La publicación de las encuestas Nacional de Opinión Pública de ACD Media y Gallup reavivó el debate sobre los límites de la regulación electoral, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) aprobara una resolución que prohíbe la difusión de encuestas y sondeos con fines electorales fuera de los períodos de precampaña y campaña.
La medición de ACD Media fue divulgada el pasado 1 de junio, apenas días después de que el organismo electoral aprobara la disposición. Su publicación se suma a la de otros sondeos recientes, entre ellos la encuesta Gallup República Dominicana, divulgada a finales de mayo.
La medida de la JCE ha generado cuestionamientos en distintos sectores. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el debate no gira en torno a si la JCE tiene facultad para regular las encuestas, sino a si puede imponer restricciones mediante un reglamento cuando están involucrados derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. La entidad ha señalado que las limitaciones a esos derechos deben estar establecidas por ley y no mediante disposiciones administrativas.
En respuesta a la resolución, el Grupo ACD Media solicitó formalmente a la JCE su exclusión del registro de encuestadoras acreditadas. Su presidente, Dany Alcántara, rechazó la medida y pidió al organismo electoral reconsiderarla.
Pese a la disposición, la firma divulgó su Encuesta Nacional de Opinión Pública número 28 el pasado 1 de junio. y mantuvo la publicación de sus mediciones.
Por otro lado, la entidad Justicia Sin Fronteras, interpuso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), un recurso contencioso en nulidad contra la Resolución 14-2026. El tribunal fijó una audiencia para conocer el caso, en el que se cuestiona la legalidad de la prohibición de difundir encuestas electorales fuera de los períodos establecidos por la JCE.
Leer más sobre: FINJUS cuestiona constitucionalidad de prohibir encuestas como lo hizo la JCE
¿Cuáles fueron los resultados de la encueta de ACD Media?
Entre sus hallazgos, ACD Media sitúa al Partido Revolucionario Moderno (PRM) al frente de la intención de voto con un 31.6 %, seguido por Fuerza del Pueblo (26.5 %) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) (20.1 %). La encuesta también reporta que el 54 % de los consultados no simpatiza con ninguna organización política.
Respecto a la gestión gubernamental, el sondeo indica que un 41.7 % califica como buena o muy buena la administración del presidente Luis Abinader, mientras que un 40.4 % la considera mala o muy mala. Además, un 57.3 % evalúa negativamente al gabinete y un 54 % entiende que la situación del país es mala o muy mala.
La medición también explora escenarios internos en las principales organizaciones políticas. En el PRM, el ministro de Turismo, David Collado, obtiene un 54.8 % entre los simpatizantes del partido. En Fuerza del Pueblo, el senador Omar Fernández supera a Leonel Fernández entre la población general, aunque el expresidente conserva ventaja entre los simpatizantes de la organización. En el PLD, Gonzalo Castillo encabeza las preferencias para una eventual candidatura presidencial en 2028.
Los resultados difieren de los obtenidos por ACD Media, donde el 41.7 % calificó la gestión presidencial como buena o muy buena, el 57.3 % evaluó negativamente al gabinete y el 54 % consideró mala o muy mala la situación del país.
Por su parte, la más reciente encuesta Gallup República Dominicana situó en 51.7 % la aprobación de la gestión del presidente Luis Abinader. El estudio identificó al turismo como el área mejor valorada del Gobierno, con una aprobación de 73.4 %, seguida por la educación, con 67.9 %.
¿Qué es la resolución Resolución 14-2026?
La Resolución 14-2026 es una disposición emitida por la Junta Central Electoral el 22 de mayo de 2026 que regula la publicación y difusión de encuestas y sondeos de opinión con fines electorales.
Según la resolución, no podrán divulgarse encuestas electorales fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña, por lo que las mediciones sobre preferencias de candidatos o partidos de cara a las elecciones de 2028 quedarían restringidas hasta que inicie formalmente la precampaña en julio de 2027.
La JCE ha argumentado que la medida busca garantizar la equidad de la competencia electoral y evitar que encuestas divulgadas con mucha anticipación puedan influir en el electorado o servir como mecanismo de promoción política adelantada.
Sin embargo, la resolución ha sido objeto de cuestionamientos debido a que algunos juristas y organizaciones entienden que la Ley 20-23 de Régimen Electoral no establece una prohibición tan amplia. El punto más debatido es que el artículo 216 de esa ley regula las encuestas cerca de la fecha de las elecciones, pero no contempla expresamente una prohibición general durante los años previos al proceso electoral.
Por esa razón, entidades como Fundación Institucionalidad y Justicia han planteado que la discusión no es si la JCE puede regular las encuestas, sino si puede restringir su publicación mediante una resolución administrativa cuando están involucrados derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.
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