La inteligencia artificial dejó de ser una conversación exclusiva de las grandes potencias tecnológicas. En América Latina, gobiernos, congresos y organismos públicos comenzaron a mover piezas para regular una herramienta que ya impacta desde los servicios públicos hasta la economía digital. Entre enero de 2025 y febrero de 2026, los congresos de la región presentaron al menos 201 proyectos de ley vinculados a tecnologías digitales, según el Observatorio Legislativo del CELE.
República Dominicana también intenta abrirse espacio en esa transformación. El lanzamiento de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) en 2023, que plantea una hoja de ruta que busca impulsar el uso de IA en el Estado, desarrollar capital humano y convertir al país en un “hub” regional de innovación tecnológica con la modernización de los servicios públicos, automatización de procesos y fortalecimiento del uso de datos gubernamentales. También el inicio de discusiones técnicas sobre estándares y la incorporación del tema en la agenda pública son señales de las claras intenciones del Estado en materia de IA.
Sin embargo, mientras otras naciones avanzan en regulación y desarrollo tecnológico, el país todavía no cuenta con una ley integral sobre IA ni con normas técnicas nacionales específicas para su implementación.
La región ya empezó a definir las reglas de la nueva economía digital. Y en medio de esa carrera, surge una pregunta inevitable: ¿está República Dominicana construyendo las capacidades necesarias para integrarse a la revolución de la inteligencia artificial o todavía se encuentra dando sus primeros pasos?
Entre la estrategia y la realidad tecnológica
Aunque República Dominicana ha avanzado en transformación digital y gobernanza tecnológica, distintos organismos internacionales han identificado brechas importantes para la implementación de inteligencia artificial en el sector público.
Según el informe Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), que ubica al país dentro del grupo de economías “adoptantes” de IA.
El informe señala avances en institucionalidad digital y gobernanza, pero también identifica retos en investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de talento especializado.
De igual forma, el informe de la UNESCO “Estado del Ecosistema de IA en la República Dominicana”, advierte sobre limitaciones estructurales que dificultan una implementación eficiente de inteligencia artificial en el país.
Entre los desafíos identificados figuran:
- baja disponibilidad de datos públicos organizados;
- limitada interoperabilidad entre instituciones;
- brechas regulatorias;
- baja inversión en investigación y desarrollo;
- y déficit de talento especializado.
El estudio también señala que instituciones públicas todavía operan con sistemas fragmentados y procesos manuales, lo que representa un reto para el desarrollo de herramientas basadas en automatización y análisis de datos.
En materia de capital humano, el reporte indica que el país presenta baja producción científica vinculada a inteligencia artificial y limitada capacidad de investigación en áreas relacionadas con ciencia de datos y tecnologías emergentes.
El propio Estado dominicano también comenzó a evaluar su nivel de preparación institucional para implementar inteligencia artificial. En marzo de 2026, el Ministerio de Administración Pública (MAP), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inició el Análisis del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), una metodología orientada a diagnosticar la capacidad del país para utilizar IA en la modernización estatal y el desarrollo humano, según informó el MAP.
De acuerdo con ambas instituciones, el análisis evalúa aspectos como infraestructura tecnológica, disponibilidad de datos, talento especializado, capacidad institucional y marcos regulatorios y éticos para el uso responsable de inteligencia artificial.
"La IA necesita primero madurez digital", expertos hablan
Wilson Calderón, especialista en ciberseguridad e inteligencia artificial, uno de los principales errores que están cometiendo gobiernos y empresas en la región es intentar implementar inteligencia artificial sin haber consolidado primero procesos de transformación y madurez digital.
“Las empresas empiezan a usar IA, pero necesitan primero madurarse digitalmente, entender qué procesos pueden automatizarse y luego cómo la IA puede impulsar esos procesos”, explicó Calderón en una entrevista para Acento.
El experto, quien también es gerente técnico de ManageEngine para Latinoamérica, señaló que muchas organizaciones intentan incorporar inteligencia artificial por tendencia tecnológica y no necesariamente porque tengan capacidades reales para integrarla de forma eficiente.
“La IA es exactamente lo mismo que ocurrió con el boom del cloud. Muchas empresas se subieron porque era la moda, no porque realmente estuvieran preparadas”, sostuvo.
Según Calderón, los principales retos que enfrenta América Latina para adoptar inteligencia artificial están relacionados con gobernanza de datos, capacitación de personas y automatización de procesos.
“El principal reto es entender dónde están los datos, cómo se gobiernan y para qué sirven. Después vienen las personas, los procesos y finalmente la tecnología”, afirmó.
El ejecutivo indicó además que la velocidad con la que evoluciona la IA representa un desafío adicional para gobiernos y empresas.
“No solamente hay que aprender a usarla, sino aprender a la velocidad con la que está evolucionando”, advirtió.
“La principal debilidad no es solamente tecnológica”
Para el viceministro de Innovación y Tecnología del MAP, Armando Manzueta, el principal desafío del Estado dominicano para implementar IA no se limita a la tecnología.
"La principal debilidad del Estado para implementar IA no es solamente tecnológica. El mayor reto está en la madurez institucional, la calidad de los datos y la capacidad de operar de manera integrada entre instituciones", explicó el funcionario en una entrevista para Acento.
Según Manzueta, aunque el país ha avanzado en digitalización, interoperabilidad, ciberseguridad y servicios digitales, todavía persisten problemas relacionados con sistemas fragmentados, calidad desigual de datos y diferencias en capacidades técnicas entre instituciones públicas.
El viceministro señaló, además, que la implementación de IA debe apoyarse sobre una Infraestructura Pública Digital (DPI), basada en componentes interoperables que permitan compartir datos autorizados, autenticar usuarios y operar bajo reglas comunes.
"Sin DPI, la IA corre el riesgo de amplificar la fragmentación existente. Con DPI, puede convertirse en una herramienta para mejorar servicios, reducir cargas administrativas y tomar mejores decisiones", sostuvo.
Manzueta explicó que los resultados del AILA y de la Encuesta de Desarrollo Humano e Inteligencia Artificial servirán como base para construir una agenda pública de IA "no solo desde la tecnología, sino desde las capacidades reales del Estado y las expectativas de la ciudadanía".
Entonces, ¿en qué está trabajando el Gobierno?
Como parte de las acciones previstas, el MAP informó que se trabaja en un marco reglamentario para el uso de inteligencia artificial en el sector público.
De acuerdo con el viceministro, este marco establecerá principios, responsabilidades institucionales, niveles de riesgo, criterios de transparencia, protección de datos, supervisión humana y mecanismos de seguimiento para el uso de IA en instituciones públicas.
El funcionario indicó además que el país desarrolla un Código de Ética para el uso de inteligencia artificial junto a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Según la entidad, las primeras aplicaciones de IA estarán vinculadas a servicios públicos digitales ya existentes, entre ellos interoperabilidad estatal, identidad digital, Carpeta Ciudadana, pagos digitales, notificaciones y asistentes digitales.
"La IA se está incorporando en la orientación ciudadana, la clasificación de solicitudes, la revisión asistida de expedientes, la detección de inconsistencias, la priorización de casos, la traducción y simplificación de información pública, la analítica de servicios y la mejora continua de trámites", explicó Manzueta.
El funcionario añadió que la implementación será gradual y coordinada, y que no estará concentrada en una sola institución pública.
“El liderazgo institucional corresponderá al Ministerio de Administración Pública, en su rol rector sobre la administración pública, la innovación pública y la transformación digital del Estado”, señaló.
No obstante, precisó que la OGTIC tendrá un rol técnico-operativo en infraestructura, plataformas e interoperabilidad, mientras que la DIGEIG trabajará aspectos relacionados con ética pública, transparencia e integridad.
Aún así, el país aún no cuenta con normas técnicas de IA
A las limitaciones señaladas por organismos internacionales se suma la ausencia de estándares técnicos nacionales específicos para inteligencia artificial.
En una entrevista para Acento, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) informó que actualmente República Dominicana no cuenta con normas técnicas nacionales para IA. No obstante, señaló que recientemente fue aperturado el Comité Técnico de Normalización en Inteligencia Artificial, orientado al desarrollo y adopción de estándares alineados con normas internacionales ISO/IEC, especialmente las vinculadas al comité ISO/IEC JTC 1/SC 42.
“El desarrollo de IA sin un marco normativo técnico puede generar riesgos significativos, tales como sesgos en los algoritmos, falta de transparencia, vulneraciones a la privacidad, decisiones automatizadas sin control adecuado y pérdida de confianza pública”, señaló la institución.
INDOCAL explicó además que, conforme a la Ley 166-12, no posee funciones regulatorias, aunque las normas técnicas que desarrolla pueden servir de base para futuros reglamentos y políticas públicas sobre inteligencia artificial.
La institución agregó que el país se encuentra en una etapa inicial de alineación con estándares internacionales en IA, aunque ya participa en espacios internacionales de normalización relacionados con inteligencia artificial.
¿Puede República Dominica convertirse en un hub tecnológico?
Calderón consideró que el país muestra avances importantes en transformación digital y destacó iniciativas como la Agenda Digital 2030 y el trabajo impulsado desde la OGTIC.
“La visión de República Dominicana apunta completamente a combinar modernización institucional, inversión en tecnología, ciberseguridad e impulso de inteligencia artificial”, señaló.
No obstante, identificó desafíos relacionados con conectividad, formación de talento y capacitación tecnológica.
“Todos los empleados deben tener conocimiento de IA. No es algo propio solamente de las personas de tecnología”, afirmó.
El especialista también consideró que el país tiene condiciones para convertirse en un hub tecnológico regional.
“República Dominicana es uno de los países que siempre ha demostrado estar adelante en temas de nuevas tecnologías. Las empresas privadas y públicas no le tienen miedo a invertir en tecnología”, sostuvo.
Además de la ubicación geográfica y la conectividad, Calderón destacó el nivel de los profesionales dominicanos en áreas tecnológicas y ciberseguridad.
¿Qué cambiaría para el ciudadano si se implementa la IA en el Estado?
De acuerdo con el MAP, la implementación de inteligencia artificial debería traducirse en servicios públicos más ágiles, simples y personalizados.
“El ciudadano debería ver un Estado más ágil, más simple, más claro y más anticipatorio”, afirmó el viceministro Manzueta.
Asimismo, el tecnólogo Calderón consideró que uno de los principales beneficios de la IA en el sector público sería mejorar la relación entre ciudadanos y Estado mediante procesos más ágiles y automatizados.
“El beneficio principal es mejorar la accesibilidad del ciudadano hacia las entidades de gobierno”, señaló Calderón en entrevista para ACENTO.
Según explicó, herramientas de inteligencia artificial podrían ayudar a agilizar procesos, personalizar servicios y mejorar la interoperabilidad entre instituciones públicas.
El ejecutivo sostuvo además que la IA podría facilitar el acceso a servicios públicos digitales y reducir tiempos de respuesta mediante sistemas automatizados capaces de integrar información entre distintas entidades estatales.
Según explicó el MAP, la IA también podría contribuir a reducir tiempos de respuesta, simplificar trámites, mejorar la orientación ciudadana y apoyar la revisión de expedientes y procesos administrativos.
Los riesgos de una implementación sin controles claros
El avance de la inteligencia artificial en el sector público también abre debates sobre privacidad, transparencia y supervisión de decisiones automatizadas.
El informe de la UNESCO advierte que los países deben desarrollar marcos éticos y regulatorios capaces de garantizar transparencia, protección de datos y supervisión humana en el uso de sistemas de inteligencia artificial.
La organización señala que una adopción acelerada de IA sin reglas claras podría aumentar riesgos relacionados con sesgos algorítmicos, discriminación automatizada y vulneraciones a derechos ciudadanos.
Para Calderón, uno de los principales desafíos para los países de la región sigue siendo fortalecer la gobernanza de datos antes de acelerar la implementación de inteligencia artificial.
“El principal reto es entender dónde están los datos, cómo se gobiernan y para qué sirven”, afirmó.
El especialista sostuvo que la regulación debe avanzar al mismo ritmo que el desarrollo tecnológico, especialmente en temas relacionados con ética, automatización y uso responsable de datos.
“Primero hay que terminar el tema del correcto uso de los datos. Esa ley de protección de datos hay que finalizarla”, señaló.
Calderón agregó que varios países latinoamericanos todavía enfrentan retos importantes en regulación y protección de datos, aunque destacó avances recientes en Brasil y Chile.
En el país, el MAP aseguró que las futuras regulaciones sobre IA deberán incorporar principios de transparencia, protección de datos, supervisión humana y trazabilidad en el uso de sistemas automatizados dentro del Estado.
“El objetivo no es automatizar el Estado sin control”, afirmó el viceministro Manzueta, al señalar que las decisiones relacionadas con derechos, beneficios o situaciones sensibles deberán mantener supervisión humana y mecanismos de reclamación.
A esas advertencias se suma el INDOCAL, que alertó sobre los riesgos de avanzar sin normas técnicas específicas para inteligencia artificial.
La institución indicó que la ausencia de estándares podría generar problemas relacionados con transparencia, seguridad y pérdida de confianza pública en sistemas automatizados.
Una transformación todavía en construcción
República Dominicana ya comenzó a construir una agenda pública en torno a la inteligencia artificial. La creación de la ENIA, los diagnósticos impulsados junto al PNUD, la elaboración de futuras regulaciones y el inicio de estándares técnicos muestran que el tema dejó de ser una discusión lejana para convertirse en parte de la planificación estatal.
Sin embargo, los diagnósticos realizados por organismos como la UNESCO, la CEPAL y el propio MAP coinciden en que el país todavía enfrenta retos importantes relacionados con infraestructura digital, interoperabilidad, gobernanza de datos, regulación y formación de talento especializado.
Mientras gobiernos y empresas aceleran la adopción de inteligencia artificial en América Latina, la discusión en República Dominicana se centra no solo en si debe implementarse o no, sino en cómo hacerlo sin aumentar brechas, vulnerabilidades o riesgos institucionales.
“Las empresas necesitan primero madurarse digitalmente”, advirtió el especialista Calderón, al señalar que la IA requiere capacidades previas en datos, procesos y automatización para funcionar de manera eficiente.
Por ahora, la inteligencia artificial en el Estado dominicano todavía se encuentra en una etapa inicial. El desafío será convertir estrategias, planes y regulaciones en capacidades reales que permitan utilizar esta tecnología de forma eficiente, ética y segura.
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