El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia del juicio que se le sigue al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a otros imputados, en el denominado caso Medusa, atendiendo a la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia conozca un recurso de casación pendiente.
La decisión de las juezas responde al recurso interpuesto contra el fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó el auto de no ha lugar dictado a favor de Juan Asael Martínez Pimentel y ordenó su envío a juicio de fondo, al considerar que existen suficientes elementos que sustentan la acusación formulada por el Ministerio Público.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 20 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Según la acusación, Martínez Pimentel formaba parte de una red que manipuló procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos destinados a los centros penitenciarios, con el objetivo de beneficiar económicamente al entonces procurador Jean Alain Rodríguez.
El expediente incluye señalamientos de alteración de documentos, adjudicaciones irregulares y entrega de productos de baja calidad.
La revocación del no ha lugar dictado previamente por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción, se sustentó en que Martínez Pimentel fue beneficiado tras un acuerdo con el Ministerio Público, el cual fue posteriormente anulado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), luego de que el imputado alegara en audiencia que fue extorsionado para firmarlo.
Martínez enfrenta cargos por presunta violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como a disposiciones de la Ley 448-06 sobre soborno y la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En el expediente del caso, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de haber participado en una red de corrupción que, entre 2016 y 2020, habría malversado más de 6,000 millones de pesos mediante sobornos, estafas, coalición de funcionarios, prevaricación y lavado de activos.
Además de Rodríguez y Martínez Pimentel, figuran como imputados Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Miguel José Moya y otros exfuncionarios y contratistas privados.
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