Corrupción en SENASA: Sin contemplaciones ni paños tibios

Los actos de corrupción denunciados en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) tienen características nocivas, intencionadas, y que representan una continuidad de un esquema montado desde hace muchos años, que debió ser denunciado en 2020 y perseguidos sus responsables, pero que de forma insólita continuó y se amplió para beneficiar a los nuevos incumbentes.

El pasado 15 de septiembre publicamos una nota editorial en la que planteamos en gran desafío del gobierno del presidente Luis Abinader con la persecución de la corrupción que se compruebe en SENASA. El presidente Luis Abinader entregó la responsabilidad de la investigación al Ministerio Público, como corresponde, y es ese órgano del Estado el que tiene en sus manos la entrega de explicaciones o demandas penales contra quienes sean identificados como autores de los hechos punibles que se identifiquen.

Recordamos lo dicho en ese momento por el presidente Luis Abinader:

"Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en @ARSSeNaSaRD directamente a la procuradora @YeniBerenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”.

Luego de esa aclaración y advertencia, hemos indicado que este escándalo representa una prueba de fuego para esta administración, que llegó al poder con la consigna de perseguir la corrupción y terminar con la impunidad.

Acento dijo hace tres semanas lo siguiente: “La forma en que las autoridades manejen la investigación, desde su inicio hasta el juicio a quienes resulten imputados, será decisiva para mantener o perder la credibilidad ante la ciudadanía”.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, como rectora de las Administradoras de Riesgos de Salud, hizo lo que correspondía al intervenir y evitar el borrado de información vital para que nadie salga libre de actuaciones irregulares. Buena la decisión de Sisaril, y ahora toca esperar que el PEPCA haga lo propio, documentando un expediente que sea suficientemente convincente y sin contemplaciones contra quienes sean identificados como responsables de desfalcos o mañoserías por más de 23 mil millones de pesos. Incluso, podría ser que este monto supere los 26 o 27 mil millones de pesos que fueron atribuidos al actual senador Félix Bautista en las acusaciones que se cursaron por su gestión al frente de la OISOE, en la administración del ex presidente Leonel Fernández.

Es una verdadera vergüenza que funcionarios llegados con la nueva administración de Luis Abinader en 2020, se vinculen con actuaciones desleales, fraudulentas, corruptas y que tengan el terrible derrotero de abusar de recursos que debían ser destinados a la atención en salud de millones de ciudadanos dominicanos, cotizantes o no del sistema público de atención establecido en la ley de Seguridad Social.

Arismendi Díaz Santana, el primer gerente general de la Seguridad Social, ha publicado en Acento este jueves un artículo de gran valor, en el que sostiene lo siguiente, aparte de valorar la denuncia del presidente Luis Abinader contra la corrupción en Senasa:

“Es muy lamentable este escándalo que empaña la credibilidad y sostenibilidad de una institución pública que fue modelo, y de cuya gestión dependen 7.8 millones de dominicanos, la mayoría pobres de solemnidad. Existen grandes diferencias sobre la magnitud del afán de lucro, por lo que habrá que esperar el dictamen de las autoridades competentes”.

Y sostenemos que, con este caso y cualquier otro que sea denunciado y evidenciado en este gobierno, la actuación del Ministerio Público y de la justicia, tienen que ser sin contemplaciones ni paños tibios.