La Corte de Apelación confirmó la madrugada de este jueves la orden de prisión preventiva contra Santiago Hazim y compartes, acusados de actos de corrupción en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el pedimento del Ministerio Público sobre inadmisibilidad y confirmó las medidas de coerción impuestas en el caso Operación Cobra, ratificando la prisión preventiva de 18 meses dictada en diciembre pasado.
El pleno del tribunal, integrado por las magistradas y magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, desestimó en el fondo los recursos de apelación interpuestos por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado cabecilla del entramado, así como por Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Al enlazar su decisión con el análisis previo sobre el peligro de fuga, la Corte reiteró que el juez debe ponderar no solo elementos externos como el arraigo, sino también la gravedad del hecho, la pena imponible y el daño resarcible, evitando vulnerar el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución que impuso la prisión preventiva por 18 meses.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto y director de Persecución, Wilson Camacho, acompañado por el procurador de Corte Héctor García y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.
Los jueces también ratificaron las medidas de coerción impuestas a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Según la acusación, al grupo encabezado por Hazim Albainy se le imputan delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que las acciones atribuidas afectaron al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a más de siete millones de afiliados, con un perjuicio estimado en al menos 15 mil millones de pesos dominicanos.
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