La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) documenta, en tres investigaciones especiales por separado, hallazgos sobre los contratos de seguridad que Servicios Nacionales de Seguridad Integral (SENASE) firmó con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur). La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) pidió las tres auditorías en el marco de la investigación de la Operación Lobo.

Sus hallazgos (pagos sin respaldo, adendas fuera del límite legal, contratos sin registrar y expedientes ausentes) pueden servir de contexto documental al expediente de la Operación Lobo, donde el Ministerio Público sostiene que hubo sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad, aunque los informes no mencionan la operación ni establecen que se pagaron sobornos.   

En total, los tres informes registran contratos por RD$ 1,167 millones 483 mil y pagos por RD$ 974 millones 127 mil a la compañía de seguridad SENASE. El INAIPI contrató RD$ 195 millones 473 mil, adendas incluidas, y pagó RD$ 174 millones 253 mil. Edeeste contrató RD$ 867 millones 282 mil entre contratos y adendas, y desembolsó RD$ 619 millones 115 mil. Edesur firmó un contrato principal de RD$ 104 millones 727 mil y desembolsó RD$ 180 millones 757 mil. Son períodos distintos, así que las cifras no son del todo comparables, y la de Edesur no incluye el monto de sus adendas.   

Estas son las observaciones más relevantes. En el INAIPI, RD$ 111 millones 901 mil se pagaron sin reportes de asistencia ni bitácoras, RD$ 55 millones 732 mil tienen facturas con fechas inconsistentes y tres actas del Comité de Compras, por RD$ 164 millones 549 mil, carecen de motivación según la observación. En Edeeste, los auditores no hallaron evidencia del registro de contratos y adendas por RD$ 867 millones 282 mil, y observaron un excedente de RD$ 89 millones 328 mil sobre el límite legal de modificación y 58 expedientes de pago incompletos por RD$ 481 millones 612 mil.   

Por último, en Edesur, 14 pagos por RD$ 60 millones 855 mil se hicieron después de vencido el contrato. Además, hay expedientes incompletos por RD$ 172 millones 470 mil y transacciones sin documentos por RD$ 53 millones 882 mil. Estos montos se superponen: un mismo pago puede aparecer en más de una observación, y por eso no deben sumarse como perjuicio total. Los informes no mencionan la operación ni relacionan sus hallazgos con los acusados, que se presumen inocentes mientras no haya sentencia firme. Lo que sí muestran es un recorrido que se repite, con variantes, desde la adjudicación hasta el pago, y que deja más preguntas que respuestas.   

Cómo nació la investigación   

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La PEPCA, encabezada por Mirna Ortiz Fernández, pidió a la Cámara de Cuentas, mediante un oficio del 15 de agosto de 2025, que examinara contratos, pagos y desembolsos de fondos públicos vinculados con SENASE desde 2020. La Cámara dispuso el trabajo en septiembre de 2025. Luego, con la Resolución ADM-2026-002, del 16 de enero de 2026, amplió el alcance a la contratación, ejecución y pagos entre el 1.º de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2025 en Edeeste. En Edesur, el período empezó en marzo de 2017 y en el INAIPI, en enero de 2020, aunque el análisis cubrió desde el tercer trimestre de 2022.   

El recorrido del dinero: del contrato al pago   

El recorrido empieza con la adjudicación: un proceso de compras o una licitación termina en un contrato de vigilancia por horas. Los auditores observaron actas sin motivación y expedientes de selección sin solicitud de contratación, dictamen jurídico, actas del comité ni ofertas. Después, el contrato crece con adendas. En el INAIPI, las dos adendas de un contrato de diciembre de 2022 elevaron su monto original en 93 %, con un exceso de RD$ 10 millones 795 mil sobre el límite legal del 50 %. En Edeeste, las cuatro adendas del contrato de 2019 (RD$ 216 millones 717 mil) alcanzaron el 85 % del valor original y se firmaron cuando el contrato ya había vencido.   

Luego vienen la facturación y el pago. Los auditores encontraron facturas emitidas antes de cerrar el período facturado o por servicios previos al contrato, horas diurnas y nocturnas mal clasificadas y pagos tramitados sin los soportes que acreditan el servicio: reportes de asistencia, bitácoras, controles de entrada y salida, formularios de recepción y certificaciones. Sin esos controles, dicen los auditores, la institución no pudo validar que el servicio se prestó antes de autorizar el pago. La CCRD aclara que la documentación incompleta no demuestra por sí sola que los servicios no se prestaron. Lo llamativo es la repetición: observaciones del mismo tipo aparecen en tres instituciones y en varias administraciones.   

INAIPI: cerca de dos de cada tres pesos, sin la documentación 

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En el INAIPI se evaluaron siete procesos de compras, que dieron ocho contratos por RD$ 195 millones 473 mil, adendas incluidas. Se pagaron RD$ 174 millones 253 mil y, de ese total, RD$ 111 millones 901 mil (cerca del 64 %) se tramitaron sin reportes de asistencia, bitácoras ni controles de entrada y salida. Es decir, cerca de dos de cada tres pesos se pagaron sin documentación que comprobara el servicio. El informe atribuye a esta observación indicios de responsabilidad penal.   

Según el informe, los pagos fueron de RD$ 66 millones 97 mil en 2023, RD$ 87 millones 680 mil en 2024 y RD$ 20 millones 474 mil en 2025. El análisis empezó en el tercer trimestre de 2022 porque el INAIPI informó que no registra compras a SENASE hasta el segundo trimestre de ese año.   

Otras observaciones: RD$ 55 millones 732 mil en facturas con fechas inconsistentes; RD$ 25 millones 322 mil cargados a zonas distintas de donde se prestó el servicio; 673,634 horas facturadas sin reportes de asistencia; RD$ 5 millones 550 mil por 38,070 horas adicionales; y tres actas del Comité de Compras, por RD$ 164 millones 549 mil, sin motivación. Tras las réplicas, los auditores precisaron que solo el acta de la licitación de 2022 carece de motivación. También faltan documentos de soporte, y en 48 centros trabajó un solo agente todo un fin de semana, pese a la rotación exigida.   

Asimismo, el informe separa varios montos entre la administración del 22 de octubre de 2020 al 21 de agosto de 2024 y la posterior. Facturas inconsistentes: RD$ 48 millones 750 mil y RD$ 6 millones 982 mil; zonas distintas: RD$ 16 millones 208 mil y RD$ 9 millones 113 mil; horas adicionales: RD$ 3 millones 374 mil y RD$ 2 millones 175 mil; clasificación de horas: RD$ 869 mil y RD$ 135 mil.   

Edeeste: contratos sin registrar y  adendas fuera del límite   

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La CCRD mantuvo seis hallazgos: sin evidencia de registro de 2 contratos y 4 adendas por RD$ 867 millones 282 mil; contratos firmados fuera de plazo; sin garantía de fiel cumplimiento de la cuarta adenda; adendas firmadas con el contrato vencido; excedente de RD$ 89 millones 328 mil sobre el límite de modificación, con indicios de responsabilidad penal; y 58 expedientes de pago, por RD$ 481 millones 612 mil, incompletos.   

Los contratos y las adendas   

El contrato de 2019, de RD$ 254 millones 778 mil, se firmó el 6 de junio de 2019 y vencía el 3 de junio de 2022. Sus cuatro adendas, firmadas entre el 2 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2024, suman RD$ 216 millones 717 mil y se firmaron con el contrato ya vencido; falta la póliza de la cuarta, por RD$ 21 millones 203 mil. Después, el segundo contrato, de RD$ 395 millones 787 mil, rige del 1.º de marzo de 2024 al 1.º de marzo de 2026. Ambos se firmaron con 20 y 2 días hábiles de retraso; el informe identifica a Quilvio Bienvenido Rodríguez González como representante de SENASE.   

Los desembolsos   

Entre enero de 2019 y marzo de 2025, Edeeste desembolsó RD$ 619 millones 115 mil. Los pagos casi se duplicaron de 2022 (RD$ 70 millones 584 mil) a 2023 (RD$ 134 millones 175 mil), año de tres de las cuatro adendas, aunque el informe no los relaciona. Esa cifra no equivale a los RD$ 867 millones 282 mil de contratos y adendas.   

Los expedientes incompletos   

Los 58 expedientes incompletos se reparten en seis períodos de gestión, pero eso no demuestra la participación de cada funcionario. Faltan, entre otros, autorizaciones bancarias, certificaciones de disponibilidad de fondos, documentos tributarios y de seguridad social, y constancias de aceptación del servicio.   

Edesur: pagos sin contrato vigente y expedientes desaparecidos   

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El contrato 0215-2017 se firmó el 28 de septiembre de 2017 por RD$ 104 millones 727 mil, aunque establecía su inicio el 1.º de septiembre; Edesur no supo explicar la diferencia. Tuvo cuatro adendas (dos de tarifas y dos de vigencia, la última hasta el 30 de junio de 2021). Después, la distribuidora hizo 14 pagos por RD$ 60 millones 855 mil sin contrato vigente, según su Dirección de Finanzas.   

La Gerencia de Compras había advertido que extender el contrato violaba la ley, y aun así se pagó de forma directa con base en el oficio DS-00147-2021, por continuidad del servicio. Los auditores respondieron que eso no justifica pagar sin contrato. Edesur desembolsó RD$ 180 millones 757 mil entre 2017 y 2022, cifra que, según el informe, no equivale a un monto irregular o perdido.   

Documentos y expedientes que no aparecen   

Al comparar lo confirmado por SENASE con los expedientes de Edesur, los auditores hallaron 37 transacciones por RD$ 53 millones 882 mil sin documentos para analizarlas, lo que impidió verificar su trazabilidad fiscal. Tampoco se entregaron tres expedientes de pago de 2017 y 2019 por RD$ 8 millones 287 mil; dos de las referencias corresponden a un mismo contrato y su primera adenda.   

Por otro lado, los expedientes entregados, por RD$ 172 millones 470 mil, también tenían carencias: sin certificaciones tributarias y de seguridad social en 46 pagos y de disponibilidad de fondos en 45; 45 pagos por RD$ 165 millones 745 mil sin formularios de recepción; 14 por RD$ 64 millones 383 mil sin órdenes de compra ni contratos; y cinco, por RD$ 19 millones 374 mil, con documentos sin firmas ni sellos. Edesur dijo que los pagos tenían instrucciones firmadas y admitió que no pudo establecer las causas; los auditores mantuvieron el hallazgo.   

Diferencias contractuales   

Además, hay una diferencia de RD$ 258 mil entre el contrato principal y el cálculo de los auditores, discrepancias en el personal y falta del desglose de horas diurnas y nocturnas en las dos primeras adendas, cuyos incrementos (RD$ 7 millones 766 mil y RD$ 12 millones 67 mil) llevaron el valor a unos RD$ 124 millones 561 mil. Edesur no halló soportes de la diferencia entre el monto adjudicado y el del contrato. En el apartado 3.3, la CCRD calificó los montos superiores a lo ofertado como «perjuicio económico directo y cuantificable» y planteó responsabilidad administrativa y civil.  

Una factura y el proceso de selección   

La factura FC-0012381, del 25 de agosto de 2021, figura por RD$ 4 millones 887 mil en Edesur y por RD$ 4 millones 387 mil en SENASE; Edesur atribuyó los RD$ 500 mil de diferencia a un error del proveedor en una nota de crédito. La CCRD también observó que no hay evidencia de publicación del proceso EDESUR-CCC-LPN-2017-003 y que su expediente carece de dictamen jurídico, actas del comité y ofertas. Los indicios penales se plantean en los hallazgos de la factura y de las transacciones sin documentos.   

Operación Lobo y el factor militar   

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La PEPCA investiga la Operación Lobo a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El Ministerio Público informó el 15 de julio de 2026 que acusó a 14 personas físicas y jurídicas y pidió apertura a juicio por presuntos sobornos de unos RD$ 108 millones 80 mil para obtener y mantener contratos en las distribuidoras eléctricas, el Seguro Nacional de Salud y el INAIPI. Entre los acusados figuran oficiales militares y policiales, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de SENASE, y Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur.  

En qué instancia está la acusación   

La causa está en fase preliminar. La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, apoderó por sorteo al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a quien corresponde decidir si envía el caso a juicio de fondo. 

Después, el 26 de octubre, el tribunal separó la causa contra Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud, porque presentó una licencia médica de 15 días y fijó su audiencia para el 16 de noviembre. Ese día, según Acento, la audiencia se suspendió sin nueva fecha porque su defensa presentó una nueva recusación contra el juez, y el expediente debe ser remitido a la Corte de Apelación para que decida. Hasta ahora no consta ningún auto de apertura a juicio ni sentencia de fondo.   

Según el Ministerio Público, el expediente se sustenta en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales. Los cargos son soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. La acusación ubica los pagos de SENASE en dos períodos, 2012-2020 y 2020-2025, y dice que se hicieron con transferencias bancarias y entregas de efectivo.   

Cronología del caso   

La Operación Lobo salió a la luz en julio de 2025, con allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago. El 15 de agosto de 2025, la PEPCA le pidió a la Cámara de Cuentas que examinara los contratos de SENASE, y el 16 de enero de 2026, la CCRD amplió el alcance de las auditorías.   

El 15 de julio de 2026, el Ministerio Público informó de la acusación y de la solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas. Para los demás acusados, la audiencia preliminar continuó el 30 de octubre. Por último, este 16 de noviembre, según Acento, se suspendió sin nueva fecha la audiencia de Elías Caamaño Pérez, después de que su defensa presentara una nueva recusación contra el juez; el expediente iría a la Corte de Apelación.   

Quiénes son los acusados   

6871c226ad450-1-728x410Entre las diez personas físicas acusadas está el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante y propietario de SENASE.   

Los demás acusados ocuparon puestos de seguridad en las instituciones. El mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz fue director de seguridad de Edesur. En Edeeste, el coronel Luis Ernesto Vicioso Bocio fue director de seguridad y el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz integraba el Departamento de Seguridad. En Edenorte, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil, y el coronel Andrés Pacheco Varela fueron encargados de seguridad.   

Asimismo, en el INAIPI figuran el coronel Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad, y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad. Completan la lista Elías Caamaño Pérez, coronel y excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea.   

Las cuatro personas jurídicas son Servicios Nacionales de Seguridad Integral, SRL (SENASE) y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Rodríguez González, y Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, asociadas a Fernández Espinal y a Miguelina Antonia Rosario Sánchez.   

En julio de 2025, durante la audiencia de medida de coerción, cinco de los diez imputados (Rodríguez González, Fernández Espinal, Pacheco Varela, Quezada Ortiz y Peralta Santos) admitieron los hechos, según el Ministerio Público, que lo presentó como confirmación de su teoría del caso. Esa admisión se produjo en la etapa de medidas de coerción y no equivale a una sentencia; los demás imputados no admitieron los hechos, y todos conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.   

Qué aportan las auditorías al caso   

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Las tres auditorías las solicitó la PEPCA, la misma procuraduría que sostiene la acusación, y examinan contratos de SENASE en tres instituciones que menciona el expediente: el INAIPI, Edeeste y Edesur. Sus hallazgos giran en torno a los mismos contratos de seguridad que la acusación vincula con presuntos sobornos, y pueden servir de contexto documental. Además, entre los acusados están quienes dirigieron o integraron la seguridad del INAIPI (Guarín Fernández Vásquez y Peralta Santos), de Edesur (Robles Díaz) y de Edeeste (Vicioso Bocio y Quezada Ortiz).   

Pero para ser precisos. Los informes de la Cámara de Cuentas no mencionan la operación ni a los acusados, no establecen que se pagaran sobornos y no consta que se hayan incorporado como prueba al expediente. Si los hallazgos refuerzan o no la acusación, lo valorará el tribunal.   

Por otra parte, sobre el papel de los militares, las auditorías no dicen nada. El único dato del lado militar es indirecto: la exdirectora del INAIPI, Besaida Santana de Báez, justificó la adenda por la salida del personal militar de los centros, que aumentó la necesidad de vigilancia privada. Es su explicación, y los auditores sostuvieron que no justifica superar el límite del 50 %. Cómo se relacionan los hallazgos con las acusaciones de sobornos lo tendrá que determinar la justicia.   

Las respuestas: otro período, otra área, otros archivos   

Las instituciones y los exfuncionarios respondieron por escrito a los auditores, y muchas respuestas tienen algo en común: llevan el asunto a otro período, a otra área o a los archivos. El encargado de Fiscalización del INAIPI dijo que asumió el cargo después de los pagos, y la encargada de Relaciones Laborales, que ella no gestionó ese proceso. Besaida Santana de Báez afirmó que hay controles de facturación firmados y sellados en los centros y que la Contraloría aprobó la adenda.   

Por su parte, Edeeste alegó que no estaba habilitada para registrar contratos en la Contraloría y que los procedimientos de la época no exigían ciertas certificaciones por cada factura. Los exfuncionarios Luis Ernesto de León y Andrés Emmanuel Astacio Polanco sostuvieron que los hechos quedaban fuera de su período, y María Luisa Carbonell pidió que la responsabilidad se determine de forma individual. Edesur explicó los pagos posteriores al vencimiento por la continuidad del servicio. La CCRD mantuvo las observaciones por falta de evidencia, aunque en el INAIPI excluyó los documentos de soporte que se habían subsanado parcialmente.   

Marco legal y responsabilidades   

Las respuestas no cambiaron las conclusiones de la CCRD, que calificó de insuficiente el cumplimiento de los procesos auditados. Sus hallazgos se clasifican en tres tipos de responsabilidad: los de responsabilidad administrativa y civil se remiten a la entidad fiscalizada, y los que tienen indicios penales sustentan el envío al Ministerio Público. Esa determinación es autónoma y no limita lo que decidan otras autoridades. Para las faltas administrativas, el informe del INAIPI recuerda multas de entre cien y quinientos salarios mínimos del sector público.   

En cuanto a la base legal, las normas citadas son: artículo 31, numeral 4, de la Ley 340-06 y artículo 127 del Decreto 543-12 (límite del 50 % en la modificación de contratos de servicios); artículo 49 de la Ley 10-04 y artículos 123, 124 y 405 del Código Penal (indicios penales); y artículo 122 del Reglamento de la Ley 18-24 y artículo 69 de esa ley (Plan de Acción Correctivo de 25 días hábiles, obligatorio y verificado por la CCRD).   

Además, la CCRD pide individualizar las responsabilidades según las fechas, las funciones y la vinculación con cada actuación, y remite al anexo 3 del informe de Edeeste. Estas conclusiones no son una sentencia ni una declaración de culpabilidad, y las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no haya sentencia firme.   

INAIPI: indicios penales en los RD$ 111 millones 901 mil pagados sin reportes de asistencia ni controles de entrada y salida (artículo 49 de la Ley 10-04 y artículos 123, 124 y 405 del Código Penal) y en los RD$ 55 millones 732 mil con facturas inconsistentes (artículos 123 y 124). Las nueve observaciones comprometen la responsabilidad administrativa, y la 3.8 también la civil. Entre ellas está la segunda adenda (aumento acumulado de 93 %, con RD$ 10 millones 795 mil sobre el límite del 50 %), cuyas normas no se detallan.   

Edeeste: el excedente de RD$ 89 millones 328 mil sobre el límite de modificación (hallazgo 3.5, con hechos entre el 4 de junio de 2022 y el 29 de febrero de 2024) implica responsabilidad administrativa e indicios penales, según la Ley 340-06, el Decreto 543-12, la Ley 10-04 y los artículos 123 y 124 del Código Penal. Los demás hallazgos son de responsabilidad administrativa; no se detallan sus normas.   

Edesur: responsabilidad administrativa, con indicios penales en los hallazgos de la factura FC-0012381 y de las transacciones confirmadas por SENASE, cuyos documentos no se entregaron; no se detallan las normas.   

Julián P. Herrera

Periodista

Periodista. Reportero de Acento.com.do

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