¿Qué condenas podrían recibir los imputados en Senasa?

Los imputados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se exponen a penas de prisión que podrían alcanzar hasta 20 años, además de multas elevadas e inhabilitación para ejercer funciones públicas, en caso de que el tribunal los declare culpables de los delitos que les atribuye el Ministerio Público.

Delitos supuestamente cometidos en operación Cobra

De acuerdo con la acusación, el órgano persecutor sostiene que los encartados incurrieron en asociación de malhechores, corrupción administrativa, estafa contra el Estado, falsificación y uso de documentos falsos, lavado de activos y violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, entre otros cargos, lo que permite la aplicación de sanciones acumulativas conforme al Código Penal y a leyes especiales.

En el caso de los principales imputados, las penas podrían ser hasta de 20 años de prisión, además del pago de multas equivalentes a cientos de salarios mínimos, así como la devolución de los fondos presuntamente sustraídos y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por períodos prolongados.

Para otros acusados, considerados con distintos niveles de responsabilidad dentro del expediente, las condenas solicitadas oscilan entre 5 y 15 años de prisión, acompañadas de sanciones económicas y medidas accesorias, como la pérdida de derechos civiles y políticos relacionados con el ejercicio de la función pública.

El Ministerio Público sostiene que las acciones imputadas provocaron un grave daño patrimonial al Estado dominicano y afectaron directamente los recursos destinados a la atención de millones de afiliados del sistema público de salud, razón por la cual ha insistido en la imposición de penas severas.

Las defensas, por su parte, han rechazado las imputaciones y aseguran que no existen pruebas suficientes para sustentar una condena, argumentando que las actuaciones de sus representados se realizaron dentro del marco legal y administrativo correspondiente.

Acusación del Ministerio Público

Según la acusación del Ministerio Público, Santiago Hazim  es señalado como el principal cabecilla de la estructura, a quien se le atribuye la coordinación del esquema, así como delitos de corrupción administrativa, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. El órgano persecutor sostiene que bajo su dirección se ejecutaron maniobras irregulares que habrían provocado un grave daño patrimonial.

Asimismo, el expediente imputa a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, a quienes se les atribuye haber participado en distintos niveles de la presunta estructura, facilitando decisiones administrativas irregulares, uso de documentos falsos y operaciones financieras contrarias a la ley.