El sistema de salud, por razones más que preventivas, está en la obligación de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, para que un quebranto, una cirugía, una detección temprana de una enfermedad, no se convierta en una tragedia ni en un empobrecimiento de las familias afectadas.
El Estado está en la obligación de garantizar el acceso gratuito de todos los ciudadanos a los servicios de salud. Sea vía el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, o vía el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con la parte subsidiada, contributiva subsidiada o solamente contributiva, de aseguramiento de los servicios de salud. En este punto entra el sector privado, con todas las modalidades que existen, incluyendo el copago.
Una cosa es la atención preventiva en salud, las consultas, las cirugías, y otra -con grados de diferencias- es el acceso a medicamentos eficientes y actualizados, que garanticen el restablecimiento de las personas enfermas.
Los hospitales públicos gerenciados por el Servicio Nacional de Salud, supervisados por el Ministerio de Salud, son los centros de atención tradicionales. Allí van todas las personas necesitadas de atención y que no tienen contratado un servicio privado, sea mediante un seguro de atención, de cualquier naturaleza, o se han asegurado por vía del Estado con el Seguro Nacional de Salud. El crecimiento de las empresas prestadoras de servicios es el reconocimiento de la derrota del servicio tradicional público. Calidad de atención deficiente, horarios y anarquías administrativas, ausencia de atención de calidad a los pacientes. Los pobres de solemnidad asisten a los hospitales.
Quienes tienen seguro son los que tienen privilegios, porque pagan o copaban una atención especial, que vendría a ser normal, porque se le entiende un servicio pagado, privado, no regalado por el Estado.
En un país con una economía informal como República Dominicana, el número de empleos informales es mayor que el número de empleos formales. Los empleos formales garantizan atención preventiva privada o semiprivada.
El gasto de bolsillo en salud, por parte de las familias, es muy alto. De acuerdo con el especialista Arismendi Díaz Santana, el gasto de bolsillo es del 43 por ciento de los ingresos de las familias. Antes fue mucho más alto, cercano al 60 por ciento. Eso es una tragedia. Eso significa que de cada 100 pesos que le ingresa a una familia, debe gastar 43 pesos en atención en salud. Es imposible que haya salud asegurada en un país con esas estadísticas.
Pero lo más grave es, de acuerdo con Santana, que del gasto de bolsillo en salud, el 56 por ciento va dirigido a consumo de medicamentos. Es decir, que las familias gastan más del 50 por ciento de lo que destinan a salud en compra de medicamentos. Generalmente patentados, y no medicamentos genéricos, que son ostensiblemente más baratos.
La industria farmacéutica es la gran ganadora en este desorden. Recordemos que la cápita por asegurado es muy bajita (aproximadamente RD$1,683.22 por persona al mes), y que a partir de la cobertura consumida, la familia tiene que sacar de su bolsillo todo cuanto se le cobre en atención y medicamentos.
Se necesitan campañas de educación sobre la necesidad de utilizar medicamentos genéricos. Hay que reducir el gasto de bolsillo en salud, tanto como sea posible. El porcentaje del 43 por ciento como gasto de bolsillo en salud, representa al año la suma de 180 mil millones de pesos, que deben pagar las familias, sin que lo recibido como atención tenga supervisión, calidad, sea previsor o sea del nivel que demanda la afectación de la persona que solicita y necesita el servicio.
Los errores de los médicos se entierran en los cementerios. No hay quien pueda hacer investigaciones en el país sobre calidad de atención. No hay inspecciones. El gremio médico es muy poderoso y defiende a los médicos en general. En salud pasan muchas cosas, pero los pacientes son reos indefensos, que aceptan lo que los médicos dictaminen. Hay quienes pueden irse fuera del país en busca de atención. Otros acuden a los mejores centros privados o semi privados, ya valorados y confiables. Hay otros donde la falta de ética es más que ostensible.
Este tema debe ser analizado y visto con objetividad, sin prejuicio, con seriedad, y con el deber de mejorar la calidad de la atención y abaratar los servicios de salud, a los que la sociedad tiene total derecho. Ojalá podamos avanzar en esa dirección.
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