Donald Trump ha intensificado su estrategia de mano dura al anunciar nuevas operaciones migratorias y amenazar con desplegar la Guardia Nacional en Chicago. Mientras su Gobierno insiste en que busca frenar la violencia y el crimen, sus críticos sostienen que se trata de una táctica autoritaria destinada a intimidar comunidades y reforzar su poder político. ¿Está Trump combatiendo la violencia o consolidando un discurso autoritario?
Donald Trump no da tregua en su política de mano dura contra la migración irregular. Esta semana, el presidente de Estados Unidos redobló sus esfuerzos en esa línea, mientras aumentan las críticas que califican sus medidas de autoritarias.
El sábado, Trump publicó en su red social Truth Social un meme inspirado en la película ‘Apocalipsis ahora’, en el que se presenta como héroe frente a una Chicago en llamas y sobrevolada por helicópteros. Un día después, al salir de la Casa Blanca, declaró: “No vamos a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”.
Así, tras semanas de prometer que desplegaría las tropas de la Guardia Nacional en Chicago, el Gobierno Trump aseguró que había lanzado una ofensiva de deportaciones en Illinois dirigida a “criminales” entre los inmigrantes irregulares.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la operación estaba a cargo de ICE, pero no entregó más detalles.
Por el momento, queda por ver si —como lo prometió el presidente— enviará soldados de la Guardia Nacional a Chicago para acompañar a ICE y otros agentes del orden público federal.
Las autoridades locales reaccionaron con críticas. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, denunciaron no haber recibido notificación oficial sobre el operativo y lo calificaron como un “truco político” destinado a intimidar.
La controversia se intensificó aún más porque el anuncio coincidió con una decisión de la Corte Suprema, que en una votación de 6 a 3 permitió a los agentes federales en el sur de California reanudar las llamadas “patrullas itinerantes”. El fallo autoriza detener a personas por su raza, etnia, idioma o acento, incluso sin sospecha razonable de estancia irregular en el país.
La Corte accedió a una solicitud de emergencia de la Administración Trump para levantar una orden que bloqueaba este tipo de prácticas en Los Ángeles y el sur de California.
En ese contexto, surgen las preguntas: ¿hasta qué punto el nuevo operativo de Trump, que se suma a una baraja de acciones contra la migración, pretende luchar contra el crimen? ¿O se trata más bien de una estrategia “autoritaria” e “intimidatoria” como lo han denunciado sus detractores? Lo abordamos.
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¿Cuál es la justificación del Gobierno Trump?
La última operación del ICE en Chicago ha sido justificada por el Departamento de Seguridad Nacional. Según aseguró, esta fue necesaria debido a las leyes de “santuario” que tiene el estado y que han sido una "traba" para la cooperación con las autoridades federales de migración.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que esta iba dirigida a supuestos “pandilleros, violadores, secuestradores y narcotraficantes convictos”. También citó 11 casos de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, que supuestamente tenían antecedentes de arresto o de condenas por delitos graves y que habrían sido liberados de cárceles locales en vez de haber sido entregados a funcionarios federales de inmigración.
McLaughlin los catalogó como "los peores de los peores inmigrantes ilegales criminales en Chicago".
Un discurso que va de la mano y replica el tono utilizado por Trump en las últimas semanas.
El presidente aseguró —luego de amenazar con enviar la Guardia Nacional— que su pretensión era “ayudar a Chicago” y que no buscaba “hacerles daño”. "¡Solo los criminales saldrán perjudicados! Podemos actuar con rapidez y detener esta locura", señaló.
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La condena de las autoridades locales
Mucho antes del anuncio del despliegue de la operación, las autoridades de Illinois ya se habían pronunciado fuertemente en contra de las pretensiones del presidente del país. De hecho, después de las publicaciones de Trump el fin de semana, el gobernador del estado aseguró que el mandatario estaba “amenazando” con “declararle la guerra a una ciudad estadounidense”.
“Esto no es una broma. Esto no es normal", sentenció. Y, haciendo referencia al talante que catalogó de autoritario de estas medidas, agregó: "Donald Trump no es un dictador, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador".
En ese sentido, y tal como muestra ‘Los Angeles Times’, “los críticos de Trump advierten que está exagerando la delincuencia en las ciudades estadounidenses para obtener ventajas políticas”.
El diario hace referencia no solo al caso de Illinois, sino también al despliegue de tropos que Trump ha llevado a cabo en Los Ángeles, Washington D. C., y otras ciudades del país.
Así pues, sus opositores argumentan, según dice el diario, que “Trump está instaurando un estado policial militar que ataca a sus oponentes políticos, pisotea el debido proceso, instaura a los leales por encima de los institucionalistas y erosiona las antiguas distinciones entre las fuerzas armadas y las fuerzas del orden nacionales”.
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¿Trump busca realmente combatir el crimen?
El argumento tácito de las estrategias de mano dura de Trump es claro: combatir el crimen. En ese sentido, ha señalado a las ciudades demócratas —con políticas mucho más abiertas a la migración— como las más violentas y peligrosas del país.
Trump se ha referido al caso de la capital. “DC era un infierno y ahora es un lugar seguro”, declaró. Y prometió: “En una semana, no habrá delincuencia en Chicago”.
Sin embargo, y tal como lo muestra un artículo de ‘The Guardian’, los datos parecen contradecir la línea argumentativa del presidente. Los mayores índices de homicidios en 2024 se registraron en urbes de estados republicanos: Jackson (Misisipi), Birmingham (Alabama), St. Louis (Misuri) y Memphis (Tennessee).
Según Trump, Chicago es “la ciudad más peligrosa del mundo” y ha mencionado en repetidas ocasiones que en dos semanas y media hubo 20 muertos y 75 heridos por bala.
El diario británico asegura, sin embargo, que en Chicago, la tasa de homicidios fue de 17,5 por cada 100.000 habitantes en 2024, lejos de la ciudad gobernada por republicanos, Jackson, que alcanzó un 78,7 por cada 100.000 habitantes.
De hecho, este año los asesinatos han caído en Chicago: se han reportado 278 en lo que va de este año, es decir, 118 menos que en el mismo periodo de 2024. Esto significaría una tasa de unos 15 por cada 100.000, entre las más bajas en seis décadas.
Según el alcalde de Chicago, los homicidios disminuyeron un 30% en el último año en Chicago. Además, aseguró que la Policía del estado ha retirado 24.000 armas de las calles.
“Esta maniobra que este presidente intenta ejecutar no es real. No nos ayuda a avanzar hacia una ciudad grande, más segura y asequible”, sentenció Johnson el mes pasado.
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¿Estrategia política o promesa de campaña?
Las acciones lanzadas por el presidente Trump dividen la opinión de los líderes políticos del país. Líderes republicanos aseguran que el despliegue de tropas ha sido una de las banderas del mandatario, incluso antes de llegar a la Casa Blanca. En ese sentido, Trump está cumpliendo una promesa de campaña: combatir la delincuencia y llevar a cabo deportaciones masivas.
Por otro lado, surgen voces como la de Jeylu Gutiérrez, representante del distrito 14 de Chicago -citado por Reuters-, quien dice que “nunca se trató de arrestar a los peores, de los peores, se trata de aterrorizar a nuestras comunidades".
Una declaración similar a la de Pritzker, quien asegura que Trump no busca combatir la delincuencia. “Eso requiere apoyo y coordinación. Sin embargo, no hemos experimentado nada parecido en las últimas semanas", señaló.
El gobernador de Illinois ha incluso asegurado que los despliegues de la Guardia Nacional de Trump podrían ser un ensayo general para utilizar a los militares para manipular las elecciones legislativas de mitad de período de 2026.
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¿Qué piensan los estadounidenses?
Más allá de las divisiones políticas, parece que la estrategia de Trump de desplegar la Guardia Nacional en diversos puntos del país no tiene el respaldo deseado por el presidente.
Esto lo evidencia una encuesta de CBS News-YouGov, que muestra un rechazo mayoritario a la estrategia de Trump de desplegar la Guardia Nacional para combatir el crimen.
Según el sondeo, el 57% de los encuestados se opuso a esta medida en Washington D. C., el 58% rechazó aplicarla en otras ciudades y un 61% en sus propias comunidades.
El respaldo a esta política tampoco es contundente cuando se pregunta por su efectividad. Los estadounidenses están divididos casi a la mitad: el 49% cree que el uso de la Guardia Nacional reduce la delincuencia, mientras que el 51% considera que no.
Además, solo un 36% de los ciudadanos dijo sentirse más seguro gracias a la intervención militar en las calles.
Aun así, la preocupación por la delincuencia se mantiene alta. Según una encuesta de AP-NORC, el 81% de los estadounidenses y el 68% de los demócratas consideran que el crimen es un problema grave en las grandes ciudades.
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El fallo de la Corte Suprema que también enciende las alarmas
En paralelo del comienzo de una nueva operación de ICE y de las reiteradas amenazas de Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional, la decisión de la Corte Suprema de autorizar a los agentes federales de inmigración a reanudar redadas en el sur de California basadas en la raza, el idioma o el acento de las personas, incluso sin sospecha razonable de estancia irregular también ha encendido las alarmas.
El fallo levantó una restricción que impedía estas prácticas y, en ese sentido, otorga un respaldo directo a la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la Administración Trump.
Los opositores a Trump han recalcado la gravedad de este precedente para los inmigrantes del país, y han alertado que podría derivar en casos de xenofobia y racismo. Además, señalan que se trata del 17º fallo consecutivo favorable a Trump de la Corte Suprema.
Tras el fallo, se pronunció la jueza liberal Sonia Sotomayor, quien aseguró que la decisión “constituye otro grave abuso de nuestro expediente de emergencia”.
“No deberíamos vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, agregó.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom calificó el fallo como un “desfile de terror racial” y prometió combatir lo que considera un ataque directo contra familias y comunidades enteras.
La decisión también revive preocupaciones constitucionales. Un juez federal ya había advertido que estas redadas violaban la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones arbitrarias.
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Con Reuters y medios locales
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