Ángel Lockward: más de 40 años librándose de acusaciones de corrupción, pero el Calamar no lo suelta

Hay personajes que parecen hechos de teflón. Ángel Gilberto Lockward Mella, abogado, político, escritor, economista y eterno sobreviviente del sistema judicial dominicano, es uno de ellos. Desde 1984, cuando fue detenido por la presunta venta de títulos universitarios de la extinta Universidad CETEC, hasta este jueves 27 de marzo de 2026, cuando un tribunal rechazó de manera contundente su solicitud de archivo en el caso Calamar, Lockward ha transitado más de cuatro décadas entre escándalos, allanamientos, acusaciones, devoluciones millonarias y, sobre todo, una asombrosa capacidad para reinventarse.

Pero esta vez, el guion podría ser diferente.

La Operación Calamar: el tentáculo que lo atrapó

El capítulo más grave en la larga historia judicial de Lockward lleva un nombre que le hace justicia: Operación Calamar. Lo que comenzó como una investigación contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz por un fraude monumental al erario durante el gobierno de Danilo Medina, terminó arrastrando a 209 personas físicas y jurídicas, entre ellas al propio Lockward y a su hijo, Ángel George Lockward, a través de su firma Ángel Lockward & Asociados, S.R.L.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el entramado corrupto liderado por Guerrero Ortiz logró extraer del Estado dominicano más de RD$33,000 millones mediante pagos fraudulentos disfrazados como deuda administrativa y expropiaciones de terrenos. Lockward, según el Ministerio Público, no fue un actor menor: fue señalado como el "líder jurídico" de la operación, el hombre con el conocimiento del proceso administrativo y de expropiación que hacía posible el engranaje del fraude.

La Pepca documentó que Lockward y sus asociados recurrieron de manera sistemática a la falsificación de escrituras públicas, el uso de actos auténticos falseados y la fabricación de determinaciones de herederos para tramitar casos de expropiaciones que, según el expediente, fueron "jurídicamente gestados" a través de él y su firma de abogados. Las cesiones de créditos otorgadas por Lockward también se utilizaron, según la acusación, para distraer fondos públicos en un esquema de soborno.

El propio Lockward recibió, a título personal y a través de su firma, más de RD$91 millones en pagos directos. Pero el monto total vinculado a su participación fue mucho mayor, es lo que se estipula en el expediente que no ha sido cerrado.

Los RD$220 millones que devolvió: ¿arrepentimiento o estrategia?

En un giro que sorprendió a propios y extraños, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, Lockward devolvió RD$220 millones a la Procuraduría General de la República, según consta en la acusación formal del Ministerio Público. La devolución fue calificada como "voluntaria".

¿Gesto de buena fe o cálculo jurídico? Lockward admitió parte de las imputaciones y comenzó a colaborar con la PGR, lo que le permitió que el Ministerio Público variara su pedimento de medida de coerción. Pasó de la cárcel al arresto domiciliario.

Pero ni siquiera eso le duró mucho. En marzo de 2025, hace un año, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, revocó el arresto domiciliario sin oposición del Ministerio Público. Lockward celebró en redes sociales: "Lo primero que haré es visitar a mi madre y a mi hermano menor, quien está muy enfermo, luego iré con mi mujer y mis hijos a comer espaguetis por ahí". 

27 de marzo de 2026: el tribunal dice que no

Apenas dos días antes de esta publicación, el jueves 27 de marzo de 2026, Lockward recibió un golpe que no esperaba. El tribunal declaró inadmisible su solicitud de archivo del caso, rechazando de plano su pretensión de cerrar el expediente en su contra. Ese mismo día, la jueza Altagracia Ramírez dejó en estado de fallo el caso Calamar completo: la decisión sobre si todos los implicados —incluido Lockward— van a juicio de fondo se conocerá el 29 de mayo de 2026.

Los fiscales de la Pepca solicitaron al tribunal dictar auto de apertura a juicio contra todos los encartados. Lockward, por su parte, salió esa misma noche a declarar su inocencia en los medios, alegando "irregularidades" en el proceso.

Es el mismo libreto de siempre. Solo que esta vez, el escenario es otro.

El caso Hacienda: cuando dijo "no conozco a Donald Guerrero"

Antes de que la investigación se rebautizara como Operación Calamar, el escándalo estalló en agosto de 2022 bajo el nombre de caso Hacienda. Cuando la Pepca reveló que su firma figuraba entre las 209 personas y entidades señaladas por el desfalco de más de RD$17,000 millones, Lockward desplegó su arsenal habitual.

Primero, dijo que los documentos del expediente eran falsos. Luego, que el oficio de la Contraloría General de la República era inconstitucional. Después, que lo estaban "extorsionando". Y, en una declaración que quedará para la antología del cinismo criollo, y que fue reportado por el Listín Diario: "Yo no lo conozco (a Donald Guerrero), no sé si es bueno o malo, no sé si hizo o no hizo".

No conocía al exministro de Hacienda, siendo el responsable de una firma de abogados había cobrado decenas de millones en pagos tramitados precisamente por ese ministerio, con la firma del ministro Donald Guerrero, que él decía no conocer.

El Jet Set: de acusado a defensor de víctimas

En un ejercicio de contorsionismo moral que solo Lockward podría ejecutar, mientras enfrenta el mayor caso de corrupción de su vida, se posicionó simultáneamente como abogado defensor de las familias víctimas del colapso de la discoteca Jet Set, la tragedia que el 8 de abril de 2025 dejó 236 muertos en Santo Domingo.

Lockward responsabilizó al propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y al Estado dominicano por la tragedia. Denunció que el Ministerio de la Vivienda le negó acceso a los planos del edificio colapsado alegando "información sensible" y "derechos de autor". Ha acusado al gobierno de querer "echarle tierra" al caso.

La paradoja es brutal: un hombre que devolvió RD$220 millones al Estado por un fraude que él mismo admitió parcialmente, se erige como paladín de la justicia para las víctimas de una tragedia. Un imputado por corrupción que denuncia la impunidad ajena.

La película fallida: La Tragedia Llenas

Lockward no solo ha incursionado en la política y el derecho. También en la literatura y, por extensión, en el cine. En 2006 se estrenó "La Tragedia Llenas: Un Código 666″, una película basada en su novela homónima sobre el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar en 1996, uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad dominicana.

La película, dirigida por Elías Acosta, fue una de las primeras producciones dominicanas fuera del género de la comedia que intentó competir con estándares internacionales, según reseñas de la época. Pero el resultado no estuvo a la altura de las ambiciones: la cinta pasó sin pena ni gloria por las salas de cine y quedó como una curiosidad menor en la filmografía nacional. Un intento de capitalizar una tragedia ajena que, visto en retrospectiva, resulta coherente con el patrón de un hombre que siempre ha sabido estar donde hay dolor —y donde hay dinero.

El historial completo: cuatro décadas de escándalos

Para entender a Lockward hay que recorrer la línea de tiempo completa de sus encuentros con la justicia, la cual ha sido seguida por Acento.com.do:

• 1984: Detenido por la presunta venta de títulos universitarios de la Universidad CETEC. Salió libre rápidamente.
• 1986-1996: Ocupó cargos en el gobierno de Joaquín Balaguer, incluyendo Ordenador de los Fondos Lomé.
• 2000-2002: Ministro de Industria y Comercio con Hipólito Mejía. Renunció y fue denunciado por un fraude millonario en el subsidio al GLP.
• 2007: El Ministerio Público se querelló contra él y otras 37 personas por un fraude de más de RD$200 millones en el subsidio al GLP. Estuvo detenido horas y salió libre por hábeas corpus.
• 2007: El ministro Franklin Almeyda Rancier le negó el permiso de armas por su "historial delictivo". Lockward lo demandó por RD$50 millones. La causa no prosperó.
• 2008: El procurador Radhamés Jiménez retiró la querella del GLP. Lockward no solo quedó libre: se convirtió en abogado defensor de sus coimputados.
• 2008-2010: Embajador en Colombia, donde presuntamente vendió exoneraciones para vehículos. Sus oficinas fueron allanadas por la DPCA en 2011.
• 2009: Condenado por la Suprema Corte de Justicia a pagar RD$2 millones por difamar al juez José Alejandro Vargas. Su única condena firme.
• 2022: Señalado en el caso Hacienda/Donald Guerrero junto a su hijo y su firma de abogados.
• 2023: Allanado y detenido en la Operación Calamar. Señalado como "líder jurídico" del entramado. Admitió parte de las imputaciones y comenzó a colaborar con la PGR.
• 2024: Devolvió RD$220 millones a la Procuraduría. Se acogió a arresto domiciliario.
• Marzo 2025: Le levantaron el arresto domiciliario. Se fue a comer espaguetis.
• Abril 2025 en adelante: Se posicionó como abogado de las víctimas del Jet Set, denunciando al Estado por impunidad.
• 27 de marzo de 2026: El tribunal rechazó archivar su caso. El Calamar va camino a juicio de fondo. Decisión el 29 de mayo.

El hombre de todos los partidos

Hay un hilo conductor que atraviesa la carrera de Lockward más allá de los escándalos: su capacidad camaleónica para servir a todos los colores políticos. Fue dirigente del PRSC con Balaguer. Se acercó al PRD y fue ministro con Hipólito Mejía. Dio la espalda a ambos partidos para aliarse con el PLD y Leonel Fernández, quien lo premió con una embajada. Y cuando el PLD de Danilo Medina cayó bajo investigación, los tentáculos del Calamar lo alcanzaron desde adentro.

Lockward ha sido reformista, perredeísta, peledeísta y, sobre todo, lockwardista. Un operador que entendió antes que muchos que en la política dominicana la lealtad es un bien fungible y que los partidos son vehículos, no destinos.

Pero, el 29 de mayo de 2026, la jueza Altagracia Ramírez decidirá si Lockward y los demás implicados van a juicio de fondo. Si eso ocurre, será la primera vez en más de cuatro décadas que el hombre de teflón enfrente un juicio real por corrupción.