Los hechos que ha presentado el Ministerio Público dentro de la operación Medusa apuntan a condenas de 20 años de prisión para los procesados, debido a la cantidad de pruebas aportadas.
“Nosotros, en todos los casos, hemos estado dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas puedan revisar las pruebas. Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora. Lo que no pueden negar las defensas es que los hechos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación, es una acusación para 20 años”, afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al mismo tiempo, Camacho se mostró de acuerdo con la decisión del juez Amauris Martínez, del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, quien amplió a 60 días hábiles el plazo de la defensa de los imputados para analizar los documentos procesales que el Ministerio Público deberá distribuir a todos los implicados de forma digital.
También, la Corte dispuso que a partir del próximo lunes el Ministerio Público tendrá un plazo 20 días laborables para notificar efectivamente a los imputados. Mientras que la próxima audiencia se realizará el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
En tal sentido, Camacho consideró entendible que se otorguen plazos ampliados a las defensas para estudiar las pruebas del Ministerio Público.
“Sobre todo, en este caso, que las propias defensas han tenido que reconocer la cantidad de pruebas, la contundencia de la acusación del Ministerio Público, y que estas pruebas son abrumadoras. En ese sentido, es entendible el plazo que el tribunal ha otorgado a las defensas para estudiar estas pruebas”, añadió.
Resaltó que “no deja de ser curioso que algunas de estas defensas habían acusado al Ministerio Público de no tener pruebas en este proceso y hoy tienen que reconocer la amplia cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público y pedirle al juez plazos ampliados para conocer las mismas”.
“Es evidente que la acusación que hemos traído en este proceso, igual como lo hacemos en todos los procesos, es una acusación blindada”, indicó Camacho.
El titular de la Pepca recordó que el Ministerio Público, en todos sus procesos, está de acuerdo en que las personas privadas de libertad tengan acceso a computadoras para estudiar las pruebas.
“Nosotros hemos mandado a instalar computadoras en los centros para que los acusados puedan revisar las pruebas. Nosotros hemos estado de acuerdo en todas las oportunidades con que tengan el tiempo suficiente para revisar esas pruebas. Si hay que instalar programas no tenemos ningún inconveniente en instalar programas para que puedan revisar las pruebas”, dijo.
Resaltó que el Ministerio Público cumplirá con presteza con la entrega de las evidencias en los términos establecidos en la audiencia de este viernes por el tribunal.
Recordó, sin embargo, que el Ministerio Público ha aplicado un protocolo en todos los casos para entregar siempre las acusaciones al tribunal en forma física, incluso.
“Por eso, hoy el tribunal ha dicho que tiene todas las acusaciones necesarias para notificar a las partes y hemos entregado las pruebas en la forma que establece el Código Procesal Penal Dominicano”, indicó.
Camacho encabezó, junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al equipo de fiscales que litigó en la primera audiencia en esta etapa preliminar del juicio. El equipo lo completaron los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Andrés Mena, Héctor García, Rosa Alba García y Marinel Brea.
La audiencia de ayer viernes inició pasadas las 10:30 de la mañana y concluyó después de las 11:00 de la noche, en la Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (Sala Augusta), localizada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
Los imputados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso el pasado 2 de julio.