La construcción de parques de energía renovable no convencional puede completarse en un año o menos, mientras que las redes de transmisión requieren más tiempo.

Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), explicó que una planta solar puede construirse en un año o incluso menos, mientras que las redes requieren más tiempo por razones técnicas, de infraestructura y por los procesos legales y regulatorios.

El funcionario señaló que esta situación no es exclusiva de República Dominicana, sino que se presenta en distintos países de América Latina y el Caribe, donde la incorporación acelerada de fuentes renovables no convencionales plantea nuevos desafíos para los sistemas eléctricos.

Según el estudio Impacto de la penetración de energías renovables en la operación del SENI, las plantas eólicas y solares, debido a su ubicación, requieren una mayor capacidad de transmisión para transportar la energía que generan hacia los centros de consumo.

Sin embargo, la expansión de la red de transmisión es un proceso costoso y complejo que requiere tiempo.

“Esto puede provocar que los proyectos renovables entren en operación antes de que la infraestructura eléctrica haya sido ampliada para recibir su producción, lo que genera posibles problemas de congestión y sobrecarga”, comentó el OC.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) destacó que para que las energías limpias lleguen a más hogares se necesita invertir en generación, almacenamiento y transmisión. Destacó que el país necesita invertir US$ 5,400 millones al 2030 para alcanzar el 30 % de renovables; y destinar US$ 2,900 millones entre 2031-2038 para mantener y consolidar ese nivel.

La CNE agregó que 13 provincias deben fortalecer la transmisión, “zonas que cuentan con un potencial de renovable, pero que requieren nuevas líneas y subestaciones para evacuar la energía” para la década del 2030.

Durante mayo de 2026, el Viceministerio de Energía reportó que, de los 4,194 MW de disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), 1,630 MW correspondieron al gas natural, frente a la energía solar aportó 430 MW; la hidroeléctrica, 205 MW; la eólica, 202 MW; la biomasa, 30 MW.

Baterías para aprovechar la solar disponible

Una de las consecuencias de las limitaciones de las redes es el vertimiento, es decir, la imposibilidad de utilizar parte de la electricidad que las plantas están en capacidad de generar.

Durante el primer trimestre del 2026, el vertimiento registró valores superiores a los de 2025, señaló el Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

  • En enero pasó de 10,361.17 MWh a 49,666.63 MWh
  • En febrero, de 3,158.82 MWh a 28,641.10 MWh
  • En marzo, de 585.84 MWh a 49,477.99 MWh

Asimismo, el OC informó que la energía vertida por las centrales de generación renovable no convencional ascendió a 60,584.45 MWh durante agosto del 2026.

“Este comportamiento es consistente con la experiencia internacional documentada en sistemas con una alta penetración de energías renovables variables (ERV), en los que el aumento de la capacidad eólica y fotovoltaica tiende a elevar la probabilidad de excedentes de generación y restricciones operativas, lo que, a su vez, puede traducirse en mayores niveles de vertimiento, particularmente durante las horas de máxima producción renovable”.

Por otro lado, la cartera de proyectos contenida en el Programa de Mediano Plazo de febrero de 2026 prevé la incorporación de aproximadamente 675 MW adicionales. Por lo que, para 2027, la capacidad ERV instalada podría alcanzar los 2,738.11 MW.

“Es razonable esperar que esta expansión aumente la probabilidad de excedentes de generación renovable, restricciones operativas y mayores niveles de vertimiento. Este efecto sería más evidente en horas de alta generación solar y menor capacidad del sistema para absorber dicha energía”, explicó el OC.

La variabilidad y la intermitencia de estas fuentes pueden hacer necesario recurrir a fuentes de respaldo, como centrales que utilizan combustibles fósiles o tecnologías de almacenamiento. “Estas alternativas permiten mantener un suministro constante y estable cuando las fuentes renovables no están disponibles”, dijo el Organismo Coordinador.

Para enfrentar ese problema, los países están incorporando sistemas de almacenamiento con baterías, una tecnología que permite acumular electricidad y utilizarla posteriormente, en lugar de perderla cuando no puede aprovecharse de inmediato.

Rebolledo indicó que América Latina y el Caribe cuentan con 3.4 gigavatios de capacidad de almacenamiento con baterías instalada, con Chile siendo el líder, con 2,291 de megavatios (MW) en operación.

El secretario ejecutivo de la Olacde explicó que la incorporación de estos sistemas debe acompañarse de mecanismos regulatorios y tarifarios que hagan económicamente atractiva su integración a las redes eléctricas.

El almacenamiento también abre la posibilidad de utilizar la solar fuera de las horas de generación, “lo que puede contribuir a atender los períodos de mayor demanda sin depender exclusivamente de las centrales que utilizan combustibles fósiles”.

El Viceministerio de Energía destacó que el gas natural aportó el 40 % de la energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) durante mayo del 2026. En segundo y tercer lugar se ubicaron las centrales de carbón (19 %) y las de Fuel Oil #6 (14 %).

  • Solar: 12 %
  • Eólica: 7 %
  • Hidroeléctrica: 7 %
  • Biomasa: 0.87 %

“Las plantas de fuel oil y la de biomasa, aunque de menor aporte, resultan fundamentales para mantener la flexibilidad del sistema y asegurar el suministro cuando la demanda se incrementa o las fuentes de sol y viento fluctúan”, detalló el Viceministerio de Energía.

De hecho, sostuvo que las centrales que utilizan gas natural “ofrecen el mayor aporte de potencia disponible por fuente primaria para abastecer la demanda de energía eléctrica, seguida las de carbón y las de Fuel Oil #6”.

El funcionario advirtió que en países donde la renovable presenta variaciones más frecuentes, la entrada y salida de estas fuentes puede generar exigencias adicionales para la operación del sistema.

“En esos casos, se requieren servicios que aporten flexibilidad y respaldo, así como una evaluación de las tecnologías más apropiadas para responder a esas necesidades”, dijo a Acento.

Por ejemplo, Brasil avanza en regulación y mecanismos competitivos específicos para el almacenamiento. “La pregunta para la región no es simplemente cuánto almacenamiento debería instalarse”, destacó.

  • Comprender qué necesidades de flexibilidad enfrenta cada sistema
  • Qué servicios se requieren, durante cuánto tiempo y en qué localización
  • Qué alternativas pueden proporcionarlos de manera eficiente.

El crecimiento de los proyectos renovables también pone a prueba la capacidad de los marcos regulatorios para responder a las transformaciones del sector eléctrico.

Consultado sobre si las leyes de América Latina y el Caribe evolucionan al mismo ritmo que la entrada de nuevos proyectos, Rebolledo señaló que la respuesta depende de cada país, aunque identificó una tendencia: las regulaciones suelen llegar después de los cambios o con menos anticipación de la necesaria.

“A medida que el almacenamiento adquiere mayor relevancia, los marcos regulatorios deben comenzar a resolver cómo se planifica, conecta y opera un recurso capaz de cargar y descargar energía, cómo participa en los diferentes segmentos del sistema y bajo qué mecanismos puede recibir ingresos por los servicios que proporciona”, expresó la Olacde.

Detalló que el almacenamiento no debe interpretarse “exclusivamente como reducción de vertimiento”, sino como una mayor capacidad para desplazar temporalmente energía entre períodos con condiciones diferentes.

Frente a este escenario, defendió la planificación energética como una herramienta para anticipar los cambios tecnológicos y económicos antes de que se conviertan en desafíos para los sistemas eléctricos.

Indicó que la Olacde promueve este enfoque a través de su Consejo de Planificación Regional, con el propósito de que los países puedan prepararse para los nuevos requerimientos de infraestructura y operación.

En el caso dominicano, en junio del 2026 fueron adjudicados 325 megavatios de los 600 megavatios que habían sido anunciados por las autoridades en la más reciente licitación de energía renovable con almacenamiento en baterías, una reducción de casi la mitad de la capacidad inicialmente proyectada.

La CNE informó que los primeros 150 MW de almacenamiento comenzarían a incorporarse al sistema a partir de finales de 2026.

Además, la ETED impulsa almacenamiento de hasta 600 MW por dos horas, equivalente a 1,200 MWh, orientada a fortalecer la flexibilidad y resiliencia del SENI.

Seguridad energética y diversificación en República Dominicana

La necesidad de ampliar las redes y almacenar se suma a los desafíos de seguridad energética de República Dominicana, que, por su condición insular y la ausencia de interconexiones eléctricas con otros países, enfrenta limitaciones para apoyarse en sistemas vecinos.

Rebolledo explicó que la integración energética regional puede contribuir a la seguridad del suministro, la resiliencia y la competitividad. Sin embargo, señaló que América Latina y el Caribe todavía presentan avances parciales, concentrados principalmente en algunas subregiones y con menor desarrollo en el ámbito del gas natural.

En el caso dominicano, sostuvo que la falta de interconexión con otros países hace más desafiante la búsqueda de soluciones, aunque consideró que la viabilidad de una eventual conexión debe analizarse desde el punto de vista económico.

El funcionario destacó la importancia de diversificar las fuentes de energía. “Esa diversificación contribuye a enfrentar las presiones que pueden producirse sobre el suministro y los precios de los combustibles ante acontecimientos internacionales”, afirmó en conversación con Acento.

Adaptar las redes al impacto del cambio climático

A los desafíos de transmisión, almacenamiento y regulación se suma la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica ante los eventos climáticos, un riesgo que, según Rebolledo, tiene una incidencia particularmente significativa en América Latina y el Caribe.

El secretario ejecutivo de la Olacde señaló que la región no solo necesita diversificar sus fuentes, sino también adaptar sus redes para responder a las condiciones que generan estos fenómenos.

Entre las medidas, mencionó una infraestructura más robusta, y cuando sea posible la descentralización de las redes.

“La adaptación al cambio climático en consecuencia pasa a ser una prioridad de la región, particularmente las redes teniendo ojalá redundancia en la medida de lo posible, descentralización de las redes, que también puede ser parte de las respuestas”, explicó.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que los sistemas de energía renovable dependen del tiempo y del clima, por lo que la transición a las energías limpias exige mejorar la información y los servicios climáticos para respaldar las decisiones sobre las operaciones, el mantenimiento y la gestión.

Indicó que equilibrando la matriz energética y diversificándose, alejándonos de los combustibles fósiles y utilizando el gas natural, que República Dominicana ha denominado el combustible de transición.

La magnitud de los cambios que necesita el sector eléctrico también supone un esfuerzo considerable de inversión. Rebolledo estimó que América Latina y el Caribe requerirán aproximadamente US$ 150,000 millones para incorporar la generación renovable necesaria y avanzar hacia los objetivos planteados para 2035.

El monto, explicó, implica la participación conjunta de los sectores público y privado, así como condiciones de financiamiento atractivas para incentivar las inversiones.

Karla Alcántara

Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano.

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