Desde la conformación de la nueva Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la entidad ha puesto en marcha diversas investigaciones por presuntos actos irregulares en perjuicio del estado o de terceros, mismos que habrían sido cometidos por funcionarios pasados y de la actual administración.
Estas investigaciones, que en la mayoría de los casos involucran a exfuncionarios, allegados e incluso familiares del expresidente Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020), han levantado serios cuestionamientos sobre la actuación de las personas dentro de los expedientes presentados por la entidad investigadora.
Pagos de sobornos, fraude, enriquecimiento ilícito, chantajes, falsedad de documentos, lavado de activos, entre otros, son algunos de los señalamientos que la PEPCA ha hecho en su acusación contra los implicados en los casos de corrupción.
Basándose en datos suministrados por la Procuaduría, tan solo en los denominados casos Antipulpo, Medusa, Operación 13, Coral y Coral 5G, la cifra alcanza los RD$ 15 mil 796 millones.
Operación Antipulpo
En el expediente de la Operación Antipulpo, describe que supuestamente entre los años 2012 y 2020 Alexis Medina, sustrajo RD$ 4 mil 796 millones de los fondos públicos al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.
En este caso se encuentran involucrados Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina.
También, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa misma entidad.
Asimismo, son señalados Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
De igual modo, se presentó cargos, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Recientemente fue fijada para el 10 de octubre la audiencia preliminar, donde el juez decidirá si existen o no elementos suficientes para que este caso se vea en juicio de fondo.
Caso Medusa
Mientras que en el caso Medusa, se encuentran involucradas un total de 41 personas y 22 empresas, a las que supuestamente se les acusa de formar parte de una red de corrupción, donde manejó más de RD$ 6 mil millones en sobornos, en el período del 2016 al 2020.
Por este caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
En el caso Medusa está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
Se tiene previsto dar inicio a la audiencia preliminar el 19 de diciembre de este mismo año.
Coral y Coral 5G
Por otra parte, los casos Coral y Coral 5G la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$ 4 mil 500 millones.
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En la operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega Polanco.
Para el 2 de septiembre el conocimiento de la solicitud de fusión de los expedientes Coral y Coral 5G. El día 9 se le dará inicio a la audiencia preliminar de esos casos.
Operación 13
Los implicados en la Operación 13 están acusados de cometer fraude en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo del año pasado, cuyo monto supuestamente defraudado asciende a más de RD$ 500 millones.
En el caso figuran señalados Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional; William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa. A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).
Donald Guerrero bajo investigación
Aunque por lo pronto no hay una acusación formal en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, la PEPCA confirmó que existe una investigación que involucra al exfuncionario y a unas 209 personas físicas y jurídicas (empresas), entre las que destacan el exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo y el abogado Ángel Lockward.
Las supuestas operaciones fraudulentas por la que se investiga al grupo están relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, con el fin de sustraer del erario público la suma de RD$ 19 mil 653 millones 871 mil 513 pesos con 80 centavos por concepto de acuerdos transaccionales.
De dicho monto, se ha identificado, que se logró sustraer RD$ 17 mil 300 millones 642 mil 051 pesos por operaciones relacionas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.
Con esta cifra de RD$ 17 mil millones, el monto total se aproximaría a los RD$ 33 mil 096 millones.