El abogado Ángel Lockward, uno de los implicados en el caso de supuesta corrupción en el que se señala al exministro Donald Guerrero, dijo este martes las supuestas razones que le llevan a sostener que no es válida la carta de remisión de la Contraloría General de la República a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El monto defraudado al Estado en este caso es de 19.7 mil millones de pesos, alrededor de 360 millones de dólares. Eso es mayor que el monto de la corrupción por sobornos atribuida a Odebrecht, que fue estimada en 92 millones de dólares, y es mucho mayor que la corrupción atribuida en varios de los casos que están siendo tramitados en los tribunales.
Este caso de presunta corrupción se basó en la compra de deudas viejas estatales a precios irrisorios, el pago de comisiones multimillonarias de manera ilegal, entre otros delitos.
Luego de denunciar públicamente que el informe del caso Donald Guerrero contiene documentos falsos, el abogado aseguró ahora que el oficio de la Contraloría divulgado en las redes sociales es inconstitucional.
Lockward, que junto a su hijo está siendo investigado por la Pepca, responsabilizó a la Contraloría de la República por admitir pruebas que él estima que no cumplen con requisitos legales básicos.
“La culpable principal es la Contraloría; la PEPCA tiene faltas posteriores, pero las origina por un trabajo mal hecho por la Contraloría”, señaló.
Afirmó que en su caso y el de su hijo, se trata de “una mención de mala fe”.
De acuerdo con el acta de Autorización de Información Financiera dictada por la magistrada Kenya Romero Severino, Ángel Lockward & Asociados, S.R.L fue beneficiada con la suma de RD$ 74,181,655.07 producto de maniobras fraudulentas, según se afirma.
Lockward argumentó cuatro razones que, a su juicio, desacreditan e invalidan el oficio del informe de investigación firmado por la Contraloría en la investigación del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero.
El jurista dijo que el papel utilizado en el documento, timbrado por la Unidad Antifraude de la Contraloría, no es el que se utiliza en las resoluciones o informes firmados por el contralor de la República.
Mostrando las diferencias entre dos papeles, Lockward expresó que “esto (el referido oficio) es un papel que no es el del Contralor; olvídense de esto que se lo pusieron ahorita (los acuse de recibido, fechas y firmas) y olvídense de esto que yo no sé si es un sello o le pusieron una pistola (al contralor) para que lo firmara. Fíjense que este no es el informe y este no es el papel de la Contraloría”, reiteró.
Incongruencias cronológicas
La Contraloría General de la República hizo una rectificación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en la que aclara que el contralor general de la República, Catalino Correa, sí remitió a la PEPCA el “Informe de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de deuda pública, por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado” el 23 de septiembre del 2021.
Este hecho, en consideración de Lockward, evidencia la premura de su alegada falsificación, ya que el documento dice que fue remitido el pasado 20 de septiembre.
“Aquí dice que 'por medio de la presente se remite el Informe de fecha 20 de septiembre de 2021′. En la prisa se le olvidó que el informe es del 23 de septiembre, porque esto lo escribió un analfabeta corriendo”, expresó.
Faltas ortográficas
En otro orden, el jurista calificó que la serie de faltas ortográficas detectadas en el texto y la utilización de términos de manera incorrecta le demuestran que la carta no fue elaborada por el despacho de la Contraloría General de la República.
Afirmaciones previas del contralor
Lockward puntualizó que las declaraciones previas interpuestas por el contralor Catalino Correa ante el Tribunal Superior Administrativo no pueden ser borradas e invalidan cualquier documento posterior.
En una explicación por escrito, el abogado indica lo siguiente:
“A lo largo de las últimas semanas se ha establecido como un hecho que el documento denominado Informe de Auditoría de fecha 23 de septiembre del 2022 de la Unidad Antifraude de la Contraloría no fue visto, ni firmado, ni tramitado por dicho funcionario a la Procuradora German Brito".
Así consta en la sentencia número 0030-01-2022-SSMC-00051 de fecha 6 de mayo del 2022, dictada en materia cautelar por la Presidencia del TSA y, en los expedientes números 0030-2022-ETSA-00015, 0030-2022-ETSA-00333, entre otros, que cursan en distintas salas de ese órgano, conforme a documentos oficiales de la Contraloría certificados por la justicia.
Este lunes, sorpresivamente, circuló en algunos medios digitales una “supuesta carta de remisión de fecha 20 de octubre del 2021” que, obviamente, solo podría existir si se antedata o es falso todo lo dicho por el contralor, por escrito previamente, a los jueces”, subrayó.