Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal en la Operación Antipulpo y autorizaron el decomiso de 3,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano, dijo el Ministerio Público.
Los fiscales obtuvieron de un tribunal la homologación del acuerdo con el hermano de la esposa de Danilo Medina, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras una petición en ese sentido del Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
Indemnizar a EdeEste, EdeSur y a EdeNorte
La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.
También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.
Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de 431,816,307.90. pesos.
Decomiso de terreno en el Ensanche Naco
Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en 50,901,692.13 pesos.
En el acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, las empresas distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Montilla Sierra y sus empresas son asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo.
El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano.
De esta manera, remarca, logró "adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público”.
Señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas. Además, que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.
Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas, dijo el documento.
“Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político", agregó el Ministerio Público.
Indica que al suplir al Estado incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.
Asimismo, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.
“A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos”, indica el acuerdo homologado.
El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.
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