El 12 julio del 2021, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado por el Ministerio Público de supuestos actos de corrupción con los que habría estafado al Estado con más de seis mil millones de pesos.
Para cumplir la medida, Rodríguez fue enviado a la cárcel Najayo-Hombres, y desde ese momento, el exfuncionario dio inicio una larga batalla para intentar que le varíen la coerción, sin que hasta el momento haya tenido éxito.
La primera vez que regresó a los tribunales para solicitar la variación fue el 8 de septiembre de ese mismo año, pero las juezas de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron la solicitud.
Después, el 29 de octubre, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó nuevamente la prisión preventiva.
En ese momento, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, afirmó: “Como hemos dicho y así lo ha verificado el tribunal, que eran pruebas suficientes para mantener las medidas de coerción que han sido impuestas y así lo ha decidido el tribunal, en base a la gravedad de los hechos que se imputan en esta investigación que tienen delitos como sabotaje, en violación a la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, estafa contra el Estado, sobornos y lavado de activos”.
Y 52 días después, el 20 de diciembre del 2021, Rodríguez regresó ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para intentar ser liberado, pero el tribunal dispuso que permaneciera en prisión.
En el mes de junio pasado, el imputado acudió a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y por cuarta ocasión se negaba la libertad a Jean Alain.
Para el 7 de julio debía realizarse la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa en contra del exprocurador, lo que no fue posible debido a que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ya no se encontraba apoderado del caso.
Hasta el momento no se ha realizado la revisión de la medida, por lo que se prevé que la misma se haga junto con el inicio del juicio preliminar del caso, en diciembre próximo.
| Aunque no fue con la intención de que le fuera modificada la medida de coerción, el 20 de abril de este 2022, Jean Alain Rodríguez acudió al mismo tribunal para pedir que se dejara de utilizar el nombre “Operación Medusa” para referirse a la investigación del Ministerio Público, que lo colocó como principal imputado de la supuesta red de corrupción.
El Tribunal rechazó la solicitud de Jean Alain, al entender que el Ministerio Público no afecta ningún derecho fundamental cuando pone nombres a sus operaciones. |
Juicio preliminar
El pasado 19 de agosto, el juez Amauri Marcos Martínez Abreu, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 19 de diciembre próximo el conocimiento del juicio preliminar del caso Medusa.
La audiencia fue pautada para las 9:00 de la mañana de ese día, luego de que el magistrado acogiera el pedimento de la defensa técnica de los encartados y otorgara un plazo de 60 días hábiles como plazo razonable para que los abogados que representan a los imputados puedan analizar el expediente presentado por el Ministerio Público que cuenta con más de 12 mil páginas, y así ejercer su derecho de defensa.
Asimismo, dispuso que el Ministerio Público instale en los recintos carcelarios programas especiales en las computadoras que les son suministradas a los privados de libertad, para que puedan acceder a las documentaciones.
También ordenó un levantamiento de los discos duros entregados a la defensa técnica para corregir fallas presentadas en algunos de ellos, dicha diligencia procesal a ser efectuada en un plazo de 20 días.
De igual manera dispuso la impresión de elementos de pruebas específicos, luego de haberse realizado una determinación por parte de las defensas técnicas de aquellos que sea necesario su impresión para facilitarlas a los imputados y sus abogados.
El juez también otorgó un plazo de 10 días a la imputada Carolina Pimentel para que constituya abogado, y vencido este dispondrá que sea representada por abogados de la Defensa Pública.
A la vez, el tribunal ordenó que sea convocado vía ministerial los ciudadanos Felipe Armando Fernández, Fausto José Cáceres Salterio y la razón social Parasata Mercantil.
El proceso se desarrolla en el salón de audiencias de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia de las Cortes, en el Centro de los Héroes.