El abogado Cristian Martínez, defensa técnica del general Adán Cáceres Silvestre, imputado en el caso Coral, afirmó que el Ministerio Público no realizó una investigación real y que la acusación carece de fundamentos financieros, al sostener que todas las operaciones del acusado estaban plenamente identificadas, bancarizadas y previamente auditadas.
Durante la contrarréplica del juicio de fondo, ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Martínez cuestionó el propósito del proceso y lanzó una interrogante directa:
“¿Qué hacemos aquí?”
El jurista sostuvo que el propio órgano acusador reconoce que el 99.48 % de los ingresos del general Cáceres provenían de fondos lícitos, como salarios, incentivos institucionales, intereses de certificados y operaciones bancarias regulares, todos canalizados a través de una única cuenta en el Banco de Reservas.
“En esa cuenta figuran absolutamente todos los salarios, incentivos, intereses, cargos bancarios, préstamos, pagos y salidas. Incluso los préstamos que se pagaban automáticamente desde esa misma cuenta, que fue sometida a un escrutinio riguroso por el propio Ministerio Público”, expresó.
Martínez enfatizó que la acusación admite que, tras analizar las cuentas del acusado, se determinó que el 100 % de su patrimonio estaba identificado, regular y justificado, por lo que a su juicio resulta contradictorio sostener que existan fondos ilícitos.
Vivienda adquirida con financiamiento bancario.
En relación con la vivienda familiar atribuida como uno de los supuestos elementos de enriquecimiento ilícito, el abogado explicó que el inmueble fue adquirido en 2013 mediante un financiamiento bancario de seis millones de pesos, complementado con un pago inicial, operación que según dijo también fue reconocida por el Ministerio Público.
“Si el propio órgano acusador reconoce que la compra se estructuró con financiamiento bancario y que los pagos del préstamo salían de una cuenta alimentada por ingresos lícitos, verificados y auditados, ¿dónde está la irregularidad?”, cuestionó.
Indicó que los pagos del préstamo hipotecario se realizaron desde la misma cuenta bancaria que el Ministerio Público analizó y validó, lo que, a su entender, descarta cualquier presunción de lavado o uso de fondos ilegales.
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