El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana hizo un llamado a los actores económicos, al Gobierno, y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político dominicano.
Mediante un comunicado, Participación Ciudadana explicó que este llamado es debido a las últimas informaciones referentes a figuras de altas esferas del empresariado y con estrechos vínculos con el poder político, principalmente, con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activo.
"Las últimas informaciones referentes a figuras de altas esferas del empresariado y con estrechos vínculos con el poder político han generado justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión, como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, llamados a evitar que personas vinculadas con estas actividades ilícitas penetren a la actividad económica nacional, subrayó Participación Ciudadana".
Recientemente, Fabio Augusto Jorge, quien se desempeñó como asesor honorífico para las Zonas Francas y Gaspar A. Polanco, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, fueron requeridos por el gobierno de Estados Unidos por su presunta vinculación con una red internacional de tráfico de cocaína.
En ese orden, Participación Ciudadana indicó que es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, directo e indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano.
Además, enfatizó que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que les obligaría a realizar diligencias ampliadas sobre el origen de fondos de las personas que realizan aportes económicos privados para las campañas electorales, lo que a su entender dificultaría el acceso de fondos productos del narcotráfico, y de otros delitos precedentes.
El movimiento cívico no partidista consideró que aunque el actual partido de Gobierno emitió un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de los miembros y vinculados a esa organización política, la organización política tiene cuota de responsabilidad en permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales, por lo que deberá tomar medidas drásticas para evitar “situaciones tan escandalosas como la que hoy sufre”.
En ese orden, destacó que existen diversos casos de narcotráfico, en su mayoría vinculados a esa organización política, como el exdiputado Miguel Gutiérrez, condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos; la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, también es exlegisladora del PRM y condenada a cinco años de prisión, así como los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero, Héctor Félix y el regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera.
“En muchos de los casos, las actividades sospechosas de parte de los hoy investigados, o condenados, formaban parte del vox populi, o rumor público, en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales”, precisó.
Finalmente, Participación Ciudadana exhortó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos hacer uso del poder reglamentario que le otorga la ley, y clasifique a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a los candidatos, como sujetos obligados no financieros, con todos los efectos que dispone la ley.
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