El Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este lunes, por quinta ocasión, el inicio del juicio preliminar contra los imputados en la operación Calamar.
La jueza Altagracia Ramírez decidió posponer la apertura de esta fase judicial debido a que aún quedan notificaciones pendientes para varios querellantes, lo que impide el avance del proceso, quedando programada la próxima vista para el 9 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
En esta etapa, la magistrada Ramírez decidirá si existen elementos de pruebas suficientes para enviar a los acusados a un juicio de fondo.
El primer aplazamiento en el proceso judicial ocurrió el pasado 17 de junio, cuando la jueza Ramírez postergó la audiencia debido a que la imputada Analinda Fernández de Paola presentó una licencia médica de un mes, entregada el 10 de junio.
Posteriormente, el 26 de agosto, el abogado Pablo Castillo, quien actúa como querellante, presentó una recusación contra la jueza, lo que motivó una nueva suspensión de la vista.
El 12 de septiembre también se aplazó la audiencia, en espera de una respuesta de la Cámara de la Corte de Apelación sobre la recusación presentada contra la magistrada Ramírez.
Nuevamente, el 30 de septiembre, la jueza Altagracia Ramírez aplazó, por cuarta ocasión, la audiencia preliminar del caso Calamar, luego de que una de las imputadas presentara una licencia médica.
En ese momento, la magistrada acogió la solicitud realizada por el abogado defensor de Kimberly Zayas Martínez, Víctor Martínez, quien explicó que su clienta había sufrido un accidente en su casa la semana anterior, en el que se lesionó en su pie izquierdo, lo que según el letrado, justificaba la suspensión, aunque no especificó el tipo o severidad de la lesión sufrida por su representada.
Los acusados
La operación Calamar, la cual involucra a varios acusados, está relacionado con cobros ilegales presuntamente efectuados por funcionarios de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, entre los años 2016 y 2020, según la acusación del Ministerio Público.
Figuran como imputados Ángel Gilberto Lockward Mella, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola.
También Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Figuran además las razones sociales Miqui Trade, S.R.L., Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Angel Lockward & Asociados, S.R.L. , Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.