El debate sobre la cesantía y los fondos de pensiones

La cesantía fue una conquista para los trabajadores dominicanos, y quien gobernaba cuando se alcanzó esa meta era el dictador Rafael Trujillo. Se trata de la ley 637 del 16 de julio de 1944, conocida como Ley de Cesantía.

La cesantía es el derecho que tiene el trabajador dominicano de recibir una compensación económica al momento de ser despedido del empleo que ha tenido. En realidad se trata de una indemnización por el despido. La cesantía fue ratificada por el llamado "Código Trujillo" de Trabajo de 1951, y se consolidó como un a conquista de los trabajadores con el actual Código de Trabajo (ley 16-92), de mayo de 1992, que se aprobó mediante un acuerdo que involucró a los entonces tres grandes partidos del país: PRSC, PRD y PLD. Entonces gobernaba Joaquín Balaguer, agotando el período que se conocería como "los diez años". Es ese código el que ahora está en proceso de reforma en el Congreso Nacional. Fue aprobado ya por el Senado, y ahora lo conoce la Cámara de Diputados.

La manera de calcular la cesantía, cuando se despide a un trabajador de 1 a 5 años, es que se debe compensar con 21 días de salario ordinario por cada año de servicio que haya tenido.

El movimiento sindical dominicano ha defendido la cesantía como una conquista. El sector empresarial ha reclamado con insistencia la eliminación o la reforma de la cesantía después de la aprobación de la Ley de Seguridad Social, que estableció un sistema de pensiones.

El argumento patronal es que en ambos casos (Seguridad Social y cesantía) el costo corresponde a los empleadores. Y los defensores de los trabajadores argumentan que lo que se proyecta que recibirán los empleados retirados mediante el sistema de pensiones vigente no garantiza un retiro digno.

Se podrá razonar, desde la óptima patronal, que cada trabajador puede aportar más a su cuenta de AFP (administradora de fondos de pensiones) para garantizarse un mejor retiro, pero con los bajos salarios que reciben los dominicanos, que a duras penas permiten llegar a fin de mes, esa es una posibilidad difícil de materializar.

El sistema de pensiones contempla un aporte mayor del empleador a los fondos de pensiones, y se entiende que estos fondos son el ahorro para compensar a los trabajadores despedidos, y no los aportes del todavía vigente código laboral a través de la cesantía.

Los partidos políticos se han puesto de acuerdo para no debatir esta cuestión. Los partidos de oposición y el oficialista tienen claro que deben mantener la doble tributación empresarial para pagar la cesantía cuando se despide a un empleado y que también reciba los fondos de pensiones que corresponden.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industrias, al mismo tiempo que la Confederación Patronal reclaman que en el debate del Código de Trabajo se incluya la eliminación de la cesantía o por lo menos su reforma. Los partidos se niegan, y las asociaciones laborales también reclaman que ambas formas de compensación sigan iguales.

El Ministerio de Trabajo realizó conversaciones en el pasado, e informó que hubo acuerdos para eliminar la cesantía a cambio de reconocer un pago máximo de 10 años, y 6 años como mínimo, a cada trabajador despedido. El intento de reforma tributaria del gobierno, que impondría una pesada carga sobre la clase trabajadora y la clase media, destrozó esos acuerdos, y ahora hemos vuelto al mismo debate, sin avances, cada quien atrincherándose en su postura. Cada clase social tiene claros sus intereses, y de ilusos sería pensar que una ceda ante la otra a cambio de nada.

Es verdad que muchas empresas -de hecho la mayoría, que pertenece al segmento de las medianas y pequeñas empresas-  registran un pasivo laboral muy alto, que cuando se calcula el monto que tendrían que pagar de cesantía, y se les compara con los activos que poseen, estarían quebradas, en un escenario de despidos masivos, y no por uno o dos casos. La situación es distinta en las grandes corporaciones, que suelen tener mayor estabilidad laboral.

Las posiciones lucen radicalizadas y no hay forma de que haya cambio en los próximos años. A la normal lucha de clases de una sociedad abierta y de mercado,  se une el contexto de las luchas de los partidos por el poder: Ningún partido o candidato se expondría a ser señalado como enemigo de la clase trabajadora favoreciendo la reforma o la eliminación de la cesantía.

Los grupos empresariales han ofrecido explicaciones y razonamientos, pero la idea que se tiene es que los empresarios resultan excesivamente ambiciosos, además de que hacen malabares para no pagar los impuestos que corresponden. Todo esto está como telón de fondo en este asunto, y es muy complicado que un partido político, un presidente se eche encima "la cuaba" de eliminar la cesantía, por más que se argumente que los fondos de pensiones acumulan -de manera consolidada- un ahorro que sobrepasa los RD$1.34 billones.