El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que encabeza el juez Amauri Martínez, concluyó la parte del proceso a los imputados en el caso denominado Operación Medusa, en que se encuentra imputado el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
La defensa material la ejerció el propio imputado principal, con una intervención de varias horas, y en la que relató su versión de los hechos.
Habló sobre las que considera ingratitudes de subalternos y amigos, penurias familiares, cirugías y procedimientos médicos, el retiro del visado americano a él y a su familia, la pérdida de las atenciones en salud en el primer mundo para sus relacionados más cercanos y otras penas. En fin, el otrora poderoso Procurador General de la República definió el proceso en su contra como una venganza y no como una decisión castigar la corrupción, poner fin a la impunidad y abogar por la transparencia.
El expediente relacionado con las actuaciones del señor Rodríguez es demasiado largo. Por su propia petición y de sus abogados, tuvo que ser leído completo, igual que la presentación de pruebas, porque su estrategia jurídica fue apostar a la extinción del proceso penal por razones de tiempo.
Es y seguirá siendo su derecho establecer la estrategia de defensa junto a su equipo jurídico. Pero la misma estrategia contiene, en el fondo una debilidad, y es la imposibilidad de refutar los contenidos de la acusación y los testimonios de sus subalternos y socios en actuaciones reñidas con la ley.
Incluso la defensa sobre la base de que se trata de una venganza en su contra, por las nuevas autoridades del Ministerio Público, resulta también una confirmación de que sus actuaciones fueron conflictivas, reñidas con la ley y con la ética, y que se le quiere hacer daño por venganza, utilizando acusaciones que él no ha desmentido.
La otra cuestión ha sido argumentar que el Ministerio Público le exoneró de responsabilidades penales por un supuesto descargo a su gestión, también resulta cuestionable y está sujeta a una interpretación del magistrado Amauri Martínez sobre los tiempos en juego y las actuaciones del funcionario. Ser procurador no te excluye de una persecución penal ni del compromiso de cumplir con los mandatos de la ley.
Se recuerda que por lo menos 27 de las personas imputadas, por delitos relacionados con mandatos del entonces Procurador, llegaron a acuerdos con la PEPCA para asumir sus compromisos y ofrecer información que confirma las acusaciones que están en manos del tribunal de Instrucción.
El juzgado de Instrucción fue apoderado el 5 de julio del 2022 para conocer la Operación Medusa. La designación la realizó la coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que está bajo la responsabilidad de la magistrada Kenya Romero, la elección fue realizado mediante un sorteo, y el juez Martínez ha ofrecido excesivamente oportunidades para la defensa de Jean Alain y los demás imputados. Ha sido un ejercicio de Instrucción altamente garantista.
El magistrado Martínez intentó el 12 de agosto del 2022 dar inicio a la parte preliminar del proceso, sin embargo, no fue posible debido a la estrategia de dilación puesta en marcha por Jean Alain y sus abogados. El proceso pudo comenzar en junio del 2023, en una etapa que igualmente ha sido alargada, de manera abusiva, pues el tribunal se vio acorralado y conducido por los imputados a una innecesaria lectura íntegra del expediente, que contiene 12,275 páginas.
El juez Martínez tiene que fallar varios incidentes que les fueron presentados por las partes, y deberá decidir sobre los acuerdos notificados por el Ministerio Público con los imputados que admitieron culpabilidad y colaborar con la justicia para bajar la sanción que les corresponde. Otros imputados quedaron fuera del proceso, y hasta se encuentran fuera de la República Dominicana.
El juez Martínez dictará sentencia que se dará a conocer el próximo viernes 28 de junio, en la misma sala del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. La sentencia es sencilla, pues consiste en decidir sí o no envía a juicio de fondo a las personas imputadas, y en la admisión o no de las pruebas presentadas.
Esperamos que la justicia actúe con la responsabilidad que le toca, y que el caso de la extinción penal por caducidad haya desaparecido.