En el juicio de fondo del caso Medusa, cuyo principal investigado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, las defensas de los imputados continuaron presentando este lunes una serie de incidentes procesales, lo que ha impedido el inicio de la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público.
Durante la audiencia, el abogado Ybo Sánchez, defensor del señalado Alfredo Alexander Solano Augusto, sostuvo que los imputados tienen derecho a acceder a la carpeta fiscal y conocer las actuaciones de la Fiscalía Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), siempre que ello no obstaculice la investigación.
Sánchez indicó que este planteamiento ya había sido presentado durante la etapa preliminar del proceso, pero no fue debidamente valorado por el tribunal, pese a que implicaba posibles violaciones a derechos fundamentales.
El defensor recordó que estas violaciones fueron reconocidas posteriormente por el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia núm. 766, dictada el 6 de diciembre, así como en la resolución 15-2021, emitida durante la presidencia anterior de ese órgano.
“No estamos trayendo nada nuevo; esto ya ha sido dicho por el Tribunal Constitucional y por la Suprema Corte de Justicia”, enfatizó.
Sánchez subrayó que la Suprema Corte de Justicia y tribunales ordinarios han establecido que todos los jueces poseen la competencia de inaplicar una norma que consideren inconstitucional en un caso concreto, recordando que “todos los jueces son jueces constitucionales y guardianes celosos de la Constitución desde el momento en que asumen sus funciones”.
Sobre las modificaciones al Código Procesal Penal, la defensa aclaró que los artículos relativos a la reserva de actuaciones no fueron derogados, sino reubicados: los antiguos artículos 290 y 291 pasaron a ser los actuales 293 y 294. La novedad, según explicaron, consiste en que ahora se establece un plazo para la reserva, se exige identificar de manera expresa los documentos o pruebas reservadas y se dispone que dicha reserva debe ser judicializada y puesta en conocimiento del tribunal.
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