Licencia para matar

Hace unos días una amiga me dijo que se había vuelto «pro Bukele». Ayer mi entrenador, joven teniente de la Marina y persona a quien considero recta, me contó satisfecho que la Policía había «puesto en 29» a tres delincuentes. Yo no sabía qué significaba «poner en 29». Ahora lo sé: significa matar a un presunto delincuente.

Dos personas, a pesar de ser muy distintas, expresaban la misma idea: frente a determinadas circunstancias, ciertos límites pueden dejar de parecernos necesarios.

Lo extraño es que no me siento más insegura que hace cinco años. Entonces, ¿qué cambió? En República Dominicana siempre hemos conocido brotes de delincuencia y violencia. También conocemos desde hace mucho las muertes a manos de la Policía y los famosos «intercambios de disparos».

Quienes vivimos los doce años de Balaguer sabemos, además, que la violencia ejercida o tolerada desde el poder no es una novedad. Entonces los opositores políticos y militantes de izquierda fueron perseguidos por los cuerpos represivos y por bandas parapoliciales. Cambian las épocas, cambian las víctimas y cambian las justificaciones.

Lo que inquieta hoy es la facilidad con que muertes a manos de la Policía, denunciadas en numerosos casos como ejecuciones extrajudiciales, pueden encontrar aprobación. En medio de una reforma policial que no termina de aterrizar, corremos el riesgo de volver a acostumbrarnos a la violencia del Estado y terminar viéndola como un mal necesario.

No ignoro lo que significa vivir con miedo. Hay lugares donde la gente deja de salir de noche, cambia sus rutinas, contrata guardaespaldas si puede pagarlos o se marcha. La inseguridad puede condicionar una vida entera, y un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos incumple una de sus obligaciones esenciales.

Puedo comprender ese hartazgo y la frustración ante una justicia que no responde de manera adecuada. Lo que no puedo aceptar es que la violencia del delincuente determine hasta dónde puede llegar la violencia del Estado. Cuando el delincuente actúa fuera de la ley y el Estado, para combatirlo, decide hacer lo mismo, empieza un peligroso engranaje: las garantías se convierten en obstáculos, el debido proceso en una complicación y quien promete acabar con el crimen sin demasiados miramientos, en una solución.

El paso siguiente es dejar de ver al delincuente como una persona que debe responder por sus actos y convertirlo simplemente en alguien de quien hay que deshacerse. Su muerte deja entonces de perturbarnos.

Precisamente por eso los derechos fundamentales no fueron concebidos para premiar a la gente buena. Existen para impedir que decidamos quién merece conservarlos y quién puede quedar fuera de ellos.

Hay además una razón mucho más práctica para preocuparse: un delincuente muerto no habla. No puede decir quién le proporcionó el arma, quién compró lo robado, quién ordenó el crimen, quién financia la banda o quién la protege. Las acusaciones formuladas estos días de que determinadas muertes podrían servir para silenciar a integrantes de bandas son demasiado graves para asumirlas sin pruebas.

Debería interesarnos más capturar vivo a quien puede conducirnos hasta los demás integrantes de una banda. La eficacia policial no puede medirse por el número de muertos. Una Policía eficaz investiga, reúne pruebas, detiene y permite que la justicia haga su trabajo. Si la justicia no funciona, hay que exigir que funcione, no sustituirla por una bala.

Cada vez que aceptamos una excepción porque nos parece necesaria, la siguiente resulta un poco más fácil de aceptar. Hasta que la excepción se convierte en costumbre y, casi sin darnos cuenta, terminamos concediendo al Estado una suerte de licencia para matar.