La defensa de los imputados en el denominado caso Senasa u operación Cobra está integrada por abogados de amplia trayectoria en procesos penales complejos y de alto impacto mediático, varios de ellos con participación previa en expedientes emblemáticos de corrupción administrativa conocidos en los últimos años.
Uno de los principales defensores es Carlos Balcácer, representante legal de Rafael Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Balcácer calificó como “muy débil y famélica” la motivación del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional al imponer las medidas de coerción a sus clientes.
Su trayectoria incluye la defensa del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa en el caso Odebrecht, así como su participación en los equipos legales de Alexis Medina Sánchez en el caso Antipulpo y del exprocurador general Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa.
También figura Miguel Valerio, abogado del exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como principal imputado.
Valerio ha sostenido que su defendido padece esclerosis y que ha experimentado una pérdida de peso de entre 70 y 80 libras, argumentos expuestos en el marco de la discusión sobre las medidas de coerción. Valerio ha tenido participación previa en los casos Antipulpo y Medusa, defendiendo a imputados vinculados a redes de corrupción administrativa.
La barra defensora también incluye a Hirohito Reyes, representante legal de Germán Robles, exconsultor jurídico de Senasa.
Reyes ha sido conocido por plantear alegatos centrados en el debido proceso y las garantías constitucionales. En su historial figuran intervenciones en el caso Medusa, así como actuaciones en fases preliminares del caso Antipulpo y otros procesos penales y constitucionales de alta exposición pública.
En la defensa de Ada Ledesma Ubiera actúa Marcelino Vargas Brito, con experiencia en litigios por corrupción administrativa ante tribunales ordinarios. Vargas Brito forma parte del equipo legal que ha llevado recursos ante la Corte de Apelación en el marco del caso Senasa, además de otros litigios penales estratégicos en el Distrito Nacional.
Por su parte, Jaime Caonabo Terrero representa a Iván Minaya, y ha enfocado su estrategia en la discusión de derechos fundamentales y la proporcionalidad de las medidas de coerción. Terrero cuenta con experiencia en procesos penales de alto perfil vinculados a corrupción administrativa y participa activamente en los recursos de apelación dentro del caso Senasa.
La presencia de estos abogados, con historial en algunos de los expedientes judiciales más relevantes del país, anticipa una defensa técnica intensa y prolongada, en un proceso que el Ministerio Público ha calificado como uno de los mayores casos de presunta corrupción en el sector salud dominicano.
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