De nuevo la extinción penal como riesgo de impunidad

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que es juzgado por presunta comisión de múltiples actos reñidos con la ley, con la justicia, con la moral, y admitidos por más de 20 cómplices, ya comienza a reclamar la aplicación del plazo de extinción penal de la persecución en su contra por haberse completado el tiempo para el juzgamiento sin que haya una decisión final de un tribunal.

Todo el que ha dado seguimiento a los procesos penales por corrupción sabe que la estrategia del exprocurador, bien afinada por sus abogados, es dilatar el proceso hasta lograr la extinción penal por agotamiento de los mecanismos de defensa, a fin de que el retraso sea tan evidente que no haya posibilidad de que se finalice el proceso penal. Y no habría sentencia, no habría condena, porque el imputado y responsable de la comisión de hechos bochornosos fue exitoso en su estrategia de alargar tanto como le fue posible la fase previa y la fase final del proceso, sin que se lograra una sentencia.

Participación Ciudadana, que ha observado el caso, ha dicho que la sociedad recibiría con estupor una extinción penal de este proceso, pese a las miles de pruebas que existen, y a la admisión de muchos de los imputados, lo que abriría las puertas para que muchos otros procesos cierren con la misma impunidad.

“Aprovechando la lentitud de los tribunales, el imputado Jean Alain Rodríguez se ha atrevido a desmentir que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos como reveló Participación Ciudadana en su Segundo Informe del Observatorio de casos de Corrupción Administrativa publicado en Segundo Informe de observación penal de casos de corrupción", dice la nota de la organización.

Una gran parte de los aplazamientos se deben precisamente a la estrategia de dilación del principal imputado y de sus abogados. La justicia ha sido excesivamente flexible para garantizar los derechos de los prevenidos, y sobre esta base se ha creado la carretera para la evasión de la persecución penal.

Acento se ha referido en el pasado a este tema. El 6 de junio del 2024, en una nota editorial nos referíamos al tema de la siguiente manera: “El magistrado Martínez intentó el 12 de agosto del 2022 dar inicio a la parte preliminar del proceso, sin embargo, no fue posible debido a la estrategia de dilación puesta en marcha por Jean Alain y sus abogados. El proceso pudo comenzar en junio del 2023, en una etapa que igualmente ha sido alargada, de manera abusiva, pues el tribunal se vio acorralado y conducido por los imputados a una innecesaria lectura íntegra del expediente, que contiene 12,275 páginas”.

El Ministerio Público fue reincidente en las denuncias de la estrategia de dilación del principal encartado en el expediente por corrupción por más de 6 mil millones de pesos.

Participación Ciudadana ha hecho un llamado al poder judicial para que observe y tome decisiones que impidan la impunidad en situaciones como esta.

Participación Ciudadana, una vez más, solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha. Preservemos los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La organización también ha llamado la atención sobre las implicaciones sociales que pudieran tener decisiones que liberen a los imputados de recibir una condena, al anularse cualquier posibilidad de que un juez decida ante la cantidad de denuncias, confesiones y pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La ciudadanía no entiende por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión en tiempo oportuno. Las excusas no serán aceptadas, ni atribuir la culpa a plazos o actores de cualquier nivel involucrados en el proceso, pues el robo de la cosa pública les afecta por igual y el país no puede perder la oportunidad de ponerle fin a la impunidad.

Que los tribunales no se conviertan en un parapeto de protección de los que pretenden aprovechar las argucias y las triquiñuelas legales para alcanzar objetivos de impunidad.