El panorama comercial en República Dominicana enfrenta una tensión sin precedentes debido al auge de las marcas propias en las grandes cadenas. Lo que comenzó como una alternativa económica para el bolsillo del consumidor se ha transformado en un campo de batalla donde los fabricantes locales denuncian un desplazamiento progresivo en los anaqueles.
Esta situación pone en jaque la diversidad de productos que históricamente han consumido los dominicanos. Desde el punto de vista legal, la creación de marcas blancas es completamente lícita bajo el principio de libertad de empresa. No obstante, el conflicto entra en terreno pantanoso cuando se cruza la línea hacia la competencia desleal.
La Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia prohíbe el abuso de posición dominante, algo que podría ocurrir si un supermercado utiliza su control sobre el anaquel para asfixiar a sus competidores. El caso de la panificadora Lumijor ilustra el riesgo de las llamadas «negociaciones forzosas» en el sector retail.
Si un establecimiento condiciona la permanencia de un proveedor a que este fabrique su marca blanca, podría estar incurriendo en prácticas restrictivas. Este tipo de presiones no solo afectan la ética comercial, sino que limitan la capacidad de innovación y el crecimiento independiente de las industrias medianas y pequeñas.
Otro punto crítico de legalidad y ética es la gestión de los pagos, que según denuncias llegan a dilatarse hasta ocho meses. La Ley 488-08, que regula a las pymes, busca proteger el flujo de caja de los proveedores frente a grandes compradores. Retrasar pagos de forma desmedida puede considerarse una práctica abusiva que utiliza el capital del fabricante para financiar la expansión de la cadena minorista.
Para los consumidores, el riesgo inmediato es la pérdida de la soberanía de elección. Si los supermercados priorizan solo sus marcas, el cliente pierde la libertad de comparar calidad y precio entre diversas opciones. Al final del día, un mercado con menos marcas es un mercado menos competitivo, lo que a largo plazo suele derivar en precios más altos una vez que la competencia ha sido eliminada.
Las orientaciones para los fabricantes locales deben centrarse en el fortalecimiento de sus asociaciones gremiales para negociar colectivamente. Es vital documentar formalmente cualquier amenaza de retiro de productos sin justificación técnica o comercial válida. La diversificación de canales de venta, como mercados independientes o plataformas digitales propias, es ahora más necesaria que nunca para no depender de un solo gigante.
Por su parte, las autoridades como Pro Competencia y Pro Consumidor tienen el reto de vigilar que no se produzca una cartelización del espacio de góndola. Es necesario establecer un Código de Buenas Prácticas Comerciales, similar al de otros países, que regule la relación entre grandes superficies y proveedores. Solo así se garantiza que la eficiencia de las marcas blancas no se convierta en una tiranía comercial.
La supervivencia del sector productivo dominicano depende de reglas claras que impidan la competencia desleal y el canibalismo empresarial. No se trata de prohibir las marcas blancas, sino de asegurar que todos los actores jueguen bajo las mismas condiciones. Proteger al fabricante local es, en última instancia, proteger los empleos y la estabilidad económica de miles de familias en todo el territorio nacional.
Finalmente, el debate debe elevarse al Congreso para revisar si el marco legal actual es suficiente para frenar estas distorsiones. Mientras tanto, el consumidor tiene la última palabra con su decisión de compra cada vez que frente a la góndola elige entre la tradición y la marca de la casa. El equilibrio entre el ahorro inmediato y la salud industrial del país es el gran desafío de esta década.
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