La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar una trama golpista encaminada a "perpetuarse en el poder", luego de perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Aquí el desglose del voto a voto de esta inédita sentencia en el país.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Supremo a 27 años y tres meses de prisión por intentar perpetrar un golpe de Estado y por “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, entre otros crímenes.
También tendrá que pagar una multa equivalente a 124 días, en el valor de dos salarios mínimos por día. Considerando la remuneración en vigor en el momento en que fueron cometidos los crímenes, el valor total que tendrá que abonar el exmandatario es 376.400 reales (unos 70.000 dólares).
El Supremo Tribunal Federal, además, condenó por cuatro votos a uno a los otros siete imputados en el “juicio del siglo” en Brasil, en el que por primera vez en la historia del país un expresidente y varios militares de alto rango tuvieron que responder por un intento de golpe.
Las penas restantes oscilan entre los 26 años de cárcel para el general retirado Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Casa Civil y de Defensa y candidato a la Vicepresidencia en la lista de Bolsonaro en las elecciones de 2022; y los 16 años, un mes y 15 días para Alexandre Ramagem, diputado federal y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
Para Mauro Cid, el ayudante personal de Bolsonaro que hizo un acuerdo de colaboración con la justicia, la pena fue de dos años en régimen abierto.
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¿Cómo votó cada juez?
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Alexandre de Moraes: símbolo del caso y posible víctima
Es el juez instructor del caso, el relator, pero también una de las potenciales víctimas del llamado ‘Plan Puñal Verde y Amarillo’, cuyo objetivo, según el expediente, era matar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su vice Geraldo Alckmin y al propio Moraes. El hecho de ser juez y parte en este proceso ha causado una cierta polémica en el medio jurídico. Moraes quiso zanjarla durante la audiencia, cuando destacó que lo que se estaba juzgando era un intento de golpe de Estado y no su tentativa de asesinato.
Para Moraes, estaba claro que “querían perpetuarse en el poder”, según recordó durante la lectura de su voto, que superó las cinco horas.
En varios momentos llamó a Bolsonaro “líder del grupo criminal”, subrayando su responsabilidad en los delitos atribuidos por la Fiscalía General del Estado.
Para sustentar su voto, aportó varias pruebas, como extractos de discursos y de conexiones en directo en las que Bolsonaro amenazó al Tribunal Supremo y a sus miembros. Para Moraes, sus declaraciones revelan que “el expresidente reconoció que no quería respetar la democracia”.
Incluso en el último día del juicio oral, el magistrado mostró un vídeo en la sala en el que Bolsonaro amenazaba a Moraes durante una manifestación en el Día de la Independencia en 2021.
En las imágenes, grabadas en la Avenida Paulista de São Paulo, Bolsonaro llamó a Moraes "sinvergüenza" y exigió al ministro que archivara las investigaciones bajo su jurisdicción. En respuesta, Moraes declaró: “Si me doblegara y las archivara cobardemente, sería un delito contra el Estado democrático de derecho”.
Otro argumento de Moraes es que el intento de golpe comenzó en 2021 y culminó el 8 de enero de 2023, con la vandalización de edificios públicos en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. También destacó que “no es normal tener anotaciones golpistas en una democracia”, en referencia a la agenda del general Augusto Ribeiro, quien fue el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de Brasil durante la gestión de Bolsonaro.
Finalmente, cabe destacar el PowerPoint con el resumen de las principales pruebas, que proyectó en la sala durante su discurso.
“El acusado Jair Messias Bolsonaro continuó con esta estrategia golpista estructurada por la organización criminal, bajo su liderazgo, para poner en duda el resultado de futuras elecciones, siempre con el objetivo de obstruir el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral, atacar al Poder Judicial y asegurar la permanencia de su grupo político en el poder, independientemente del resultado electoral”, argumentó el relator.
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Flávio Dino: apoyó la condena a Bolsonaro
Fue el segundo magistrado a votar y se mostró a favor de condenar a los ocho acusados por intentar un golpe de Estado con el fin de impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, electo en 2022. En un discurso breve y sintético, siguió la votación del relator Alexandre de Moraes, pero matizó que la pena debería ser menor para algunos de los imputados, como el general Augusto Heleno Ribeiro.
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Luiz Fux: el voto polémico a favor del expresidente
Fux protagonizó el voto más polémico del Supremo, al respaldar la absolución de Bolsonaro y de otros cinco imputados. Su argumento principal era que no había evidencia de la formación de una organización criminal liderada por Bolsonaro para intentar abolir el Estado democrático de derecho con un golpe de Estado.
En una votación que duró más de 13 horas, Fux afirmó que tampoco había pruebas de la participación de Bolsonaro en otros tres puntos centrales de la acusación: la utilización de los Servicios Secretos para espiar a políticos y jueces; los ataques al sistema electoral y el intento de golpe de Estado.
En su opinión, tampoco quedó demostrado que Bolsonaro conociera el plan ‘Puñal Verde y Amarillo para asesinar a Lula y otras autoridades. Finalmente, habló de la “absoluta incompetencia” de la Suprema Corte en esta acción penal y declaró la nulidad de todas las decisiones adoptadas por este tribunal.
Analistas apuntan a que Fux pagará un precio muy alto por su voto y se espera que se quede aislado. En el momento de la lectura de sentencias, el actual presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, compareció en la sala y se sentó muy lejos de Fux, dejando un vacío muy elocuente en la mesa de los jueces.
En los últimos días, la prensa ha recuperado reportajes antiguos en los que se denunciaban supuestos abusos de poder y una cercanía con el clan político de Bolsonaro.
La revista Piauí republicó un texto de 2016 de la periodista Malu Gaspar, en el que relató cómo la hija de Fux, que entonces tenía 32 años, consiguió una plaza como jueza en Río de Janeiro gracias a los contactos de su padre y a la presión que ejerció sobre el entonces gobernador Sérgio Cabral, que posteriormente fue condenado a casi 430 años de prisión por corrupción.
Otro reportaje de 2019 reveló que el hijo abogado de Fux tenía entre sus clientes a varios ejecutivos de empresas y entidades que donaron dinero a Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente, para su campaña electoral.
En se mismo año, la prensa brasileña informó que Fux, que en aquel entonces era vicepresidente del Supremo Tribunal Federal, suspendió las investigaciones sobre movimientos financieros sospechosos de Fabrício Queiroz, exasesor del senador Flávio Bolsonaro, por un caso muy célebre de desvío de verba pública.
Horas después de su voto, Valdemar Costa Neto, quien es presidente del Partido Liberal, el mismo que representa a Bolsonaro, dijo públicamente que Fux podría concurrir el año que viene a un escaño de senador en las listas de su partido. En dos años, el magistrado tendrá que jubilarse forzosamente del Supremo por su edad.
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Carmen Lúcia Antunes: "Hay pruebas concluyentes de que practicó los crímenes que se le imputan"
La única jueza de la Sala Primera rechazó el argumento de Fux de que el Supremo Tribunal Federal sería incompetente para juzgar el caso. Carmen Lúcia, como es llamada en Brasil, resaltó la importancia de la democracia y confirmó que Bolsonaro fue el autor ideológico del golpe.
“Hay pruebas concluyentes de que Bolsonaro practicó los crímenes que se le imputan, que desarrolló e incrementó un plan sistemático de ataque contra las instituciones democráticas con el fin de perjudicar la alternancia legítima de poder en las elecciones de 2022 y minar el libre ejercicio de los otros poderes constitucionales, especialmente el judicial”, dijo durante la lectura de su voto. “El 8 de enero de 2023 no fue un hecho banal, algo que acontece después de un almuerzo del domingo, cuando la gente sale a pasear”, agregó.
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Cristiano Zanin
Fue el último en votar, por ser presidente de la Primera Sala. Al igual que Carmen Lúcia Antunes, quiso dejar claro que el Tribunal Supremo es competente para juzgar el caso y rechazó el argumento presentado por algunos abogados de los acusados de que se había producido una avalancha de datos que había impedido a la defensa prepararse con tiempo. Zanin fue el abogado de Lula y el responsable de que la Corte Suprema anulase todas las sentencias contra el actual presidente.
Este juez defendió la condena de todos los imputados por todos los delitos señalados por la Fiscalía General del Estado. Sobre Bolsonaro, dijo que existe un “universo robusto” de pruebas, que demuestran la participación del expresidente en el intento de golpe.
La gran pregunta es si Bolsonaro, que desde agosto está en prisión domiciliaria, irá a la cárcel una vez que se hayan agotado todos los recursos posibles en el Tribunal Supremo. De momento, hay cuatro opciones en la mesa: mantener la prisión domiciliaria; una celda especial en la Jefatura de la Policía Federal en el Distrito Federal, como sucedió con el presidente Lula, que permaneció preso durante 580 días en la sede de la Policía Federal de Curitiba; el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde fueron encarcelados algunos de los acusados de los actos violentos del 8 de enero de 2023; o el Comando Militar de Planalto, un comando regional del Ejército Brasilero con jurisdicción en varios Estados.
Se espera que la defensa de Bolsonaro, de 70 años, pida el arresto domiciliario, alegando la edad de Bolsonaro y su delicado estado de salud.
Para la periodista Andreia Sadi, una sala especial habría sido preparada: con una cama, una silla y baño privado.
La decisión final será del juez Alexandre de Moraes, que trata la cuestión en secreto. Por otra parte, miembros de la Corte Suprema consideran remota la posibilidad de que Bolsonaro sea detenido en un cuartel, como ocurrió con el teniente coronel Mauro Cid y con el general y exministro Braga Netto. Entre los mandos militares hay un recelo que de que llevar a Bolsonaro a una prisión militar sería como “llevar la política literalmente al cuartel”.
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