El Gobierno dominicano presentó el pasado 11 de junio un paquete de medidas fiscales con el que busca recaudar entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones adicionales para enfrentar las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas. La propuesta, estructurada en cuatro ejes —medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal— fue remitida de inmediato al Congreso Nacional, donde el Senado la derivó a una comisión bicameral para su estudio.
Esta semana, esa comisión escuchó al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Este miércoles 17 de junio, se prevé que el pleno del Senado conozca formalmente la iniciativa. El oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras, lo que hace prever una aprobación sin mayores obstáculos legislativos. Pero en el terreno técnico, el debate es otro.
Un proyecto que promete equidad, pero genera dudas
Ante la comisión bicameral, el ministro Díaz defendió la propuesta con un argumento central: más del 90 % de la recaudación estimada provendrá del 1 % más rico de la población. El proyecto no modifica el ITBIS, no grava los combustibles y contempla alivios para microempresas, mipymes, el sector agropecuario y la clase media asalariada, incluyendo la indexación de los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas, congelados desde 2017.
Díaz también insistió en que la iniciativa no debe catalogarse como una reforma fiscal, sino como un conjunto de medidas de modernización tributaria orientadas a preservar la estabilidad económica del país ante el deterioro del contexto internacional. Sin embargo, la lectura de los economistas es más cautelosa.
Ortega Rincón: consolidación fiscal sí, equidad tributaria aún por demostrar
El economista Luis Ortega Rincón dedicó una serie de tres artículos en Acento a examinar el proyecto con detalle. Su diagnóstico es preciso: la consolidación fiscal tiene respaldo en medidas concretas, pero la equidad tributaria sigue siendo una promesa sin demostración empírica.
Ortega Rincón señala que la propuesta "ha sido presentada como una respuesta responsable a las presiones derivadas de la crisis internacional", pero advierte que el país lleva años postergando un debate fiscal de fondo. Para el economista, el proyecto se mueve entre dos tensiones que no logra resolver de manera simultánea: la necesidad de recaudar más y la aspiración de hacerlo con justicia distributiva.
Concluyó que si bien algunas medidas apuntan en la dirección correcta, el diseño global responde más a una lógica de cierre de ciclo de gobierno que a una reforma estructural del sistema tributario dominicano.
La pregunta que deja abierta Ortega Rincón es incómoda: ¿puede un proyecto que busca recaudar entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones en el corto plazo ser, al mismo tiempo, un instrumento de equidad? Su respuesta implícita es que no, al menos no con el diseño actual.
Geraldo Martínez: el impuesto que penaliza la bancarización
Desde una perspectiva diferente, el economista y consultor financiero Jesús Geraldo Martínez pone el foco en uno de los elementos menos discutidos del paquete: el aumento del impuesto a los cheques y las transferencias electrónicas, que pasaría de 0.15 % a 0.20 %.
En su análisis, Geraldo Martínez argumenta que esa medida constituye, en la práctica, un impuesto a la confianza depositada en el sistema bancario dominicano. Para el economista, el incremento es regresivo: encarece las transacciones cotidianas de los ciudadanos que ya están bancarizados y desincentiva a quienes aún operan en la informalidad a incorporarse al sistema financiero formal.
El argumento va más lejos: si el objetivo declarado del Gobierno es ampliar la base tributaria y reducir la evasión, gravar las transferencias bancarias opera en sentido contrario, empujando a los agentes económicos hacia el efectivo y la economía informal. Geraldo Martínez advierte que los efectos de segunda vuelta de esta medida podrían erosionar la recaudación fiscal a largo plazo, precisamente lo contrario de lo que el proyecto promete.
Juan Mejía: sin pacto fiscal, la discrecionalidad seguirá mandando
El economista Juan Mejía lleva el debate a un plano más estructural. Mejía sostiene que el problema de fondo no es este proyecto en particular, sino la ausencia de un pacto fiscal que establezca reglas claras, estables y consensuadas para la tributación en República Dominicana.
Para Mejía, mientras el sistema tributario siga dependiendo de la discrecionalidad —es decir, de decisiones coyunturales que se adoptan según las necesidades del momento— el país no podrá construir una política fiscal predecible ni equitativa. El economista advierte que cada vez que el Gobierno necesita recursos, recurre a ajustes parciales que no resuelven las distorsiones de fondo y que, con el tiempo, acumulan complejidad e inequidad en el sistema.
Su propuesta es clara: antes de aprobar más medidas tributarias, el país necesita un acuerdo político y social amplio que defina para qué sirve el Estado, cuánto debe costar y quién debe pagarlo. Sin ese acuerdo, cada reforma será apenas una solución temporal a un problema permanente.
Cándido Mercedes: la dimensión social que el debate técnico omite
El sociólogo Cándido Mercedes aporta una mirada que trasciende los números. Señala que el debate fiscal en la República Dominicana tiende a reducirse a una discusión entre técnicos, dejando fuera la dimensión social y política que toda reforma tributaria implica.
Para Mercedes, la pregunta central no es cuánto se recauda ni de quién, sino qué tipo de Estado y qué modelo de desarrollo social se está financiando. En ese sentido, advierte que un proyecto que no va acompañado de compromisos concretos en materia de gasto social, transparencia y rendición de cuentas corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de recaudación sin contraparte ciudadana.
Su lectura coincide con la de Mejía en un punto esencial: la legitimidad de cualquier reforma fiscal depende de la confianza que los ciudadanos tengan en que el Estado utilizará bien los recursos que se le confían. Y esa confianza, apunta Mercedes, no se construye con un proyecto de ley, sino con una historia sostenida de buena gestión pública.
El contexto que no puede ignorarse
Más allá de los argumentos técnicos, el proyecto llega en un momento de presión real. La crisis internacional —agravada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios del petróleo— ha deteriorado las perspectivas fiscales de la región. El Banco Mundial, en su más reciente informe de perspectivas globales, ha advertido que el crecimiento económico mundial caerá a 2.5% en 2026, el más débil en dos décadas fuera de períodos de recesión.
En ese marco, el Gobierno dominicano enfrenta un dilema que los economistas describen con claridad: necesita recursos para sostener la inversión pública y los programas sociales, pero el espacio fiscal es limitado y el tiempo político también. El proyecto fue presentado con urgencia y tramitado con rapidez, lo que en sí mismo dice algo sobre el momento en que se encuentra el país.
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