Los datos que aporta la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) vislumbran un contexto socioeconómico que parece desentendido estructuralmente por la clase política y el empresariado dominicano: el empleo formal aumenta y ya más de 2.38 millones de personas están registradas en el esquema oficial de empleo regulado.
Esta aparente estabilidad laboral, motor de productividad y crecimiento, conlleva mayores garantías de los derechos fundamentales adquiridos, especialmente en materia de salud, pensiones y retiros, así como la protección ante el desempleo. Es decir, la amplia participación en el mercado laboral exige seguridad jurídica para quienes sol a sol sostienen el pulso económico del país.
Por eso resulta prometedor que el debate público se instale con urgencia y transparencia sobre la indexación salarial y la posible reforma de la cesantía, pues sin diálogo, se corre el riesgo de sembrar más incertidumbre y agitar el clima social de paz y de prosperidad que ha sido evolutivo en el devenir democrático .
En ese contexto, la República Dominicana enfrenta una deuda pendiente en materia de justicia fiscal: más de 764 mil trabajadores y trabajadoras penden de un sistema de tributos -parecería la Edad Media- que no se ha ajustado a la inflación desde hace nueve años, castigando severamente a quienes ganan menos de RD$52,000, perpetuándose la precariedad, la dependencia y el hartazgo.
A esto se suman las solicitudes de la cúpula empresarial a la “reforma” de la cesantía laboral, solo enfocada en recortes de derechos para las personas que resulten desempleadas. Los trabajadores y las trabajadoras más vulnerables también serían más afectados ante esta posible “reforma”; incluso traería el fenómeno de las olas de seis meses de trabajo efectivo y el desgano posterior, afectando a quienes reciben servicios o consumen productos. Pues la idea del empresariado es el tope de seis meses.
Tanto Gobierno como empresariado se jactan del crecimiento del empleo formal (+6.7 %, según datos oficiales), pero ¿dónde queda la protección?, ¿dónde estarán las garantías de que sean empleos dignos, protegidos y en contextos justos? Sería impensable bajo esta perspectiva impositiva y recortadora que se aborden temas tan trascendentales del sector, como la conciliación entre el trabajo formal y las labores domésticas, la salud mental en entornos de trabajo o “el salario” emotivo: conjunto de condiciones no monetarias —como el reconocimiento, la estabilidad, el sentido de propósito o el ambiente laboral saludable— que inciden directamente en el bienestar de quienes trabajan, prolongando los modelos “tipo factorías”, que solo mide cifras y resultados.
Ni la clase política ni la empresarial presentan indicios de estar preparadas para mirar con equidad estos aspectos. En este contexto, la democracia laboral y la responsabilidad política siguen ausentes, mientras millones de personas trabajan formalmente y sostienen, día tras día, la paz y la prosperidad que tanto se celebra, pero tan poco se protege y se reconoce.
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