"Al Estado se va a servir, no a servirse". Juan Bosch
Por una decisión inoportuna, imprudente, vulgar, irracional, unilateral, y muy similar a la tomada por los actuales titulares de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), tomé la decisión de escribir un artículo sobre este tema en el mes de marzo del año 2018, cuando el pleno de miembros de esta institución, presidido en ese momento por el doctor Hugo Álvarez Pérez, resolvió de manera unilateral y sin mérito alguno incrementarse su salario de manera burda.
La CCRD es el órgano superior de la fiscalización externa de todos los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
No existen razones ni méritos que lo justifiquen para que los actuales miembros del pleno de esta institución se incrementaran sus salarios de manera absurda, desproporcionada y escandalosa, en un 50 %, en un momento en que la República Dominicana atraviesa por una gran crisis económica, por una gran inflación, por el colapso de la mayoría de los servicios básicos, fruto de factores internos y externos; en el que la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio es muy amplia, pero sobre todo, cuando se está reclamando al presidente de la República, Luis Abinader Corona, una indexación salarial para todos los sectores.
Con estos aumentos de sueldos, los miembros del pleno de la CCRD violan la Ley 105-13 y el artículo 140 de la Constitución de la República, el cual establece que: "ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados, y que la inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley".
Este órgano rector de la fiscalización externa de los recursos públicos debe servir de modelo y ejemplo para las demás instituciones públicas en el cumplimiento de la ley y la Constitución de la República.
Deja mucho que desear que una profesional, como lo es la actual presidenta de esta institución fiscalizadora, licenciada Enma Polanco, exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en cuya alma máter ocupó importantes funciones por muchos años, con su desatinada actuación, defraudara a todo el país.
Fruto de la gran indignación, del rechazo y la presión social que esta decisión ha causado en la sociedad, la misma fue echada hacia atrás, utilizando para ello argumentos muy pobres, desarticulados y poco convincentes. Lamentablemente, el daño ya está consumado.
Desgraciadamente, con este triste proceder, la CCRD pierde cada vez más legitimidad, calidad moral y se descalifica para poder cumplir con sus funciones.
Si se continúa permitiendo que cada organismo o institución que goce de autonomía presupuestaria realice antojadizamente, de forma unilateral y arbitraria, un aumento salarial, sin coordinar con el MAP y con los demás órganos facultados para ello, estaríamos propiciando un caos y un desorden institucional.
Algunos directores de organismos e instituciones públicas creen que, por el hecho de que estas tengan autonomía presupuestaria, pueden autopensionarse, adjudicarse sus prestaciones laborales y aumentarse sus sueldos de una manera antojadiza, sin tomar en cuenta la Ley 105-13, de regulación salarial del Estado, y al Ministerio de Administración Pública (MAP), que es quien debe autorizar dichos aumentos, siempre que las circunstancias lo ameriten.
La autonomía presupuestaria significa que una institución pública tiene facultad y libertad para manejar su presupuesto, sus finanzas y para tomar decisiones, sin depender del Poder Ejecutivo y de otros estamentos del Estado para el desempeño de sus funciones, pero jamás para crear aumentos salariales o beneficios para los propios miembros que la dirigen.
Sobre este asunto, en nuestro país y en esa institución ya existe un precedente: cuando en el año 2008, los miembros del pleno de la institución fiscalizadora de ese entonces tuvieron que renunciar; unos y otros fueron enjuiciados y destituidos por el Senado de la República.
Es oportuno aclarar que, cuando nos correspondió formar parte del pleno de ese órgano superior de la fiscalización externa de los recursos públicos, período 2010-2016, los salarios de los empleados de nivel medio hacia abajo fueron revisados e indexados en varias oportunidades, de acuerdo con los indicadores económicos de la época, pero nunca nos favorecimos ni beneficiamos con un aumento salarial, pues no se puede legislar ni actuar para beneficios propios.
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