La presentación que hizo el ministro Magín Díaz el 11 de junio, bajo el título de medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, merece leerse dos veces. La primera lectura es la evidente: el Gobierno necesita entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones para financiar el costo del subsidio a los combustibles que la guerra en Irán ha disparado, y propone una reforma fiscal calibrada para recaudar exactamente ese monto. La segunda lectura, la que interesa a quienes seguimos la banca dominicana por dentro, es lo que este proyecto significa para el sistema financiero, sus clientes y la estabilidad macroeconómica que es, al final, el activo más valioso de cualquier banco.
Empecemos por los números que justifican la urgencia. Desde finales de febrero, el subsidio generalizado a los combustibles ha consumido unos RD$ 19,200 millones, con semanas que superaron los RD$ 1,800 millones. Gracias a ese esfuerzo, la gasolina dominicana ha subido 15.5% frente a un promedio latinoamericano cercano al 30%, el aumento más bajo de toda la muestra regional presentada. Pero si el WTI se sostiene entre US$ 90 y US$ 100, el costo anual del subsidio cerraría entre RD$ 40,000 y RD$ 52,000 millones. La aritmética es implacable: o se financia ese hueco, o se traslada a la bomba con aumentos de hasta RD$ 59 por galón, o se sacrifica inversión pública. El ministro lo dijo con una franqueza poco habitual en documentos oficiales: no hay soluciones, hay dilemas.
Desde la perspectiva del sistema financiero, hay tres elementos del proyecto que debemos mirar con lupa. El primero es el aumento del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.20%. Quien haya seguido esta columna sabe que vengo insistiendo en que la huella electrónica bancaria es el camino hacia la inclusión y la formalización. Pues bien, esta es la medida más incoherente del paquete, porque grava precisamente al que opera por canales formales. El impuesto lo paga jurídicamente quien mueve el dinero, pero económicamente lo paga el cliente bancarizado, el comercio que factura por transferencia, la empresa que paga nómina por banco. Es un peaje a la formalidad en un país donde el efectivo, que no paga nada, sigue siendo el refugio del informal y del evasor. Entiendo la lógica recaudatoria, pues es un impuesto de cobro fácil y evasión casi imposible, pero su señal va en dirección contraria a la digitalización de pagos que el propio Estado promueve.
El segundo elemento es la sobretasa del Impuesto sobre la Renta empresarial, que sube de 27% a 30% por tres años para las empresas con ingresos superiores a RD$ 1,000 millones anuales. Son poco más de 1,000 empresas de 140,000 declarantes, y entre ellas están, naturalmente, todos los bancos múltiples y las principales entidades del sistema. Para la banca, tres puntos adicionales de tasa efectiva durante tres años reducen la generación interna de capital justo cuando Basilea y las normas de la Superintendencia exigen colchones más robustos. No es un golpe que comprometa la solvencia de un sistema que exhibe indicadores holgados, pero sí es un costo que la junta directiva de cada entidad deberá incorporar en su planificación de capital y en su política de dividendos. La pregunta de fondo, que el Congreso debería responder con cláusulas verificables, es si los tres años serán realmente tres años. La experiencia regional enseña que los impuestos transitorios tienen una notable vocación de permanencia.
El tercer elemento es positivo y conviene decirlo con la misma claridad. La derogación gradual del impuesto a las hipotecas, una ley que data de 1890, abarata el crédito garantizado y debería traducirse en menores costos de cierre para los préstamos hipotecarios. La eliminación del selectivo a los seguros de vida corrige un anacronismo que casi ningún país mantiene y favorece el modelo de bancaseguros que analizamos hace unas semanas. La reducción del impuesto a la ganancia de capital inmobiliaria de personas físicas de 25% a 10% puede aflorar operaciones que hoy se subdeclaran y dinamizar las garantías inmobiliarias que respaldan buena parte de la cartera bancaria. Y la derogación de los anticipos para las microempresas, el 78% de los declarantes, libera liquidez en un segmento que la banca de menor escala conoce bien: clientes que pagaban impuestos mensuales sobre utilidades que todavía no existían.
En el plano macroeconómico, que es donde la banca se juega su calidad de cartera, el proyecto apunta en la dirección correcta. Las recientes colocaciones de bonos soberanos a tasas comparables con México e inferiores a Colombia confirman que los mercados premian la disciplina fiscal dominicana, y esa prima está literalmente en juego. Una reforma que cierra la brecha del choque petrolero sin romper la regla fiscal, que se cumplió con holgura en su primer año, protege el costo de fondeo de todo el país, incluido el de la propia banca cuando emite o capta.
El proyecto se justifica en esta coyuntura y distribuye las cargas con razonable progresividad: lo pagan principalmente mil grandes empresas, unos 5,900 asalariados de ingresos superiores a RD$ 400,000 mensuales, y toda la población que opera de manera formal en el sistema financiero dominicano, mientras se protege al ITBIS y a las MiPymes. Pero su éxito dependerá de tres disciplinas posteriores: que la sobretasa expire cuando debe expirar, que la focalización de subsidios sustituya de verdad al subsidio generalizado, y que la recaudación extraordinaria no termine financiando gasto corriente permanente. La banca, que vive de la estabilidad, hará bien en apoyar lo primero y vigilar lo segundo y lo tercero.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
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