El organismo refirió en un documento que en agosto fueron repatriados a Haití 35,276 ciudadanos de ese país, dando continuidad a la política de deportación "masiva" que el Gobierno dominicano comenzó en octubre del año pasado.
Las repatriaciones son realizadas luego de un trato individual en los centros de procesamiento que la DGM tiene en diferentes demarcaciones territoriales y donde a cada persona se le toman los datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.
Migración indicó que los haitianos indocumentados son entregados directamente a las autoridades de su país, por los cuatro puntos fronterizos oficiales que existen entre los dos países.
Las estadísticas de la DGM muestran que las deportaciones de agosto constituyen la cantidad más alta procesada en un mes durante este año.
En ese orden, aseguró que en enero fueron deportados 31,221 ciudadanos haitianos; en febrero 26,659; en marzo 28,534, en abril 32,540; en mayo 34,290; en junio 30,759, y en julio 31,462.
Las detenciones de esos extranjeros indocumentados marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia de los operativos ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y del presidente dominicano, Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití.
La política de repatriación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.
Asimismo, acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia.
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