Allí, donde la represión en ley y la táctica de guerra es constante; allí, donde el uniforme debe estar en punta en blanco… Las botas lustradas, las insignias colocadas a la altura indicada; el peinado debe quedar cubierto por el kepi. Sí, ahí mismo, en la histórica entidad de donde el tirano saltó al poder, donde no se escatiman los “intercambios de disparos” para “disolver la delincuencia”… Donde hay quienes “al cuidar la frontera” se continúan enriqueciendo exponencialmente.
Sí, para los órganos castrenses —Policía Nacional y el Ejército Dominicano—, el Tribunal Constitucional ha dictado la Sentencia TC/1225/25, del 18 de noviembre de 2025, en la cual establece que no pueden ser restringidos los derechos a militares y policías por su orientación sexual, como lo establecen estas entidades en los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, respectivamente; recursos con los cuales castigaban hasta dos años de cárcel a policías y militares por ejercer su derecho a amar con libertad
Y es que ambos artículos son violatorios de cinco disposiciones de la Constitución de la República Dominicana (7, 38, 39, 43 y 44), como estableció la valiente dupla de abogados Anderson Javiel Dirocie De León y Patricia M. Santana Nina, al someter la demanda de inconstitucionalidad ante esta alta corte.
Este fallo no sólo desmonta dos artículos discriminatorios, sino que también marca un quiebre con décadas de silencios institucionales, que como vemos, ha causado urticaria a los poderes fácticos y a los centinelas de “la moral y las buenas costumbres”. Con este fallo la diversidad sexual, que había sido invisibilizada y castigada en los cuerpos castrenses, como si la disciplina y el servicio a la patria fueran incompatibles con la libertad de amar, toma otro destino. Pues, la sentencia abre un espacio para reconocer que la defensa de la nación no puede estar divorciada de la defensa de la dignidad humana.
Es decir, la decisión del Tribunal Constitucional es también una invitación a transformar la cultura institucional en todos los estamentos. No basta con derogar leyes injustas: se requiere un compromiso activo de las autoridades para garantizar que cada policía y cada militar pueda ejercer sus derechos sin miedo ni represalias, y esto se extrapola a otros espacios cívicos. Se abre un horizonte donde la igualdad deja de ser un principio abstracto y se convierte en práctica cotidiana, capaz de redefinir la relación entre ciudadanía, Estado y libertad.
Felicitamos esta sentencia que abre caminos para que lo escrito en la Carta Magna deje de ser de jure y se concreten los derechos en el día a día. Es esperanzadora esta estrategia simbólica de alto nivel que eleva las tácticas para la concreción de derechos plenos para los dominicanos y las dominicanas.
Se trata de un golpe al centro mismo de la represión, guiado por la preservación de la dignidad y la libertad humana, que en definitiva es un acto de amor. Y el amor debe habitar cada espacio, abrir caminos… Hasta allí, en esos lugares donde parece aún reinar la incomprensión, el odio y la discriminación.
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