El pasado 7 de abril, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se desarrolló un panel de alto nivel organizado por la Escuela de Economía, el Observatorio de Política Pública y el Colegio Dominicano de Economistas. Más que un evento académico, fue un espacio de reflexión crítica sobre los límites del modelo económico dominicano y la urgencia de redefinir sus fundamentos. El panel fue titulado en un marco claramente definido: "Reformas Estructurales Necesarias para el Desarrollo Sostenible, Inclusivo y con Justicia Social". Participaron los maestros Isidoro Santana, Francisco Tavarez, Maritza Pérez, Apolinar Veloz y Luis Ortega.
La conclusión central fue contundente: la República Dominicana no necesita ajustes marginales, sino cambios estructurales profundos. No se necesitan parches, sino transformaciones integrales.
La República Dominicana se ha caracterizado por un largo período de crecimiento, salvo algunas excepciones. Sin embargo, el país no sale del triángulo de estancamiento estructural, que a su vez es un triángulo de la trampa del desarrollo. Causa fundamental de esta situación es la falta de transformación productiva, crecimiento continuo y creciente de la productividad y desigual distribución del ingreso.
A esto se le unen las debilidades institucionales, la ausencia de una responsabilidad colectiva para asumir los sacrificios que sean necesarios, sin afectar más a los vulnerables, para que los gobiernos dispongan de los ingresos necesarios para financiar el gasto que se necesita para el desarrollo y que, a su vez, este gasto sea de calidad, en el marco del buen gobierno.
Además, nuestra economía se basa en una débil estructura productiva, con predominancia de servicios de bajo valor agregado, bajo nivel de innovación, escasa inversión en investigación y desarrollo para que se profundice el conocimiento productivo y se exprese en un desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social.
Este contexto lo es también para la baja calidad del sistema educativo y el sistema de salud; pero, a su vez, para un sistema de seguridad social injusto en términos sistémicos, donde se conservan los principios de la ley del embudo: muchos beneficios para unos pocos y muy poco para la población. Consustancial a esta realidad, se dispone de un sistema tributario que promueve la injusticia y la desigualdad, y un gasto público que, aun siendo asistencialista en una parte importante, en su generalidad es de muy baja calidad, incluyendo la administración general de este y los tributos.
Además, somos una economía estructuralmente dependiente de importaciones de consumo y de materia prima, que hacen muy sensible el comportamiento de los precios y de los costos de producción de las empresas a los vaivenes de la economía y los mercados internacionales.
Estas causas hacen que continuamente se reproduzca la desigualdad, la movilidad social sea limitada, la informalidad sea consistentemente alta, persista la exclusión social, la migración de cerebros, los empleos de baja calidad con bajos salarios reales y, entre otros factores, la corrupción, que impactan en un déficit fiscal que es financiado con deuda pública.
En definitiva, la economía dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido superior al 5 % anual en las últimas dos décadas, según el Banco Central. Sin embargo, este crecimiento convive con una estructura productiva débil, altos niveles de informalidad (superiores al 55 % del empleo) y una desigualdad persistente (índice de Gini en torno a 0.38–0.40).
En este sentido, y considerando el contexto geopolítico actual, resultan interesantes las preguntas siguientes:
a. ¿Tendría la República Dominicana el mismo nivel de estrés frente a los problemas internacionales si dispusiéramos de estructuras productivas más profundas y diferentes que depender del turismo, el comercio y los servicios personales?
b. ¿Tendría la República Dominicana el mismo nivel de estrés si dispusiéramos de un sistema energético totalmente dependiente de energía renovable disponible en el país?
c. ¿Tendría la República Dominicana el mismo nivel de estrés si el sistema tributario fuera fundamentalmente progresivo, con muy baja participación de los ingresos indirectos?
d. ¿Tendría la República Dominicana el mismo nivel de estrés si nuestro presupuesto se basara en ingresos suficientes, buena calidad del gasto y muy baja deuda externa?
Creo que las respuestas son claras y contundentes, y estoy seguro de que el lector de este artículo responderá de manera negativa.
Es evidente que si nuestra estructura productiva dependiera de tecnología (software, IA, big data), finanzas avanzadas, alto nivel de investigación y desarrollo (I+D), servicios profesionales altamente especializados y diversificación productiva a partir de nuestras riquezas naturales, con alto valor agregado, la situación fuera otra.
En este sentido, uno de los aportes más relevantes del panel fue el cuestionamiento al propio concepto de "reformas". Los panelistas coincidieron en que el país ha acumulado reformas parciales, muchas veces fragmentadas, sin lograr modificar la lógica profunda del sistema económico e institucional.
Por ello, el énfasis no debe estar en reformas aisladas, sino en un proceso integral de transformación estructural, articulado y sostenido en el tiempo.
El debate permitió identificar un conjunto de áreas críticas que requieren intervención simultánea:
1. Transformación tecnológica: el gran rezago. Se necesita que la adopción tecnológica en las pymes y en el sector público deje de ser limitada. La inversión en investigación y desarrollo es inferior al 0.1 % del PIB, muy por debajo de los estándares internacionales.
Sin digitalización, automatización e inteligencia de datos: la productividad no aumenta, la competitividad se estanca y el Estado pierde capacidad de gestión.
Esto implica una reforma profunda en: digitalización del Estado, gobierno electrónico, economía de datos, ciberseguridad y trazabilidad financiera.
2. Reforma fiscal: entre la debilidad estructural y la ineficiencia. La presión tributaria dominicana (≈ 13–14 % del PIB) es insuficiente para sostener un Estado moderno. Pero el problema no es solo recaudar más, sino gastar mejor.
Se requiere: progresividad tributaria, reducción de la evasión, reorientación del gasto hacia inversión productiva y evaluación de impacto del gasto público. Entendamos de una vez por todas que sin una reforma fiscal integral, cualquier intento de transformación productiva carece de sostenibilidad.
3. Reforma laboral: informalidad y baja productividad. El mercado laboral dominicano presenta una debilidad crítica: alta informalidad, baja productividad y limitada protección social.
Una reforma laboral debe abordar: formalización del empleo, capacitación y reconversión laboral, adecuación a la economía digital e incentivos a la productividad.
4. Reforma de la seguridad social: sostenibilidad y cobertura. El sistema actual enfrenta desafíos estructurales como: cobertura insuficiente, desigualdad en el acceso y sostenibilidad financiera. Esto exige una revisión integral que garantice universalidad, equidad y eficiencia en la gestión.
5. Reforma educativa: el verdadero punto de inflexión. Sin capital humano de calidad, no hay transformación productiva posible. A pesar de una inversión cercana al 4 % del PIB, los resultados siguen siendo limitados en términos de calidad educativa, competencias y vinculación con el aparato productivo.
La reforma debe enfocarse en: calidad docente, formación técnica, articulación educación-empresa y pensamiento crítico y habilidades digitales.
6. Reforma del sistema de salud. El desarrollo inclusivo requiere un sistema de salud eficiente, accesible y sostenible. Persisten problemas de: calidad del servicio, acceso desigual y gestión ineficiente. La salud no es solo un derecho social, sino un componente clave de la productividad económica.
7. Reforma del Estado: el núcleo del problema. Los panelistas fueron enfáticos: el principal obstáculo al desarrollo es la debilidad del Estado. Esto se refleja en: baja calidad del gasto, burocracia ineficiente, falta de planificación estratégica y discontinuidad de políticas públicas. La reforma estatal implica: profesionalización del servicio público, meritocracia y transparencia.
8. Reforma electoral: captura del sistema político y del propio Estado. Un punto particularmente sensible fue la necesidad de revisar el financiamiento de la política. Se planteó que el sistema actual: favorece la influencia de grupos económicos, debilita la representatividad, distorsiona la democracia y facilita la presencia del narcotráfico en el financiamiento de las campañas políticas a todos los niveles.
Una reforma electoral debe: transparentar el financiamiento, fortalecer la base social de los partidos, reducir la captura del sistema político y crear un sistema de depuración de los partidos políticos y los candidatos, entre otros aspectos.
9. Reforma judicial: justicia débil, desarrollo limitado. Sin seguridad jurídica, no hay inversión ni desarrollo sostenible. El panel destacó una preocupación crítica: la justicia no siempre se aplica con independencia, sino que puede estar orientada.
Esto genera: incertidumbre, desconfianza y debilitamiento institucional. La reforma judicial es clave para garantizar: independencia, equidad, cumplimiento del Estado de derecho, combate a la impunidad y corrección de las fallas en el proceso de fundamentación de expedientes para los sometimientos a la justicia.
10. Un enfoque sistémico: la lógica de la economía holística. Todos estos elementos confirman una idea que hemos venido desarrollando: la economía no puede analizarse de manera fragmentada. El desarrollo exige una visión holística, donde interactúan: lo económico-productivo, lo social-institucional, lo tecnológico y lo político. Las fallas en uno de estos componentes afectan al conjunto del sistema.
Finalmente, es relevante resaltar la alta pertinencia de lo que en otro artículo hemos planteado: "La eficiencia sin una base ética puede entonces, en el peor de los casos, convertirse en un instrumento para consolidar prácticas inapropiadas."
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