Mientras no haya justicia, el duelo sigue abierto

Hay dolores que no se explican solamente con palabras. Hay pérdidas que no caben en los comunicados oficiales, en los discursos de ocasión ni en los homenajes solemnes que, aunque necesarios, nunca alcanzan para nombrar la magnitud de una herida. La tragedia del Jet Set no dejó únicamente personas fallecidas, personas heridas y familias destrozadas. Dejó también una sensación colectiva de quiebre, de vulnerabilidad, de rabia contenida, de incredulidad frente a una realidad que todavía cuesta procesar. Porque cuando una tragedia de esa magnitud ocurre en un espacio de celebración, en un lugar cotidiano, en medio de una noche que prometía música, encuentro y alegría, lo que se fractura no es solo una estructura física: se fractura también la confianza social.

Por eso el duelo por Jet Set no puede entenderse como un asunto privado, limitado al dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos o al trauma de quienes sobrevivieron. Es también un duelo colectivo. Es el duelo de una sociedad que vio cómo la muerte irrumpió de manera brutal en un espacio que debía ser seguro. Es el duelo de un país que todavía intenta comprender cómo fue posible llegar hasta ahí. Y es, sobre todo, el duelo de una ciudadanía que sabe que no basta con llorar para cerrar una herida de esta naturaleza. Porque hay heridas que no sanan con el paso del tiempo si no van acompañadas de verdad y de justicia.

Se ha insistido muchas veces en que el tiempo lo cura todo. Pero esa frase, repetida casi como consuelo automático, no siempre es cierta. El tiempo, por sí solo, no cura cuando persisten las preguntas. No cura cuando las familias siguen esperando respuestas. No cura cuando sobreviven las dudas sobre las responsabilidades, las negligencias, las omisiones y las fallas que hicieron posible una tragedia que nunca debió ocurrir. El tiempo no cura cuando el dolor se encuentra todos los días con la sospecha de que pudo haberse evitado. En esos casos, el tiempo no sana: apenas prolonga la angustia.

Por eso resulta tan importante afirmar algo que a veces incomoda, pero que es necesario decir con claridad: sin justicia no hay cierre para el duelo. No lo hay para las madres, los padres, los hijos, las parejas, los hermanos, las amistades y las personas sobrevivientes. Pero tampoco lo hay para la sociedad en su conjunto. Una comunidad no puede procesar plenamente una tragedia si no tiene la certeza de que se está buscando la verdad con seriedad, de que se están estableciendo responsabilidades con rigor y de que el dolor de las víctimas no será reducido a una anécdota más en la larga historia de la impunidad.

Pedir justicia no es un exceso emocional. No es una consigna vacía. No es politizar el sufrimiento. Es una exigencia ética. Es una manera de afirmar que la vida de quienes murieron importaba, que su pérdida no puede relativizarse y que la sociedad tiene la obligación moral de responder cuando el dolor ha sido causado por posibles negligencias, irresponsabilidades o fallas estructurales. La justicia, en este contexto, no es una venganza. Es un acto de reconocimiento. Es la forma en que una sociedad les dice a las víctimas y a sus familias: su dolor importa, sus preguntas importan, sus vidas importaban.

Pero también hay que decirlo sin rodeos: en una tragedia como esta no solo hay que mirar responsabilidades privadas o empresariales. También hay responsabilidad del Estado. Y decirlo no es exagerar ni desviar el foco; es nombrar una verdad incómoda pero necesaria. Cuando un establecimiento opera en condiciones que terminan produciendo una catástrofe de esta magnitud, no basta con preguntarse qué hizo o dejó de hacer la administración del lugar. También hay que preguntarse dónde estaban los mecanismos públicos de supervisión, control, fiscalización e inspección. Qué instituciones debieron prevenir. Qué autoridades debieron actuar. Qué omisiones permitieron que el riesgo creciera hasta convertirse en tragedia.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida. Esa no es una frase simbólica: es una obligación concreta. Cuando las instituciones encargadas de regular, inspeccionar y garantizar condiciones mínimas de seguridad no cumplen adecuadamente su función, el daño no puede entenderse solo como un fracaso individual. También es un fracaso institucional. También es una falla pública. También es una expresión de negligencia estatal. Porque cuando el Estado no vigila, no regula, no previene o no sanciona a tiempo, termina permitiendo que la ciudadanía quede expuesta a peligros evitables.

Por eso la tragedia del Jet Set no puede analizarse únicamente desde la lógica del accidente. Hablar de accidente, sin más, puede convertirse en una forma de suavizar responsabilidades. Lo que corresponde es preguntarse si hubo permisividad, abandono, debilidad regulatoria o indiferencia institucional. Si las respuestas a esas preguntas apuntan a que sí, entonces el país no solo está frente a una tragedia humana, sino también frente a una grave demostración de irresponsabilidad estatal. Y cuando el Estado falla en su deber de protección, la herida del duelo se vuelve todavía más profunda, porque las víctimas no solo enfrentan la pérdida, sino también la sensación devastadora de que fueron desamparadas por quienes debían cuidar el interés público.

Sin embargo, lo que suele ocurrir en muchos contextos como el nuestro es que el duelo social entra rápidamente en disputa con la desmemoria. Al principio, el horror conmueve. La indignación moviliza. Las redes se llenan de mensajes. Los medios cubren minuto a minuto. Las instituciones prometen investigar. Pero después comienza otro proceso, más silencioso y más peligroso: el desgaste. La atención disminuye. El debate se dispersa. Aparecen nuevas noticias, nuevos escándalos, nuevas urgencias. Y en medio de ese ruido constante, las víctimas corren el riesgo de ser arrastradas al olvido. Por eso insistir en la justicia también es resistirse a la normalización del dolor. Es impedir que el país pase la página antes de tiempo.

La tragedia del Jet Set no puede convertirse en un recuerdo desactivado, en una pena protocolar o en una fecha de conmemoración vacía. Tiene que seguir interpelándonos. Tiene que obligarnos a preguntar, una y otra vez, qué falló, quiénes fallaron, quién permitió que las condiciones de riesgo llegaran tan lejos, qué controles no existieron o no funcionaron, qué cultura de permisividad hizo posible que una noche de fiesta terminara convertida en una escena de devastación. Porque cuando una tragedia se produce de ese modo, las responsabilidades no suelen ser solamente individuales. Muchas veces también revelan fallas institucionales, ausencia de supervisión, debilidad regulatoria y una preocupante tolerancia social frente a riesgos que se van acumulando hasta que un día explotan.

Ahí es donde el duelo se cruza con la justicia de una manera inseparable. Las familias no solo lloran a quienes perdieron; también cargan con el peso de imaginar qué hubiera pasado si alguien hubiera actuado a tiempo, si alguien hubiera hecho su trabajo, si alguien hubiera tomado en serio lo que debía tomarse en serio. Y esa es una carga insoportable, porque transforma el dolor en una pregunta permanente: ¿de verdad esto tenía que pasar? Cuando una tragedia despierta esa pregunta, la única respuesta responsable no puede ser el silencio, ni la evasiva, ni el aplazamiento indefinido. Tiene que ser una investigación seria, transparente y creíble. Y esa investigación debe incluir no solo a actores privados, sino también a las instituciones públicas que pudieron fallar en su deber de vigilancia y protección.

Pero además de la dimensión judicial, hay una dimensión profundamente humana que no debe perderse de vista. El duelo necesita condiciones para elaborarse. No ocurre en el vacío. Las personas no atraviesan una pérdida solamente con recursos emocionales internos; también dependen de lo que la sociedad les devuelve. Cuando una víctima o una familia percibe indiferencia, retraso, opacidad o desinterés institucional, el dolor no disminuye: se agrava. Se vuelve más complejo, más pesado, más difícil de nombrar. En cambio, cuando hay verdad, acompañamiento y justicia, aunque la pérdida siga siendo irreparable, al menos existe la posibilidad de que el sufrimiento no quede suspendido en una sensación permanente de abandono.

Por eso la justicia también es una forma de reparación simbólica. No devuelve a quienes murieron. No borra el trauma. No corrige la ausencia. Pero sí puede ofrecer algo decisivo: la certeza de que lo ocurrido no fue tratado con banalidad, de que hubo consecuencias, de que la sociedad entendió la gravedad de lo sucedido y de que la muerte de tantas personas no quedó atrapada en la costumbre nacional de olvidar demasiado rápido. Esa certeza importa. Importa para las familias. Importa para la memoria pública. Importa para la salud moral del país.

Además, en tragedias como esta, la justicia no debería limitarse a la identificación de culpables directos. También debe servir para revisar prácticas, normas, protocolos, omisiones y formas de funcionamiento que hacen posible la repetición del daño. La peor respuesta que podría dar una sociedad ante una catástrofe como la del Jet Set es reducirlo todo a un caso aislado, como si no hubiera nada más que aprender, corregir o transformar. La verdadera justicia no solo mira hacia atrás para sancionar; también mira hacia adelante para prevenir. Exige cambios. Exige controles reales. Exige instituciones que funcionen. Exige una cultura pública que ponga la vida por encima de la improvisación, la negligencia y la impunidad.

Y eso incluye, necesariamente, una revisión profunda del papel del Estado. Porque si después de una tragedia como esta no se fortalecen los sistemas de inspección, no se transparentan las responsabilidades institucionales y no se generan garantías de no repetición, entonces el mensaje que queda es devastador: que la vida ciudadana puede seguir dependiendo de la suerte. Ningún país serio puede aceptar eso. Ninguna democracia que se respete puede conformarse con investigar a medias o con proteger la imagen de las instituciones por encima del derecho de las víctimas a la verdad.

Porque si algo revela una tragedia de esta naturaleza es que no basta con conmoverse. La conmoción, por sí sola, no protege a nadie. El luto, por sí solo, no transforma estructuras. Las lágrimas no reemplazan a la responsabilidad. Y las ceremonias, por más sentidas que sean, no pueden ocupar el lugar de la verdad. Un país que llora pero no exige justicia termina aceptando que sus muertos solo merecen memoria, pero no rendición de cuentas. Y eso es profundamente peligroso, porque deja intactas las condiciones que hacen posible nuevas tragedias.

También hay que decir algo más: el duelo colectivo no se cierra cuando lo decide la opinión pública ni cuando los medios dejan de hablar del tema. El duelo tiene su propio ritmo, y muchas veces ese ritmo depende de las respuestas que ofrece la sociedad. Para quienes perdieron a alguien, el tiempo no avanza de la misma forma que avanza para el resto del país. Para quienes sobrevivieron, hay sonidos, imágenes, fechas y lugares que reabren la herida una y otra vez. Para ellos, la justicia no es una abstracción jurídica: es una necesidad emocional, moral y social. Es la posibilidad de no sentirse completamente desamparados frente a lo ocurrido.

En ese sentido, hablar de cierre sin justicia es una forma de violencia simbólica. Es pedirle a las víctimas que procesen el dolor mientras todavía cargan con la incertidumbre. Es exigir serenidad cuando aún no hay respuestas suficientes. Es sugerir que el duelo debe avanzar aunque la verdad siga incompleta. Pero ningún duelo profundo puede encontrar descanso real sobre una base de impunidad. Puede haber resignación, cansancio, silencio, incluso adaptación a la ausencia. Lo que no puede haber es cierre genuino. No mientras la herida siga exigiendo verdad.

La tragedia del Jet Set nos obliga, como sociedad, a decidir qué hacemos con el dolor. Podemos administrarlo de forma superficial, convertirlo en una memoria breve y seguir adelante como si nada esencial hubiera quedado al descubierto. O podemos asumirlo con responsabilidad histórica, reconociendo que el duelo de las víctimas también nos interpela como comunidad política y moral. Si elegimos la segunda opción, entonces no basta con acompañar en el dolor: hay que exigir justicia. No basta con recordar: hay que esclarecer. No basta con lamentar: hay que transformar. Y transformar implica también exigirle al Estado que responda, que rinda cuentas y que deje de ser parte del problema para convertirse, por fin, en garantía de protección y de dignidad.

Porque al final, el verdadero cierre no llega cuando el país se cansa de hablar del tema. Llega cuando las familias sienten que hubo verdad. Llega cuando las responsabilidades se establecen con seriedad, incluyendo las del Estado. Llega cuando las instituciones responden a la altura del daño. Llega cuando la sociedad demuestra que la vida humana no es negociable. Mientras eso no ocurra, el duelo seguirá abierto. Y con razón.