El Ministerio Público aseguró que ha demostrado con pruebas las maniobras fraudulentas que, según la acusación, utilizaron los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto a otros implicados, para sustraer fondos del Estado.
Durante la continuación de la audiencia preliminar, la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que el órgano acusador ha desmontado los argumentos de las defensas.
“En la tarde de hoy hemos demostrado, con pruebas del Ministerio Público, cómo desde el Ministerio de Hacienda el grupo de funcionarios dirigidos por Donald (Guerrero) pagó a personas que habían fallecido, pagaron a personas que no tenían calidad”, indicó Ortiz al salir del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Agregó que los procesados pagaron fondos del Estado a una estructura que, en parte, estaba dirigida por el abogado Ángel Lockward, con un sobreprecio superior al 65 % de lo que supuestamente se les adeudaba a acreedores.
“¿Quién que se crea merecedor de un derecho dona a quienes no han hecho nada más del 65 % de lo que se cree suyo? Es evidente que lo único que esta estructura procuraba era obtener dinero fácil”, afirmó.
Respecto a declaraciones de la defensa de Gonzalo Castillo, Ortiz manifestó que el Ministerio Público replicará en su momento. “Desmontaremos todos y cada uno de las falsedades que han querido montar las defensas en sus argumentos”, expresó.
Según la acusación, los imputados integraban una estructura que desvió más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La jueza Altagracia Ramírez aplazó la audiencia para el 25 de febrero de 2026.
En el expediente, el Ministerio Público presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas, procesadas por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros cargos.
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