Cada día conocemos más detalles escalofriantes del bochornoso robo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Desde que estalló el escándalo, la primera figura que apareció al frente del supuesto entramado de corrupción fue su director, doctor Santiago Hazim, vicepresidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), de descendencia libanés y hombre de confianza del presidente Luis Abinader.
La investigación, por orden del mandatario dominicano, la dirige la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El testimonio de cada implicado aumenta el número de involucrados en este inhumano caso de corrupción gubernamental.
Unos revelan nombres y montos malversados que supuestamente ascienden ya los 51 mil millones de pesos a cambio de reducción de pena por el delito cometido. Otros ofrecen devolver buena parte de lo sustraído en busca de libertad pura y simple.
Aunque el presidente Abinader solicitó a la justicia que recupere todo el dinero robado en SENASA, el mandatario sabe que eso no ocurrirá.
Es casi seguro que gran parte de ese dinero está en paraísos fiscales “offshore” sin posibilidad de retorno.
En los centros offshore, figuras de muchos países registran empresas fantasmas que no revelan nombres o beneficiarios de esos multimillonarios recursos que en su gran mayoría provienen del blanqueo de dinero, la corrupción y propiedades en litigio.
SENASA es un escándalo más de corrupción gubernamental de los que estamos acostumbrados los dominicanos.
Ya vivimos el desmadre de corruptela que ocurrió en los 20 años de gobiernos peledeístas de Leonel Fernández y Danilo Medina, y los cuatro del expresidente Hipólito Mejía.
Ni hablar del expresidente Joaquín Balaguer, quien logró que dicho mal no ingresara a su despacho como lo aseguró una vez. Ahí dejó entrever que la corrupción era un mal que existía en cada una de las oficinas del Estado bajo su mandato.
La percepción de los dominicanos es que en los gobiernos de los expresidentes Fernández y Medina, la corrupción administrativa prevaleció con desafuero e impunidad.
Mientras que sobre la administración del ex presidente Mejía la percepción es que la corrupción fue de mediano nivel, pero con igual nivel alta impunidad.
Sobre los primeros cinco años del gobierno de Abinader ya se considera que la corrupción administrativa prevalece con mayor desafuero que en el PLD, pero con bajo nivel impunidad.
Y lo peor, con un agravante agregado, funcionarios gubernamentales y congresistas del partido oficialista involucrados en delitos del narcotráfico y lavado de activos que ha obligado a los Estados Unidos pedirlos en extradición para juzgarlos sin contemplación con todo el peso de la ley en esa nación.
La corrupción siempre será un tema importante para periodistas, analistas y comentaristas que buscan ampliar los hechos ocurridos con detalles adicionales no publicados.
Eso aumenta el peligro para quienes ejercemos la profesión de informar con mayores detalles y rigurosa objetividad esas noticias de interés colectivo.
Por esa labor recibimos amenazas veladas y directas como forma de amedrentar al que informa.
Por su “atrevimiento” de informar, lo que no quieren que se sepa sobre un acto doloso o vergonzoso contactan al informador de forma directa o a través de tercero con mensajes amenazantes en busca de silenciar las informaciones “perjudiciales” que se emiten en su contra.
El colega J.C. Malone, recién divulgó un entramado de corrupción en su columna “Testigo del Tiempo” que publica en otro importante medio de comunicación.
Su investigación periodística revela detalles que involucran a una familia de alto nivel económico de San Pedro de Macorís con el caso SENASA. Da detalles desconocidos no solo por los dominicanos de esa región Este del país, sino hasta de los investigadores miembros del PGR.
En menos de 24 horas, recibió un mensaje por whatsapp a su celular privado. Una amenaza directa de uno de los miembros de esa familia por su “atrevimiento” de revelar lo que ellos no quiere que se sepa. Tengo copia del mensaje.
Ese es el peligro que corremos los periodistas, por publicar informaciones importantes que pueden esclarecer hechos punitivos ocultos con premeditación.
Si la información publicada es falsa, como el “injuriado” asegura, más que enviar una amenaza para acallarlo le quedaba mejor y más ventajoso entablar ante la justicia una demanda por difamación contra J.C. Malone para lograr limpiar una imagen, ahora más cuestionada por la amenaza.
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