Las pérdidas de electricidad dejaron de ser únicamente un problema asociado a la facturación de las empresas distribuidoras. Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se trata de un desafío que compromete la capacidad de los sistemas eléctricos para invertir, ampliar sus redes, incorporar nuevas tecnologías y responder al crecimiento de la demanda.
En el caso de República Dominicana, las pérdidas totales de las empresas eléctricas estatales alcanzaron 44.1 % de la energía adquirida entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.
El economista del BID Invest Raúl Jiménez aseguró que América Latina y el Caribe necesita acelerar las inversiones en infraestructura para cerrar una brecha que asciende a US$ 16 billones hacia 2030. Dentro de ese monto, alrededor de US$ 180,000 millones corresponderían al sector eléctrico, lo que implicaría inversiones anuales equivalentes a aproximadamente 0.86 % del PIB para cerrar esa brecha.
El problema, sin embargo, es que actualmente la región invierte cerca de la mitad de ese nivel. A esta insuficiencia de inversión se suma que las pérdidas eléctricas se mantienen en 17 % en la última década.
Las pérdidas también frenan la expansión del sistema
Para el BID, la dimensión del problema no está en cuánta energía se pierde, sino en lo que esa pérdida representa para las empresas y para la infraestructura eléctrica.
“Cuando las distribuidoras enfrentan durante años elevados niveles de pérdidas, se deterioran sus flujos de caja y se reduce su capacidad para destinar recursos al mantenimiento, la expansión y la modernización de las redes”, expresó el economista, al agregar que el efecto termina trasladándose al servicio.
Jiménez explicó que el costo de mantener las pérdidas durante períodos prolongados puede terminar reflejándose en interrupciones, problemas de voltaje y dificultades para incorporar la energía adicional que requieren nuevas actividades económicas y desarrollos tecnológicos.
“El impacto puede ser mayor en los sectores más vulnerables, que cuentan con menos recursos para enfrentar deficiencias en la calidad del servicio”, destacó.
Jiménez explicó que la situación actual de las pérdidas eléctricas tiene relación con la evolución de las ciudades y con las limitaciones que enfrentaron los países para acompañar ese crecimiento con infraestructura.
Entre las décadas de 1970 y 1990 se produjo una fuerte expansión urbana en América Latina y el Caribe. La población urbana aumentó de manera significativa hasta convertir a la región en una de las más urbanizadas del mundo en desarrollo. Al mismo tiempo, la región enfrentó crisis fiscales y económicas que redujeron la capacidad de inversión. El congelamiento de tarifas y la limitada capitalización de empresas públicas también afectaron la posibilidad de expandir las redes al ritmo que exigía el crecimiento de las ciudades.
“El resultado fue una infraestructura que, en numerosos territorios, no logró acompañar plenamente la expansión urbana”, dijo. Por eso, para el BID, reducir las pérdidas requiere algo más que instalar medidores o detectar conexiones irregulares, sino que requiere reconstruir capacidades institucionales y financieras que permitan sostener la inversión.
Jiménez planteó que los programas exitosos necesitan respaldo político, regulación adecuada, coordinación entre instituciones y condiciones financieras que permitan a las empresas ejecutarlos.
También advirtió que las soluciones deben ser integrales. La instalación de medición inteligente, por ejemplo, debe ir acompañada de capital humano, sistemas informáticos, capacidad de análisis de datos y un programa de inversión que pueda sostenerse durante varios años.



Banco Mundial advierte que las pérdidas eléctricas arrastran a las distribuidoras a un “ciclo vicioso”
Las pérdidas de electricidad no son un problema aislado de las distribuidoras, sino parte de un ciclo que combina deterioro de las redes, baja recaudación, deficiencias de gestión y menor capacidad de inversión, advirtió David Vilar, especialista senior en Energía del Banco Mundial.
El especialista describió la situación de las empresas con pérdidas elevadas como un “ciclo vicioso”, que se traduce a una mala calidad del servicio reduce la disposición de los usuarios a pagar; esto disminuye los ingresos de las distribuidoras, que a su vez pierden capacidad para mantener e invertir en sus redes.
“El deterioro de la infraestructura vuelve a afectar la calidad del servicio y alimenta nuevamente las pérdidas”, sostuvo.
A esto se suman, según Vilar, problemas como tarifas que no cubren los costos, deficiencias regulatorias, subsidios mal focalizados, bases de datos desactualizadas de clientes y redes, y la ausencia de herramientas corporativas que permitan administrar las empresas de manera eficiente y transparente.
Ante ese escenario, el Banco Mundial plantea que la solución debe comenzar incluso antes de instalar medidores inteligentes. Vilar señaló que las empresas necesitan fortalecer primero sus sistemas de gestión, gobernanza y procesos internos, para luego aprovechar tecnologías como la medición avanzada para localizar las pérdidas y actuar sobre ellas.
Kathya Delgado, ingeniera en Electricidad, presentó datos que dimensionan el costo regional del problema. América Latina y el Caribe registra pérdidas de electricidad de 13.6 %, más del doble del promedio de los países de la OCDE, situado en 5.7 %. La distribución concentra cerca del 80 % de esas pérdidas, equivalentes a unos US$ 16,000 millones.
Delgado destacó que las inversiones para reducir pérdidas son mucho menores que el valor de la energía que se pierde y citó el caso dominicano, donde el Banco Mundial aprobó en 2023 US$ 225 millones para un programa destinado a reducir las pérdidas.
“Los resultados dependen de la institucionalidad, la gestión, la disponibilidad de datos y la continuidad de las políticas”, comentó. Para Delgado, las nuevas tecnologías, incluida la generación distribuida solar, abren otra oportunidad, pero su impacto dependerá de que estén acompañadas de una gestión capaz de convertir la inversión en mejoras sostenibles.
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