Le mantuvo una garantía económica de 30 millones de pesos y el impedimento de salida del país.
A la salida de la sala, Jean Alain aseguró a los periodistas que, aunque ha sido "bastante duro", asumió con "mucha entereza y paciencia" los casi cuatro años de privación de libertad, de ellos 18 meses de prisión preventiva, aunque, aseguró, no debería haber sido "un solo día".
"Llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad", dijo Rodríguez, quien antes de que el tribunal variara las medidas prometió no sustraerse del proceso penal.
La Fiscalía fracasó en su empeño por mantenerlo en prisión domiciliaria, aunque advirtieron que el proceso sigue y que el Ministerio Público va a hacer lo posible para demostrar la culpabilidad en el juicio, cuyo inicio se ha aplazado al 23 de junio próximo.
Además de Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa están acusados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, así como 22 empresas.
Afrontan cargos por supuesta corrupción, incluidos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante la gestión de Rodríguez como procurador general de la República (2016-2020).
Según el expediente acusatorio, se malversaron más de 6 mil millones de pesos mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República bajo el mandato de Rodríguez Sánchez.
Poco antes del dictamen de hoy, la titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, consideró que la sociedad dominicana está pendiente de las imputaciones penales “graves y serias” que pesan sobre Jean Alain, más que del nombre Medusa que se le dió al caso judicialmente, sobrenombre que el Tribunal Constitucional vetó junto a cualquier otro que degrade al acusado, entre otros argumentos.
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