La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud de variación de la medida de coerción presentada por Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy y los demás imputados del caso de robo en SENASA.
La decisión judicial se basó en consideraciones sobre que "persisten los presupuestos legales" que justifican la prisión preventiva, entre ellos el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos imputados y la posible obstrucción de la investigación, según se argumentó.
Corte de Apelación mantuvo los 18 meses de prisión preventiva en este caso de presunto fraude al sistema de seguridad social, posicionado como uno de los más graves y "despiadados" en la historia reciente de la República Dominicana, no solo por el monto que se dice malversado: más de 15 mil millones de pesos.
Mediante la resolución núm. 502-2026-SRES-00042, el tribunal desestimó los recursos de apelación y confirmó la medida de coerción de año y medio de prisión preventiva impuesta previamente por el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Riesgos procesales siguen vigentes
La Corte determinó que, pese a los argumentos de la defensa, no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva, al tratarse de un proceso complejo, con múltiples imputados, elevada expectativa de pena y hechos que afectan directamente fondos públicos destinados a los más pobres de la seguridad social dominicana.
El tribunal valoró que la magnitud del presunto fraude, la cantidad de personas involucradas y el nivel de influencia de los imputados podrían comprometer la comparecencia al proceso y el normal desarrollo de la investigación, razones suficientes para descartar una medida menos gravosa.
Rechazo a planteamientos de inconstitucionalidad
Durante el conocimiento del recurso, la Corte también rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Hazim respecto al artículo 377 del Código Procesal Penal, al entender que su aplicación no vulnera derechos fundamentales y se ajusta a los principios del debido proceso.
Asimismo, el tribunal desestimó los incidentes presentados por las partes querellantes, ratificando que la prisión preventiva continúa siendo proporcional, necesaria y razonable frente a los riesgos identificados.
Se mantiene la prisión preventiva
Con esta decisión, Santiago Hazim y los demás imputados permanecerán recluidos por un período de 18 meses, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación por presunta corrupción administrativa, fraude y desvío de recursos del sistema de seguridad social.
La resolución fue adoptada por los magistrados Ysis B. Muñiz Almonte, Luis O. Jiménez Rosa y Teófilo Andújar Sánchez, quienes ordenaron la notificación a las partes y al tribunal de instrucción que controla el proceso.
Compartir esta nota