En un balance sobre los avances, brechas y desafíos del Estado de derecho en la República Dominicana, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, analizó detalladamente el panorama del sistema judicial del país.
Aunque reconoció notables mejoras operativas y métricas institucionales, advirtió que la verdadera consolidación del sistema dependerá de que el ciudadano común experimente un trato digno, imparcial y comprensible.
Al abordar qué requiere un ciudadano para sentir que el sistema trabaja a su favor, Castaños Guzmán articuló las prioridades en torno al concepto de justicia procedimental:
“Primero: que la persona sienta que fue escuchada con respeto; segundo: que percibió neutralidad y tercero: que recibió explicaciones comprensibles, independientemente de si el fallo le fue favorable o no”, determinó.
Asimismo, enfatizó que un acceso real exige que la orientación comience antes de pisar el tribunal para evitar gastos sustanciales en intermediarios, impidiendo la revictimización por “peregrinajes burocráticos” o demoras en la entrega de copias de denuncias.
En ese sentido, subrayó la necesidad de diseñar interfaces simples y garantizar que los jueces expliquen sus decisiones en lenguaje claro, eliminando la terminología técnica innecesaria.
La desigualdad desde la geografía judicial, los sesgos y la violencia de género
El diagnóstico expuesto evidencia una asimetría territorial, socioeconómica y de género en la administración de justicia.
En materia de carga procesal, las diferencias regionales son drásticas. En 2025, el Distrito Nacional registró una tasa de 2,689 expedientes civiles y comerciales por cada 10,000 habitantes, cifra que contrasta ampliamente con Barahona (600) y Santiago (316).
Además, la criminalidad muestra una alta concentración geográfica, debido a que el 73% de los homicidios del país se focalizó en solo cinco demarcaciones: Santo Domingo (30%), Distrito Nacional (12%), San Pedro de Macorís (11%), Santiago (10%) y San Cristóbal (9%).
En las regiones con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) se disparan las tasas más críticas de violencia contra las mujeres y maltrato intrafamiliar, afectando en mayor medida a provincias como San Juan de la Maguana, Puerto Plata y Barahona, esta última encabezando la tasa nacional en delitos sexuales.
Violencia de género, femicidios, forenses
Durante 2024, las Unidades de Atención a la Violencia de Género gestionaron 104,772 denuncias (59,744 por violencia de género e intrafamiliar y 7,206 por delitos sexuales), requiriendo la emisión de 37,822 órdenes de protección.
Aunque la tasa de feminicidios se redujo de 2.8 a 1.5 por cada 100,000 mujeres entre 2015 y 2024, el país mantiene la tercera tasa más alta de América Latina.
Las marcadas disparidades también se reflejan en la efectividad de los fallos y en la equidad institucional. Las condenas en primera instancia oscilan desde apenas un 22% en La Vega y un 31% en San Francisco de Macorís, hasta un 69% en Puerto Plata y un 71% en el Distrito Nacional.
Asimismo, la brecha de género persiste en la judicatura: en el Sur, la presencia de juezas de carrera cae al 39% en Barahona y al 41% en San Juan, mientras que en la Suprema Corte de Justicia solo hay 5 mujeres entre 17 magistrados (29%).
En materia forense, los centros especializados atendieron en 2024 apenas el 59% de las solicitudes (1,313 de 2,227), lo que evidencia la urgencia de ampliar la capacidad y contratar peritos en salud mental e intérpretes de lengua de señas y creole haitiano.
Para corregir estas asimetrías, Finjus fijó prioridades claras: planificar el territorio cruzando carga procesal, pobreza y violencia; fortalecer la Oficina Nacional de Defensa Pública (catalogada como la gran niveladora social tras asistir 503,413 casos entre 2003 y junio de 2025); e impulsar la accesibilidad física universal para llevar del 87% actual al 100% la presencia de rampas y baños adaptados en los Palacios de Justicia.
Avances internacionales, paradoja de percepción y eficiencia en resoluciones
Castaños Guzmán ponderó las mejoras documentadas por el World Justice Project entre 2019 y 2025.
Durante dicho periodo, el factor de ausencia de influencias gubernamentales indebidas sobre el sistema penal creció un 26%, la percepción de imparcialidad aumentó un 37%, la efectividad del sistema penitenciario mejoró un 39%, el respeto al debido proceso administrativo subió un 33% y los controles sobre el Poder Ejecutivo se incrementaron en un 30%.
En el índice general de Estado de Derecho, el país avanzó de 0.48 en 2022 a 0.53 en 2025, situándose como el segundo mejor calificado de la región, solo por detrás de Costa Rica.
No obstante, en la justicia civil persisten desafíos serios, situándose la aplicación efectiva en 0.38 y la justicia libre de corrupción en 0.48, ambas por debajo del umbral de 0.50.
Esto coincide con una brecha histórica de percepción documentada en 2020, donde mientras los jueces calificaban su gestión interna con 8.75 sobre 10, la ciudadanía la valoraba con apenas 4.78 sobre 10. Pese a esto, se han dado pasos en el trato al usuario, como la aprobación en 2023 de la Guía y Protocolo de Trato Digno y la capacitación de 200 operadores judiciales en 2025.
A nivel operativo, los números reflejan un alto volumen de respuesta. El Tribunal Superior Administrativo recibió 14,966 recursos entre 2019 y 2025 y resolvió 18,078 (tasa de resolución del 120%), mientras que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió 17,223 expedientes frente a 15,550 ingresados (111%).
En materia civil y comercial se procesaron más de un millón de trámites (1,072,677 entrados frente a 1,016,587 despachados, un 94% de respuesta) y la jurisdicción laboral resolvió 139,346 de 160,135 expedientes (87%), destacando Barahona con un incremento del 56% en su capacidad resolutiva laboral.
Los métodos alternativos de solución de conflictos y sus límites éticos
El análisis dedicó un apartado clave a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), definiéndolos como una justicia de proximidad, restaurativa y humana.
Entre 2019 y 2025, los Centros de Mediación Judicial atendieron a 158,666 personas y tramitaron 64,695 solicitudes. Para diciembre de 2025, se resolvieron 13,356 casos penales y de coerción mediante mecanismos no adversariales (37.6% del total ingresado).
Asimismo, las Casas Comunitarias de Justicia han mantenido desde 2006 una labor donde la mediación y conciliación explican más del 70% de sus intervenciones, mientras que las Cortes de Arbitraje de Santo Domingo y Santiago alcanzan niveles de cumplimiento voluntario de laudos de entre el 70% y el 90%.
Advertencia ética fundamental
Sin embargo, el ejecutivo de Finjus formuló una advertencia ética fundamental sobre estos instrumentos:
“Estos mecanismos no pueden ser solo válvulas de escape para descongestionar los tribunales ni convertirse en una solución rápida que sacrifique derechos; no es justicia”, dijo el vicepresidente de Finjus.
Por ello, enfatizó que la mediación requiere salvaguardas estrictas, exige un equilibrio real para evitar que las asimetrías socioeconómicas consoliden un despojo disfrazado de consenso; establece la prohibición absoluta de derivación en contextos de violencia de género e intrafamiliar, considerando una grave negligencia institucional remitir a una víctima a conciliar con su agresor; y manda a que todo acuerdo cuente con revisión judicial de legalidad para proteger derechos irrenunciables.
El verdadero estándar de la justicia
Al sintetizar la posición de Finjus sobre el futuro del sistema judicial dominicano, Servio Tulio Castaños Guzmán concluyó:
“La justicia dominicana ha avanzado de manera cuantitativa y operativa. Los números están ahí y hay que reconocerlos. Pero todavía le falta el paso más importante: que cualquier dominicano, sin importar dónde viva, cuánto tenga en el bolsillo o qué nivel de escolaridad tenga, pueda sentir que el sistema le trató con dignidad y le resolvió el problema.
Ese es el verdadero indicador de que la justicia está funcionando. Y ese es el estándar que debemos seguir exigiendo”.
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