La dirección General de Migración informó que en el mes de septiembre deportó 34.873 haitianos, y que en el último año ha deportado  370.240 personas procedentes del país vecino, mientras que el número de deportados en los nueve meses del 2025 ya suman 285.614.

Se trata de números gruesos y preocupantes. De acuerdo con el organismo, sus operaciones son llevadas a cabo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y se enmarcan en un plan integral para, además de regularizar la situación migratoria, controlar actividades ilícitas y garantizar que las personas que ingresan al país lo hagan conforme a la normativa vigente.

Y cada día se ofrece informaciones de docenas de personas detectadas tratando de ingresar al país, a través de redes de tráfico de personas, integradas por dominicanos y haitianos.

Este jueves, por ejemplo, la DGM informó la detención de 1,647 haitianos en diferentes puntos del país, y el inicio de su proceso de deportación: La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves de la detención de 1,647 haitianos indocumentados, en operativos en Santo Domingo, La Vega, Dajabón, Santiago, Montecristi y Azua, entre otras demarcaciones.

Por otra parte, la DGM reportó la repatriación de 979 nacionales haitianos, de los que 407 fueron a través del punto de control migratorio de Dajabón, 425 por el de Elías Piña, 80 por Jimaní y 67 por Pedernales.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y de los derechos humanos tienen una historia distinta de la contada por la DGM. Dicen que el país viola los derechos humanos, que se abusa de la autoridad, que se utiliza la violencia, y que hay casos de haitianos deportados pese a portar sus permisos de permanencia en el país.

El Congreso de los Estados Unidos parece que pondrá en cese las dos leyes de eliminación de impuestos de exportación que favorecen a Haití, HELP y HOPE, y que son un estimulo al establecimiento de empresas en ese país que han generado miles de empleos para los haitianos, en particular en la región norte de Haití, donde operan empresas dominicanas, como Codevi, que encabeza el empresario Fernando Capellán.

El daño que ocasionaría esta decisión, si se extendiera después de diciembre de 2025, sería terrible para Haití y para la República Dominicana. Sería un aumento del desempleo en Haití y una forma de alimentar a las bandas criminales que han azotado ese país.

Si Estados Unidos cesara esas dos disposiciones también sería muchísimo más difícil atacar y eliminar a las bandas. Lo que Estados Unidos está haciendo al promover una resolución del Consejo de Seguridad que enfrente a las bandas, lo estaría debilitando con esta disposición de echar a la calle a más de 20 mil trabajadores haitianos por la cesación de las operaciones de las empresas de zonas francas en territorio haitiano.

La presión migratoria sobre la República Dominicana aumentará en el caso de que los haitianos pierdan algunas de las fuentes de empleos que aún conservan, y cada día será mayor el esfuerzo de las autoridades migratorias dominicanas para apresar y devolver a un mayor números de migrantes intentado salir del infierno que sigue siendo Haití.

Saludamos el optimismo de Fernando Capellán, que ha dicho tener la esperanza de que la suspensión sea temporal y que en diciembre las dos disposiciones sean reactivadas en Estados Unidos, lo que permitiría seguir generando empleos y negocios para Haití y en la República Dominicana.