Cuando se avecinan las elecciones generales del 29 de noviembre, en España se reaviva el debate sobre los grandes desafíos de un país que, pese a que su economía crece al doble del ritmo de la UE y que es la nación con mayor creación de empleo entre las grandes potencias europeas, se debate entre grandes temas como la vivienda, la seguridad ferroviaria, el abordaje de la inmigración, además del coste de vida y el acceso a la salud.
Los partidos que integran el gobierno (PSOE y Frente Amplio) y la oposición (PP, VOX y Podemos) intentan llevar agua para su molino para conquistar la mayor cantidad posible de voluntades que les permita seguir al frente del Ejecutivo tras ocho años (en el caso del oficialismo) o llegar por fin a la Moncloa después varios intentos fallidos (en el caso de los partidos de derecha).
En cada uno de estos grandes temas, las formaciones juegan sus fichas e intentan mostrarse como la mejor opción para afrontar los desafíos del país ibérico. Más allá de la profundidad de los problemas que se perciben, serán las españolas y los españoles los que tendrán la última palabra cuando a finales de noviembre dicten su veredicto sobre el rumbo que se debe tomar.
Vivienda: la traducción electoral del reclamo que se hizo huelga general
La crisis de acceso a la vivienda está en el origen de esta convocatoria electoral. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 años viviendo en un apartamento de Madrid, desencadena una movilización multitudinaria en la capital española. La movilización del Sindicato de Inquilinas culmina en una acampada en la plaza de Sol y se expande con medidas similares en las principales ciudades del país.
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El presidente del Gobierno español reacciona con la publicación de dos decretos que buscan proteger a los inquilinos frente a las condiciones abusivas impuestas por los propietarios. Entre otras cosas, las normativas suspenden los desahucios como el de Maricarmen.
Mientras la movilización se intensifica, la iniciativa gubernamental llega al congreso de los Diputados, pero naufraga ante la negativa de sus opositores y de la formación derechista catalana Junts, que esta vez vota en contra del Gobierno que había apoyado años atrás.

No se trata de una movilización social o de un conflicto más entre oficialismo y oposición. En medio del estallido por la vivienda, el mandatario se toma un fin de semana para reflexionar y finalmente decide que es el momento de adelantar las elecciones generales. En su anuncio, cuestiona a los partidos políticos de derecha por el rechazo a los decretos y argumenta que necesita ampliar su respaldo parlamentario para asegurar la sanción de normativas que protejan a los ciudadanos ante la crisis habitacional.
Más allá de las letras que inundan su plataforma, el contenido explícito del programa político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con respecto al derecho a la vivienda se encuentra en esta sucesión de hechos que culminaron con una huelga general el pasado 11 de noviembre.
También se puede leer en los dos decretos que fueron aprobados por la Diputación Permanente del Congreso y que contemplan la suspensión de los desahucios de personas vulnerables en inmuebles de grandes tenedores hasta 2030, prórrogas anuales de hasta dos años para contratos vigentes hasta 2028, la prohibición de trasladar los costos de gestión a los inquilinos, la regulación de los alquileres de temporada y límites a las compras especulativas.
Por el contrario, la oposición de derecha afirma que el empeoramiento de esta crisis ocurrió mientras el actual mandatario estuvo en la Moncloa. Para responder, el líder progresista desvía la crítica a los gobiernos de las comunidades autónomas que cuentan con buena parte de las competencias para regular los arrendamientos.
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Las formaciones a la izquierda del PSOE van un paso más allá. El Frente Amplio (integrante de la coalición de gobierno) adopta como lema de campaña “Un voto como una casa” y propone la expropiación progresiva de viviendas en manos de grandes fondos de inversión y un impuesto del 10% a los grandes propietarios, mientras deja exentas de esas medidas a las unidades destinadas a alquiler asequible y estable. Al mismo tiempo, impulsa una reducción de un 30% del precio de los alquileres.
Por su parte, Podemos (fuera del Ejecutivo) sostiene que la baja de los arriendos debe llegar al 40%, que se tienen prohibir los alquileres turísticos y una expropiación de 650.000 viviendas en manos de los fondos de inversión.
En sentido contrario, las propuestas del Partido Popular y de VOX para intentar seducir al electorado preocupado por la crisis de acceso a la vivienda se alejan de las iniciativas regulacionistas. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo navega entre ayudas para la compra de vivienda o para alquiler por parte de jóvenes que buscan emanciparse e incentivos a la inversión privada para incrementar la construcción y la oferta de unidades en el mercado.
La formación de extrema derecha VOX coincide en la necesidad de aumentar la construcción, pero introduce otro elemento: "En 2025, 3,2 millones de personas buscaron casa en España sin éxito. Tan solo en los últimos cinco años, han entrado a España seis millones de inmigrantes. En esos mismos cinco años ha desaparecido la mitad de la oferta en alquiler como consecuencia de las regulaciones de la izquierda”, dice un spot de campaña.
Las líneas de acción de las formaciones de derecha en esta materia apuntan a “liberalizar suelo para poder hacer más viviendas y promover con la iniciativa público-privada que se elaboren y que se hagan más viviendas, pero lo cierto es que España ha construido bastante más vivienda que otros países de su alrededor, como puede ser, por ejemplo, Alemania en los últimos años”, según afirma el analista y consultor político Jordi Sarrión-Carbonell, en diálogo con France 24 en español.
La seguridad ferroviaria, otro eje de la campaña
Dos accidentes ferroviarios marcan 2026 en España. El primero ocurre en Adamuz en el inicio del año, el 18 de enero, y deja como saldo 46 fallecidos y 152 heridos. El segundo sucede en Urda el 28 de octubre y se cobra la vida de 69 personas, mientras que la cantidad de heridos supera los 200.
Se trata de una herida profunda para ciudadanos que aún lloran a sus seres queridos, mientras el país queda conmocionado. Además, se resiente la confianza en un sistema ferroviario de alta velocidad que supo ser uno de los grandes símbolos de la modernización de España, una red que es la segunda más grande del mundo, solo por detrás de China.
En política, el gobierno sale herido y renuncia el ministro de Transportes, Óscar Puente, una de las figuras más destacadas del partido gobernante. La iniciativa la toma la oposición. Alberto Núñez Feijóo manifiesta que estos episodios no ocurrían cuando su espacio político estaba en la Moncloa, cuestiona a Pedro Sánchez por gobernar de manera “desastrosa” y promete una auditoría para establecer responsabilidades. Subido a esta crítica, Vox enmarca esta situación en su argumentación de que el país no funciona desde que el PSOE está en el Gobierno.

En su plataforma electoral, el Partido Popular promete invertir 300.000 millones de Euros en 15 años para mejorar las infraestructuras ferroviarias, revisar los límites de velocidad, renovar vías y trenes y optimizar las indemnizaciones por retrasos.
La dimisión de Puente “funciona como dique de contención para recuperar la iniciativa en la conversación pública”, asegura el experto consultado. Desde entonces, los sondeos no muestran mayores daños para la formación liderada por Sánchez. Una vez pasado el peor momento, el tiro le toca a los socialistas, quienes acusan que los mayores recortes en materia de inversión ferroviaria se dieron durante los mandatos gubernamentales del PP.
En el plano de las promesas de campaña, el PSOE impulsa una auditoría de todo el sistema ferroviario e insiste en la necesidad de un aumento de la inversión en infraestructura para “recuperar la confianza” en su funcionamiento. A su izquierda, los agrupamientos liderados por Ada Colau e Irene Montero se ubican en la misma vereda y se inclinan por revisar la apertura de la prestación del servicio a operadoras privadas de Francia e Italia.
“El Partido Popular y Vox tienen a favor en este tema que ha habido dos accidentes en un año”, reflexiona Sarrión-Carbonell. Sin embargo, considera que su principal debilidad está en la respuesta a la pregunta ‘¿van ustedes a invertir más dinero en infraestructuras ferroviarias?’”.
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El debate migratorio con Ceuta como bandera
2026 también es el año de la emergencia migratoria, humanitaria y diplomática en Ceuta. El 30 de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzan de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española de 83.000 personas. El episodio pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.
Las imágenes sacuden la escena política. Vox y los influencers de extrema derecha hablan de "invasión" y acusan al gobierno de no impedir la entrada masiva de personas.
Es el momento de Santiago Abascal. Desde entonces, el líder del partido ultra insiste en su principal eje de campaña: “Estimaciones señalan que en 2045 habrá más extranjeros que nacionales en España. ¿Fin del mundo por el cambio climático? No, fin de España por sustitución”, afirma su plataforma electoral.
Sus propuestas son explícitas: “prioridad nacional” para que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda social, y deportación de los inmigrantes que se encuentren en situación irregular o que cometan delitos.
Por el lado del Partido Popular, parecen convivir dos tendencias: una posición política similar a la de Vox, liderada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otra más contemplativa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, encabezada por el propio Alberto Núñez Feijóo. “El PP ha basculado entre esas dos almas porque, por un lado pueden perder muchos votos hacia Vox, por otro lado pueden abandonar a sus votantes más tradicionales, que pueden irse a la abstención o al Partido Socialista”, sostiene el analista.
Por su parte, el Gobierno (incluido el Frente Amplio) defiende una migración ordenada, legal y segura, centrada en la agilidad administrativa, la integración social y la cooperación internacional. Tras meses de defensiva política en el marco de la crisis en Ceuta, el PSOE parece consolidar su narrativa: rechazo a las políticas hegemónicas del bloque comunitario en materia migratoria por considerarlas como “una hegemonía de la crueldad”, y defensa de los derechos humanos. “Creo que por primera vez en la campaña el PSOE fue capaz de plantear una respuesta alternativa en la cuestión migratoria”, remarca Sarrión-Carbonell.
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Los (otros) temas que definen la elección
Más allá de la centralidad mediática y política que adquieren la vivienda, el transporte y la migración, la conversación electoral parece tener otros polos de atracción.
Según la interpretación de diversos analistas, el rechazo de Santiago Abascal a una entrevista con el youtuber Jordi Wild le resta apoyos a Vox en favor del PP. A su vez, los casos de acoso a mujeres que se destaparon dentro del PSOE y las denuncias de corrupción contra varios de sus dirigentes imprimen un golpe al oficialismo de dimensión mayores, mientras que el estado de la sanidad aparece como una de las cuestiones fundamentales.
La posibilidad de que el Partido Popular y VOX consigan una mayoría absoluta que les permita formar Gobierno no es un dato que recién se conoce en los sondeos de 2026. Se trata de una tendencia de largo plazo que no sufre grandes alteraciones en el marco de la campaña.
El talón de Aquiles de la coalición gobernante parece estar en su propia génesis, formada por fuerzas progresistas y partidos regionalistas, cuya diversidad política dificulta la aprobación de leyes y la consolidación de una agenda común. “Yo creo que toda la legislatura ha sido muy complicada y creo que (el PSOE) empezó a perder las elecciones desde el momento en que Pedro Sánchez era incapaz de sacar adelante leyes”, concluye Sarrión-Carbonell.
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