez Jiménez: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Esmeralda Ortega Polanco: 10 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos.
Lucía de los Santos: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Manuel de Jesús Peralta: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Castillo Nolasco: 15 años de prisión y multa de 300 salarios mínimos, pese a alegatos de la defensa sobre pruebas favorables.
Guillermo de Jesús Torres: 10 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
Sanciones a entidades y decomiso de bienes
El Ministerio Público también solicitó sanciones contra personas jurídicas vinculadas a la red:
Iglesia Vida Eterna: suspensión de operaciones y multa de 200 salarios mínimos.
CSNA: clausura definitiva, disolución y multa de 200 salarios mínimos.
IRL: clausura de operaciones y multa.
Aldon Glass: clausura de operaciones.
Rauel Importadores: multa de RD$10 millones, ya acreditada ante el Ministerio Público.
Además, la Pepca solicitó el decomiso de todos los bienes incautados, detallados en los inventarios incorporados al expediente, por considerarlos producto directo de las actividades ilícitas.
La magistrada Mirna Ortiz afirmó que el Caso Coral marca un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa, al evidenciar cómo estructuras paralelas se apropiaron de recursos del Estado mediante contratos simulados y empresas de carpeta.
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