En el primer día de la fase de contrarréplica ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el abogado Romel Jiménez, defensa del general Adán Cáceres Silvestre, afirmó que el Ministerio Público no logró demostrar la existencia del supuesto entramado de corrupción alegado en el proceso conocido como operación Coral.
Durante su intervención, el jurista sostuvo que la acusación se fundamenta en la tesis de que varias personas recibían dinero mediante transferencias bancarias provenientes de nóminas del Museo de la Guardia Presidencial y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), sin prestar servicios, y que posteriormente devolvían esos fondos a militares u otros supuestos integrantes del entramado. Sin embargo, aseguró que en ningún momento se estableció de manera concreta cómo habrían participado los imputados en esa presunta estructura.
Jiménez enfatizó que, aun en el escenario hipotético de que el entramado hubiese existido —lo cual afirmó que tampoco fue probado—, el Ministerio Público no aportó evidencias específicas que vinculen a los acusados con la supuesta sustracción de fondos del Cusep.
Según explicó, la acusación presentó dos grandes grupos de pruebas: la auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con sus anexos documentales, y los testimonios. Al analizar el informe de auditoría, el abogado indicó que el único renglón en el que ese órgano realizó una afirmación cercana a una imputación formal fue el relacionado con las nóminas, ya que en los demás aspectos se limitó a señalar faltas administrativas o deficiencias de información.
Citó la página 54 del informe de auditoría, marcada como prueba 113 en la fase de apertura a juicio, donde se indica una presunta “sustracción de recursos a través de las nóminas pagadas a personal”.
Según el informe, esa conclusión se sustentó en entrevistas realizadas a empleados y en el análisis de soportes de transferencias bancarias.
El defensor detalló que la Cámara de Cuentas entrevistó a varias personas y que, de acuerdo con el informe, estas habrían recibido pagos por nómina del Cusep y posteriormente transferido esos recursos a terceros.
No obstante, Jiménez sostuvo que ninguna de las personas entrevistadas declaró ante el Ministerio Público haber recibido dinero de manera ilícita ni haber participado en un esquema de devolución de fondos, y señaló además que las propias entrevistas presentan contradicciones internas que, a su juicio, restan credibilidad a las conclusiones del informe de auditoría.
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