La reforma laboral que nadie termina de aprobar: ¿Quién le teme al nuevo Código del Trabajo?

Cuatro legislaturas ordinarias. Un año y siete meses de debates. Decenas de artículos leídos, corregidos y vueltos a leer dentro de la comisión. Y aún así, la reforma a la Ley 16-92, el Código de Trabajo de la República Dominicana, no termina de nacer.

El Poder Ejecutivo introdujo el proyecto en el Senado el 10 de octubre de 2024. Desde entonces, la pieza legislativa ha perimido dos veces y ha sobrevivido a las legislaturas sin convertirse en ley. Este jueves 30 de abril, la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el informe favorable de la iniciativa —un paso significativo que la lleva al pleno de la Cámara.

¿Oportuno o casualidad? Hoy 1° de mayo, Día Internacional del Trabajo, los sindicatos dominicanos saldrán a las calles en una marcha nacional. Su mensaje es claro: la cesantía no se toca.

El informe se aprobó, pero el camino sigue largo

Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, confirmó el avance con un optimismo cauteloso.

"Me parece que, dependiendo de la voluntad que tengamos, es probable que en dos semanas ya esté en el Senado de la República y se pueda conocer en esta presente legislatura", sostuvo.

Ramos también fue categórico sobre la cesantía: "Es una reforma que no va a ser regresiva. Se garantiza la cesantía laboral como había estado reclamando el movimiento sindical del país". Y sobre las presiones empresariales, no dejó margen a la duda: "La generalidad de los legisladores están convencidos de que la cesantía laboral no se puede tocar en ninguna de sus partes, por lo menos en esta reforma".

El Gobierno promete, los sindicatos desconfían

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, lleva semanas saliendo a despejar dudas. En declaraciones a Acento, fue directo sobre el estado del proceso: "La información que tengo es que ya en la Cámara de Diputados, la comisión que ha estado conociéndola ha avanzado y en los próximos días el informe estará siendo entregado a la presidencia de la Cámara para conocerlo en el plenario".

Olivares no escatimó en argumentos para defender la reforma. Habló de seguridad jurídica para empleadores y trabajadores, de un nuevo juez de conciliación que evitará que los litigios laborales se extiendan por cinco o seis años, y de un procedimiento de ejecución de sentencias que respete el debido proceso. "Tenemos la confianza de que en la actual legislatura finalmente la reforma del Código del 92 se convertirá en realidad y tendremos un código del siglo XXI", afirmó.

El ministro también reconoció el único punto de desacuerdo real que persiste: "La cesantía ha sido el punto en el que el sector empresarial y el sector sindical han tenido un desacuerdo. En principio se hablaba de la eliminación de la cesantía, pero los empresarios ya no hablan de eliminación. Hablan de gradualidad". Y cerró con una lectura política que suena a presión: "No existe ninguna justificación ni para nosotros como partido ni tampoco para el Congreso Nacional de que no se haga esa reforma".

Pero los sindicatos escucharon promesas similares en las tres legislaturas anteriores. Y la desconfianza no se disipa con declaraciones.

La cesantía: el derecho que vale más que cualquier promesa

Para entender por qué este debate moviliza a los trabajadores dominicanos como pocos, hay que entender qué es la cesantía y cuánto vale en términos reales.

La cesantía es la indemnización que recibe un trabajador cuando es despedido sin causa justificada. No es un beneficio extra: es la red de seguridad económica más importante con la que cuenta un empleado dominicano ante la pérdida del trabajo.

Su cálculo está fijado con precisión en el artículo 80 de la Ley 16-92 y es progresivo según los años de servicio:

La ley también establece que toda fracción de año mayor de tres meses se paga conforme a los primeros dos tramos. Y el artículo 81 es igualmente claro: "El auxilio de cesantía debe pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro empleador" —es decir, el derecho no se pierde aunque el trabajador consiga otro empleo de inmediato.

En términos concretos: un trabajador que gana el salario mínimo del sector privado grande —RD$ 29,988 mensuales— y lleva cinco años en una empresa, podría recibir una cesantía de alrededor de RD$ 115,000.

Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que los sindicatos no están dispuestos a negociar.

Los tres artículos que los sindicatos defienden con uñas y dientes

Más allá de la cesantía como concepto, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), identificó tres puntos concretos que el movimiento sindical no aceptará bajo ninguna circunstancia.

El primero es la cesantía en sí misma. El segundo es el artículo 86, conocido como el astreinte. Abreu lo explicó en términos simples: "Cuando un empresario cancela a un trabajador, debe pagar las prestaciones a los diez días. Si no lo paga, corre un día adicional por cada día de retraso después de los diez. Eso es el astreinte". Lo que propone el sector empresarial —y lo que el Senado ya aprobó en su versión— es que ese contador se detenga mientras el caso esté en estado de fallo en los tribunales. Para Abreu, eso sería un retroceso histórico: "Volveríamos a lo que fue el código Trujillo de trabajo, el código del 51, que no tenía plazo específico para el pago de las prestaciones. El empresario se daba el lujo de jugar con los plazos y el trabajador, urgido de ingresos, se veía obligado a transar por cualquier tipo de pago".

El tercero es el contrato de prueba: una figura que extendería el período de aprendizaje del trabajador a seis meses sin obligación de pagar prestaciones laborales. "Eso también impacta la cesantía", advirtió Abreu.

El dirigente sindical no ahorró palabras para describir quién, a su juicio, está frenando la reforma: "La están frenando los empresarios, los diputados y senadores que en el fondo, aunque son legisladores, su verdadera vocación es ser empresario. Un votante trabajador los lleva al poder en mayoría. Un presidente les somete una reforma. Ellos tienen un año y siete meses con esa reforma en las manos. Y ese presidente, Luis Abinader, que no puso en el anteproyecto ninguna modalidad a la cesantía, teniendo mayoría congresional, ocurre que la reforma que él envía no pasa".

La advertencia fue directa: "Si se toca la cesantía, nosotros lo hemos dicho: hoy se toca, mañana estaríamos convocando a todo el movimiento sindical, popular, toda la población en su conjunto, y volverían a los tiempos de las huelgas generales continuas". Y si el Congreso no actúa con responsabilidad, la posición sindical es igualmente clara: "Nosotros estamos dispuestos a seguir coexistiendo con el Código de Trabajo del 92 como está".

El sector empresarial: diálogo abierto, pero sin ceder en lo fundamental

Desde el otro lado de la mesa, Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), presentó su postura con firmeza en los puntos de fondo.

"Nosotros no queremos cerrar las puertas, queremos mantener las puertas del diálogo abiertas siempre hasta el último minuto", dijo Brache, quien también apeló al argumento de la modernización: "No podemos vivir con leyes que tienen ya casi 100 años de antigüedad. Esa ley del Código del Trabajo data del 1936. Estamos en el 2026″. Y citó ejemplos internacionales: "Portugal hizo una legislación para adaptarse a los nuevos tiempos. Así lo ha hecho Chile, varios países de Sudamérica y Centroamérica. Nosotros como país no nos podemos quedar atrás".

Cuando se le preguntó directamente quién tiene detenida la aprobación del código, Brache esquivó la respuesta: "No es que nadie lo tiene detenido. Lo que ha habido son opiniones encontradas. Hasta que esas opiniones no se pongan de acuerdo, no hay un avance".

Lo que no dijo Brache —pero que el debate deja en evidencia— es que esas "opiniones encontradas" tienen nombre y apellido: la cesantía, el astreinte y el contrato de prueba son los tres puntos donde empresarios y sindicatos no han logrado acuerdo, y donde la reforma podría naufragar una vez más.

Lo que trae la reforma más allá de la cesantía

Más allá del debate sobre la cesantía, el proyecto incluye avances que tienen amplio consenso: la regulación del teletrabajo, la obligatoriedad de remunerar como horas extras toda labor que supere las ocho horas diarias, la ampliación de la licencia por paternidad de dos a siete días laborables, la incorporación de licencias por duelo para la muerte de hermanos, y la creación de un juez de conciliación especializado.

Este último punto fue destacado especialmente por el ministro Olivares: "Una litis puede eternizarse. Llegar a cinco o seis años. Y es algo que el trabajador termina diciendo: mejor recibo algo ahora y no espero cinco o seis años. Con el nuevo juez de conciliación, eso se va a reducir a su mínima expresión".

Jacobo Ramos, desde la comisión, también enumeró los avances incorporados: "El informe favorable se aprobó y ahora va al pleno sin tocar ninguna de sus partes la cesantía, incluyendo el teletrabajo, el trabajo doméstico, el tema del aumento de la licencia y la creación del conciliador que ahora va a tener un papel preponderante en los casos laborales".

¿Puede aprobarse antes de que termine la legislatura?

La aprobación unánime del informe por la comisión es la señal más concreta de avance en meses. Pero entre el informe de comisión y la aprobación en el pleno hay un trecho que esta reforma ya ha recorrido —y perdido— antes. El proyecto ha perimido dos veces desde que fue introducido el 10 de octubre de 2024, y lleva cuatro legislaturas ordinarias dando vueltas en el Congreso sin convertirse en ley.

Ramos fue claro sobre los tiempos: el informe debe colocarse en la agenda del pleno, aprobarse en dos legislaturas consecutivas y luego remitirse al Senado. "Me parece que en dos semanas ya esté en el Senado", estimó. Pero aclaró que eso depende de "la voluntad que tengamos" —una frase que en el Congreso dominicano puede significar muchas cosas.

Si el pleno de la Cámara aprueba el texto sin modificaciones respecto a lo que ya aprobó el Senado, la reforma se convierte en ley. Si los diputados introducen cambios, la pieza regresa al Senado para una nueva ronda de debates, lo que podría extender el proceso por otra legislatura completa.

Y si no se aprueba antes del cierre de la legislatura actual, el proyecto perima por tercera vez: muere legalmente y habría que empezar desde cero. Eso significaría que el Código de Trabajo dominicano —redactado en 1992— seguiría rigiendo las relaciones laborales del país sin adaptarse al teletrabajo, a las nuevas formas de contratación ni a los estándares internacionales actuales.

Pepe Abreu anunció que el 13 de mayo el movimiento sindical se concentrará frente al Congreso Nacional. "Nosotros no queremos en este país ni alterar la paz ni el orden. Pero si se toca la cesantía, nosotros lo hemos dicho".