Desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder en agosto de 2020, su gobierno ha reiterado el compromiso de impulsar una gestión basada en la transparencia, la integridad y un sistema de justicia fortalecido mediante cambios estructurales. Sin embargo, a más de cuatro años del inicio de esa administración, una parte significativa de la población dominicana continúa a la espera de condenas firmes en los principales casos de corrupción administrativa.
Aunque el sistema de justicia mantiene en agenda varios expedientes de alto perfil, el Ministerio Público ha sido objeto de cuestionamientos por la extensión y complejidad de los expedientes, que, pese a su volumen, no han derivado en sentencias ejemplares en la mayoría de los casos.
El pasado 5 de enero, el presidente Abinader designó a Antoliano Peralta como ministro de Justicia. Esta cartera fue creada mediante la Ley 80-25, con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Justicia y coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros órganos vinculados al sector.
Durante el último año, solo los casos Agricultura, Antipulpo y Gavilán han culminado con condenas en materia de corrupción administrativa. En contraste, procesos como Medusa, Coral, Calamar, Intrant y Fedopem permanecen en distintas etapas procesales.
En varios de estos expedientes, los abogados de la defensa han solicitado la extinción de la acción penal, alegando que han transcurrido más de cuatro años sin que se dicte una decisión definitiva, mientras algunos procesos aún se encuentran en fase preliminar o en juicio de fondo.
Casos pendientes en los tribunales
Operación Coral. Enviada a juicio de fondo en julio, involucra a 48 imputados —30 personas físicas y 18 jurídicas— acusados de defraudar al Estado con más de RD$4,000 millones. El proceso se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Operación Medusa. Destapada en 2021, tiene como principal imputado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, junto a 40 personas y 22 empresas, acusadas de manejar de manera irregular más de RD$6,000 millones. El caso se encuentra en juicio de fondo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Operación Calamar. Involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta. Actualmente se ventila en audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez.
Caso Intrant. Salió a la luz pública a finales de 2022 y cobró mayor relevancia en 2023, tras investigaciones periodísticas, denuncias ciudadanas y auditorías oficiales que señalaron presuntas irregularidades administrativas y contractuales en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Caso Fedopem. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional continúa conociendo la audiencia preliminar contra los directivos de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez, acusados de presunta asociación de malhechores, desfalco, estafa, falsificación y lavado de activos.
Mientras los procesos avanzan de forma desigual en los tribunales, el debate público se mantiene abierto sobre la efectividad del sistema de justicia y la capacidad del Estado para traducir las investigaciones por corrupción en sentencias definitivas
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